LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos
- GLOSARIO
- RESUMEN Y RECOMENDACIONES
- LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN MILITAR-PARAMILITARES
La Subregión Norte del Magdalena Medio: Un estudio monográfico
Desmentidos poco convincentes
La estrategia de la impunidad
La impunidad en casos con acciones militares-paramilitares
Segovia
La Honduras/La Negra
Trujillo
Riofrío
Meta
El Carmen y San Vicente de Chucurí
- EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
(New York: Human Rights Watch, 1996)
LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN MILITAR-PARAMILITARES
El uso de civiles armados por parte de partidos políticos, capos locales, el gobierno, y las fuerzas armadas tiene una larga tradición en Colombia. En el siglo XIX, una serie de enfrentamientos entre los Partidos Liberal y Conservador establecieron una práctica sistemática que se prolongaría un siglo más tarde: diferencias políticas, competencia económica, y venganzas personales que desembocan en violencia ante la ignorancia o la instigación activa del gobierno central.
Durante este siglo, La Violencia (1948-1965), el nombre que recibe la guerra civil entre liberales, conservadores, y el naciente Partido Comunista, se convirtió en una de las mayores movilizaciones armadas campesinas del hemisferio. Para poner fin a La Violencia, los dirigentes liberales y conservadores negociaron un acuerdo de reparto de poder que duró desde 1958 hasta 1974. Con el nombre de Frente Nacional, el pacto estableció una presidencia alterna entre los Partidos Liberal y Conservador.(1)
Sin embargo, muchos colombianos, como los guerrilleros liberales y comunistas que habían luchado durante La Violencia, pensaron que este acuerdo los dejaba al margen. En 1966, cuando se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pro cubanas, que sigue siendo el mayor grupo insurgente de Colombia, La Violencia había hecho la transición de guerra civil a campaña gubernamental contra la guerrilla y los que se consideraban sus partidarios dentro de la sociedad civil. El año anterior, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había llevado a cabo su primera acción armada en el Departamento de Santander.(2)
Por aquel entonces, las Fuerzas Armadas de Colombia ya se habían embarcado en una nueva relación con el Ejército de Estados Unidos, ansioso por enfrentar la amenaza comunista en el sur.(3) La predisposición de los militares colombianos a utilizar a civiles contra un presunto enemigo, ya fueran los rivales políticos o las insurgencias guerrilleras y los sospechosos de apoyarlas, encajó dentro de una estrategia estadounidense de guerra fría que en los sesenta estaba bien desarrollada: suministrar apoyo y entrenamiento militar estadounidense a los gobiernos en lucha contra las insurgencias comunistas y animarles a convertir en aliados a los a veces desagradables, aunque eficaces, civiles irregulares, ya fueran paramilitares griegos de ultraderecha, parapoliciales filipinos, o contras nicaragüenses. Según los teóricos y profesionales de EE.UU., los grupos irregulares civiles más eficaces eran los que incluían a reservistas del ejército, oficiales retirados predispuestos ferozmente contra el comunismo, y hombres familiarizados con los residentes, las costumbres, y el terreno locales. Una vez organizados en las llamadas "fuerzas de autodefensa," estos civiles recibían armas y entrenamiento del ejército y aportaban tropas para la ayuda en inteligencia y logística, como guías, asistentes en operaciones psicológicas, e incluso combatientes al lado de los soldados regulares.(4)
Dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, uno de los principales defensores de la aplicación de estos métodos para combatir al "enemigo interno" comunista fue el General Alberto Ruiz Novoa, cuya experiencia en la guerra fría incluía un periodo de 1952 a 1953 como comandante del Batallón Colombia en Corea(5). Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos que firmó acuerdos mutuos de defensa con Estados Unidos y puso en marcha el primer centro de entrenamiento contraguerrilla de Latinoamérica, llamado la Escuela de Lanceros.(6)
El General Ruiz se convirtió en Comandante de las Fuerzas Armadas en 1960. En 1962, invitó a miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU. a que capacitaran a oficiales colombianos en contrainsurgencia de guerra fría. Los oficiales colombianos también empezaron a entrenarse en bases estadounidenses.(7) Aquel año, un Equipo de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos (Army Special Warfare) visitó Colombia para ayudar a perfeccionar el Plan Lazo, una nueva estrategia contrainsurgente que estaba diseñando el General Ruiz.(8) Los asesores estadounidenses propusieron que Estados Unidos "seleccionara a personal civil y militar para entrenarlos clandestinamente en operaciones de resistencia en caso de que se les necesitara en el futuro." Bajo la dirección del General William P. Yarborough, el equipo recomendó además que esta estructura "se utilizara para funciones de contra inteligencia y contra propaganda y, si fuera necesario, para ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o terroristas contra conocidos defensores del comunismo. Debe tener el apoyo de Estados Unidos."(9)
A juzgar por los acontecimientos que siguieron, las recomendaciones de EE.UU. se aplicaron con entusiasmo a través del Plan Lazo, adoptado oficialmente por las Fuerzas Armadas de Colombia el 1 de julio de 1962.(10) Mientras que las fuerzas armadas presentaron ante el público el Plan Lazo como una campaña destinada a los "corazones y mentes"de los colombianos, para ganar su apoyo con obras públicas y campañas para mejorar las condiciones que se consideraba que alimentaban la subversión armada, a nivel privado incorporaba las principales recomendaciones del equipo de Yarborough. Civiles armados -- denominados "defensa civil", "autodefensas", o "operaciones de organización popular" entre otras denominaciones -- tuvieron que trabajar directamente con la tropa. A pesar de que, durante las tres décadas siguientes, la importancia del componente de "corazones y mentes" sufriría muchos altibajos, se mantendría la importancia clave de mantener a los civiles como aliados armados.(11)
En lugar de imponer limites a las fuerzas armadas y a su campaña anticomunista, esencialmente, la administración del Presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) dejó en sus manos el problema de lo que se sigue llamando en Colombia "orden público;" una división de tareas que se mantiene hoy en día. Esta delegación de responsabilidades se hace principalmente a través de la declaración del "estado de sitio" (que ahora se llama "estado de conmoción interior"). De los últimos cuarenta y siete años, Colombia ha pasado treinta y siete en estado de sitio o de conmoción interior.(12)
Durante el estado de sitio, el ejecutivo aplica decretos que derogan derechos al transferir amplios poderes judiciales y políticos a las Fuerzas Armadas, sin ninguna o restringida supervisión civil. Con frecuencia, supuestos decretos temporales se convierten posteriormente en leyes permanentes. Por ejemplo, el Decreto 1290, aplicado en 1965, enviaba a los civiles acusados de apoyar o pertenecer a la insurgencia ante los tribunales marciales militares, en los que los procesos eran secretos y se suspendían derechos fundamentales.(13) Las ofensivas militares contra las llamadas "repúblicas independientes" de simpatizantes comunistas en los departamentos de Tolima y Cauca llevaron al Presidente Valencia a declarar el estado de sitio en mayo de 1965. Posteriormente, el Decreto 3398 sentaba las bases legales para la participación activa de los civiles en la guerra desde 1965 hasta 1989. El Decreto 3398 definió la defensa de la nación como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la Independencia Nacional y la estabilidad de las instituciones" y legalizó temporalmente el hecho de que el Ministerio de Defensa armara a civiles.(14)
En 1968, sin embargo, la Ley 48 convirtió el Decreto 3398 en legislación permanente.(15) La Ley 48 autorizaba al ejecutivo a crear patrullas civiles por decreto y al Ministerio de Defensa a suministrarles "armas para el uso privativo de las Fuerzas Armadas." Aunque el presidente nunca llegó a crear más que unas cuantas patrullas, los militares solían citar la Ley 48 como el sustento legal de su apoyo a todos los paramilitares.(16)
Desde 1968, las Fuerzas Armadas de Colombia han publicado una serie de manuales de combate que parten de la estrategia incorporada originalmente en el Plan Lazo. Mientras que algunos de ellos se pusieron al alcance del público, otros fueron clasificados y mantenidos virtualmente en secreto.(17) Por ejemplo, en el "Reglamento de Cooperación Civil Militar", publicado y marcado como público en 1986, se insta a los comandantes militares a que ejecuten tareas tan útiles como evaluar la adecuación de las aulas y los materiales en las escuelas locales.(18)
Sin embargo, otros manuales contienen un mensaje más inquietante. Uno de los más influyentes es el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, que incluye en su bibliografía cinco Manuales Militares de Campo y tres Textos Militares Especiales estadounidenses, varios de los cuales se concentraban en la organización de fuerzas civiles.(19) En el Reglamento, los comandantes de campo reciben instrucciones sobre como "organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate." El Reglamento insiste en que estas "juntas de autodefensa" deben incluir a individuos seleccionados, entrenados y equipados especialmente por los militares y en los casos en que sea necesario deben movilizarse con la tropa.(20)
El manual hace hincapié en que "esta red de autodefensas representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación contra ataques exteriores o interiores. Su organización debe, por lo tanto, estar bajo la dependencia militar en todo momento." En este sentido, el manual señala que se asigne a un oficial en particular la tarea de organizar, entrenar, equipar, y movilizar los grupos de autodefensa.(21)
El manual subraya la importancia de reclutar oficiales en la reserva con una lealtad demostrada y entrenarlos junto con otros líderes en "técnicas de combate," "táctica de defensa de la región," y "adoctrinamiento psicológico." Se suministraran armas, incluidas las restringidas al uso militar, a los grupos de autodefensa para "operaciones de búsqueda, control y destrucción." Según el manual, la misión esencial de las autodefensas es "el rechazo violento de las acciones guerrilleras en la región."(22)
Otro manual secreto da instrucciones a los comandantes de campo para que equipen a algunos soldados con ropas civiles "con el objeto de poder entrar a las casas como trabajadores, visitantes, cumplir misiones especiales." Las acciones civiles no solo se consideran una manera de ganarse la lealtad de la población civil, sino también de poner a prueba su reacción ante la tropa. Si la reacción de estos civiles es indiferente o negativa, serán señalados como posibles subversivos. Cuando sea necesario "probar" individualmente a civiles, se indica a los oficiales que "se envíen agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen misiones de los bandoleros, integrantes de una cuadrilla, para luego hacer el patrullaje de rigor." Los que no pasan la prueba se ponen en una "lista negra." Los que no dejan clara su lealtad se ponen en una "lista gris". Según el manual, ambos deben recibir "boleteos" -- amenazas escritas anónimas para "atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región."(23)
El método de publicar a la vez manuales "públicos" versus "ultra secretos" garantiza que las fuerzas armadas aparente estar obedeciendo las normas estrictas de conducta contempladas en los documentos públicos mientras que siguen conduciendo sistemáticamente operaciones encubiertas basadas en los manuales secretos.
En los setenta, el Partido Comunista Colombiano (PCC) se había afianzado políticamente en algunas zonas, como la región del Magdalena Medio y los departamentos de Meta y Cundinamarca. Mientras tanto, las FARC crecían rápidamente, y en algunas zonas arbitraban disputas, supervisaban las obras públicas y llevaban a cabo funciones policiales.(24)
Para los militares, las acciones cívicas, como construir carreteras y clínicas de salud, se convirtieron en tan sólo una herramienta para frenar el avance de la guerrilla. Los paramilitares eran una parte integral de su contraataque a la guerrilla, así como a los que el equipo estadounidense de Yarborough identificó como "conocidos defensores del comunismo" del PCC.(25) Sin embargo, en Colombia ese concepto llego a englobar tanto a defensores reales como a supuestos partidarios de la guerrilla; lo que incluye a críticos del gobierno, sindicalistas, organizadores comunitarios, políticos de la oposición, líderes civiles, y activistas de los derechos humanos. Hasta las protestas pacíficas -- por la tierra, la educación, los derechos humanos, por salarios mejores, la salud pública, los servicios públicos, y la limpieza del agua -- se describieron como una batalla del gobierno contra los agitadores comunistas. Según señaló el General Luis Carlos Camacho Leyva, Ministro de Defensa desde 1978 a 1982, la protesta social era simplemente "los brazos desarmados de la subversión."(26)
El General Fernando Landazábal, que fue Ministro de Defensa con el Presidente Belisario Betancur (1982-1986), ofreció una versión más elegante de esta misma teoría: "No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma... Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento."(27)
Uno de los métodos que el ejército utilizó para controlar a estos líderes políticos fue apoyar las medidas autoritarias impuestas por el Presidente Julio César Turbay (1978-1982), entre ellas el Decreto 1923, llamado el "Estatuto de Seguridad". El Decreto definía en términos generales nuevos crímenes, como "trastornar el orden público", aplicaba la censura a la prensa, y otorgaba poderes judiciales a la policía.(28) En su momento, algunos colombianos se opusieron públicamente al Estatuto de Seguridad por ser en la práctica una toma de control de la vida civil por parte del ejército. Como ha señalado el historiador Francisco Leal Buitrago, el Estatuto de Seguridad permitía a las Fuerzas Armadas "ampliar su autonomía en el manejo de los asuntos de orden público a niveles sin precedente."(29)
La violencia política en Colombia tomó un cariz dramático el 3 de diciembre de 1981, cuando un helicóptero voló sobre la ciudad de Cali tirando panfletos que anunciaban la formación de un nuevo grupo, Muerte A Secuestradores (MAS). Según sus fundadores, MAS fue creado por 223 narcotraficantes para vengarse del secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, cuyos hermanos eran miembros del Cartel de Medellín. Pero su organización se convirtió en un atractivo para algunos colombianos ajenos al mercado de la droga, aunque identificados con el odio de los narcotraficantes hacia la guerrilla. En la región del Magdalena Medio, donde los propietarios de tierra o negocios se enfrentaban a demandas cada vez mayores de las FARC del llamado "impuesto de guerra", de materiales, y de alimentos, y donde los secuestros por rescate eran una plaga, el modelo de MAS representaba una manera violenta, aunque eficaz, de responder.(30)
El Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, en Santander, y el alcalde militar de la ciudad, el Capitán Oscar de Jesús Echandía, adoptaron el modelo de MAS. En 1982, Echandía convocó una reunión con residentes locales, que incluían a líderes locales de los Partidos Liberal y Conservador, empresarios, ganaderos, y representantes de la Texas Petroleum Company. Decidieron que su objetivo iba más allá de proteger a la población de las demandas guerrilleras. Querían "limpiar" la región de subversivos. Con este fin, acordaron reunir armas, uniformes, alimentos, y un fondo para pagar a jóvenes para que lucharan. Los empresarios y ganaderos aportaron el dinero, mientras que el ejército ofreció su apoyo táctico. Esencialmente, el ejército autorizó y alentó activamente a civiles para que persiguieran y asesinaran a supuestos guerrilleros. Antes de concluir la reunión eligieron un nombre para su nuevo grupo: MAS; el mismo nombre utilizado por los narcotraficantes.(31)
El objetivo original -- limpiar el área de guerrilleros -- se amplió rápidamente incorporando a cualquiera opuesto al MAS, lo que incluyó a un miembro del consejo de Puerto Boyacá, un activista político, y un médico; todos ellos miembros del ala progresista del Partido Liberal, y todos los cuales fueron asesinados.(32) En 1983, MAS estaba participando en operaciones conjuntas con el ejército. En aquella época, campesinos locales informaron sobre numerosos casos en los que tropas acompañadas por miembros de MAS llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y destruyeron fincas.(33)
MAS también recibió el apoyo del Batallón Bomboná, del cercano Puerto Berrío. Los hermanos Castaño, hijos de un ganadero de Antioquia secuestrado y asesinado por las FARC, estaban entre los hombres entrenados y empleados como guías por el Batallón Bomboná. El mayor de ellos, Fidel, había jurado venganza. A mediados de los ochenta, los Castaño formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una fuerza paramilitar en el nordeste de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde la familia posee tierras. A finales de la década, Fidel Castaño, conocido como "Rambo", se había convertido en un líder paramilitar de alto nivel así como en un narcotraficante influyente.(34)
Después de que las autoridades registraran 240 asesinatos atribuidos a MAS, el recién inaugurado Presidente Belisario Betancur (1982-1986) ordenó a la Procuraduría, la agencia gubernamental responsable de investigar las denuncias de abusos cometidos por los funcionarios del gobierno, que abriera una investigación.(35) El 20 de febrero de 1983, el Procurador Carlos Jiménez Gómez anunció los resultados. Entre los 163 individuos que se demostró que estaban relacionados con MAS, cincuenta y nueve eran oficiales policiales y militares en servicio activo, incluidos los comandantes de los Batallones Bárbula y Bomboná.(36) Jiménez los describió como "oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por tomar como 'guías' e 'informantes', colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios hagan oficiosamente, lo que oficialmente no pueden hacer."(37)
Aunque Jiménez intentó iniciar una investigación más amplia, el Tribunal Disciplinario, que entonces se encargaba de resolver algunas disputas jurisdiccionales entre los tribunales militares y las cortes civiles, decidió que el caso correspondía a la jurisdicción militar, donde se retiraron todos los cargos. En aquella época, el Ministro de Defensa, General Fernando Landázabal, ordenó a los miembros del ejército que contribuyeran con parte de sus salarios a la defensa legal de los acusados.(38) Oficiales influyentes defendieron públicamente a los paramilitares describiéndolos como civiles que simplemente se defendían de la guerrilla. Nunca ninguno de los oficiales mencionados fue condenado por su participación en MAS.(39)
La reacción del Gobierno de Estados Unidos a este informe fue desdeñable. La carrera militar del Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante del Comando Operativo No. 10, en Cimitarra, departamento de Santander, supone un ejemplo inquietante. Gil, uno de los mencionados en la lista de Jiménez, era un oficial altamente condecorado que fue enviado a Cimitarra en 1981, inmediatamente después de completar un curso sobre "estrategia de inteligencia combinada" en Washington, D.C.. Cuando se publicó la lista de la Procuraduría, Gil había regresado a Washington como Agregado Militar de la Embajada de Colombia. Incluso cuando estaba siendo investigado por la creación, dirección, y protección de MAS y por ordenar personalmente los asesinatos de sospechosos de apoyar a la guerrilla, fue promovido y retornó a Estados Unidos para recibir formación adicional al curso. Gil se retiró con honores en 1994, después de haber sido Comandante de las Fuerzas Armadas, el puesto más alto dentro de las fuerzas armadas del país.(40)
A pesar de este informe condenatorio, la asociación militar-paramilitares se mantuvo. Para contrarrestar el informe de la Procuraduría, MAS creó una entidad pública para llevar a cabo mejoras cívicas y ayudar a los campesinos a que se unieran a su lucha: la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM). Al igual que la propia estrategia contrainsurgente del ejército, la ACDEGAM operaba en dos niveles: declaraciones públicas contra el comunismo y a favor de las llamadas "juntas de autodefensa;" combinadas con ataques, asesinatos, y amenazas de muerte encubiertos por medio de MAS y confabulados con el ejército.(41)
Mientras tanto, el Presidente Betancur se había embarcado en un ambicioso plan de negociación del alto el fuego y una paz eventual con la guerrilla. En 1984, aunque las negociaciones estaban plagadas de problemas, las FARC firmaron un alto el fuego y estaban negociando la creación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica (UP), concebido para representar a los colombianos que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales así como a ex guerrilleros.(42) Sin embargo, las fuerzas armadas y sus aliados civiles, incluidos los paramilitares, se opusieron agriamente a estas iniciativas. Muchos de los guerrilleros que participaron en las negociaciones con el gobierno fueron asesinados. Los asesinatos por parte de paramilitares, que operaban con el apoyo abierto de las fuerzas armadas, también tuvieron como objetivo miembros de la UP, sindicalistas, líderes de los derechos humanos, y activistas comunitarios.(43)
En 1985, la ACDEGAM contaba con miembros poderosos: narcotraficantes que habían comprado tierras en el Magdalena Medio. El apoyo financiero de los capos mejoró drásticamente la cantidad y calidad del armamento del grupo, la capacidad de reunir información de inteligencia, y la variedad de sus acciones. En 1987 y 1988, la ACDEGAM llegó a patrocinar centros de entrenamiento con instructores extranjeros venidos de Israel y Gran Bretaña.(44) Los instructores extranjeros también trabajaron en Las Tangas, una finca de los Castaño.(45) En aquella época, uno de los objetivos de los paramilitares ligados al narcotráfico era "atentar contra miembros de la Unión Patriótica y contra representantes del Gobierno o los partidos políticos que se opongan al narcotráfico."(46)
Años más tarde, el ex miembro de MAS Diego Viáfara revelaría, en su confesión ante los investigadores del gobierno, la alianza siniestra entre militares, paramilitares y narcotraficantes. Viáfara, un estudiante de medicina, estaba intentando unirse a una unidad del M-19 en el Magdalena Medio cuando MAS lo detectó y capturó. Por temor a perder la vida, aceptó una amnistía del gobierno en 1983, y el comandante del Batallón Bárbula, Mayor Diego Velandia, lo puso bajo custodia. Velandia lo entregó a MAS, donde mantuvieron a Viáfara prácticamente encarcelado. Con el tiempo, se ganó la confianza de los dirigentes de MAS y se convirtió en su médico. Hasta que aceptó colaborar con las autoridades en 1988, Viáfara había sido testigo de la colaboración estrecha dentro de MAS entre comandantes militares, narcotraficantes, y líderes paramilitares; entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha conocido como "El Mejicano," Fidel Castaño, y Victor Carranza, un negociante de esmeraldas y reputado narcotraficante con grandes tierras en el Magdalena Medio y el departamento de Meta.(47)
Por aquel entonces, había paramilitares organizados con el nombre de MAS en al menos ocho de los treinta y dos departamentos colombianos, incluidos Antioquia, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Putumayo, y Santander. Entre el armamento que utilizaban había rifles R-15, AKMs, Galils, FALs, y rifles G-3, todos ellos prohibidos para el uso civil. Obtenían las armas y la munición de ventas privadas, así como del ejército y de la Industria Militar (INDUMIL), la fábrica de armas controlada por los militares y la única entidad con autorización para producir, almacenar, y distribuir armas de fuego en Colombia.(48)
Poco después de la confesión de Viáfara, la policía capturó a Luis Antonio Meneses Báez, un ex teniente del ejército que se había convertido en líder paramilitar. Meneses, conocido con el nombre de guerra de "Ariel Otero", dijo a las autoridades que los paramilitares mantenían relaciones estrechas con la inteligencia militar, la cual los controlaba y les daba órdenes. Aunque, según dijo, el Ejército, la Armada, y algunas unidades de la policía locales tenían relaciones con los grupos paramilitares, el Ejército era el más cercano a ellos. Según Meneses, las secciones regionales de inteligencia del Ejército, al mando del Batallón de Inteligencia "Charry Solano," trabajaban con las unidades tácticas locales en el desarrollo de actividades paramilitares.(49)
Según dijo Meneses, en 1986, el Batallón de Inteligencia "Charry Solano" organizó una reunión con los líderes paramilitares regionales para consolidar un frente unido.(50) En aquel tiempo, el Batallón estaba al mando del Teniente Coronel Alvaro Hernán Velandia (para más información sobre este oficial ver la sección sobre la impunidad). Tuvo lugar una segunda reunión en 1987, esta vez en Santander, "para la creación de estatutos, normas internas, estructuración de la organización." En aquel entonces, Meneses informó sobre veintidós de las llamadas juntas de autodefensa en diecisiete departamentos, todas ellas interconectadas por radio y ligadas al ejército por un oficial de enlace designado.(51)
1988 demostró ser un año crucial. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), un grupo de derechos humanos, registró durante ese año 108 masacres, definidas como el asesinato de cuatro o más personas por motivos políticos, las peores cifras de la década. Los paramilitares no sólo estaban cada vez más activos en las regiones de origen de sus miembros; sino que, con la coordinación y apoyo activo del ejército, también fueron enviados por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.(52)
Por ejemplo, en el caso de la masacre en las fincas La Honduras y La Negra, que se describen con más detalle en la sección sobre la impunidad de este informe, durante las semanas previas el ejército había arrestado a algunos de los que serían víctimas, había tomado fotos de ellos, y había detenido a otros, que fueron torturados hasta que dieron información. Esta información se entregó entonces a los asesinos. Antes de la masacre, el Mayor Luis Becerra Bohórquez, un miembro de la división de inteligencia de la Décima Brigada, alojó a los asesinos en un hotel de Medellín. Becerra pagó la cuenta del hotel con su tarjeta Diner's Club.(53)
Para las autoridades civiles, la gota que colmó el vaso cayó el 18 de enero de 1989, cuando paramilitares del Magdalena Medio mataron a dos jueces y a diez investigadores cerca de La Rochela, en el departamento de Santander. El equipo judicial había estado investigando asesinatos en el área vinculados a paramilitares con apoyo del ejército. Las investigaciones del gobierno conectaron posteriormente los asesinatos con una fuerza de tarea al mando del Teniente Luis Andrade Ortiz, comandante del cercano Batallón Rafael Reyes, parte de la Décimocuarta Brigada. Un juez de orden público sentenció a Andrade a una condena de cárcel de cinco años por "auxilio a actividades terroristas." Sin embargo, una corte superior revocó la decisión y Andrade se escapó misteriosamente de una prisión militar en 1990. En 1994, una corte civil de Santander decidió en contra del gobierno y a favor de la familia de la juez asesinada Mariela Morales, e impuso una indemnización por daños de 1.000 gramos de oro. En su decisión, la corte escribió que "miembros de la fuerza pública conocían la actividad de grupos como la guerrilla y los paramilitares... y aún así, la comisión no fue protegida, sino al contrario, fueron gestores de la masacre."(54)
En abril de 1989, el Presidente Virgilio Barco (1986-1990) hizo declaraciones en contra de los paramilitares, llamándolos "organizaciones terroristas... En realidad, la mayoría de sus víctimas no son guerrilleros. Son hombres, mujeres, e incluso niños, que no han tomado las armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos."(55) El gobierno tomó medidas para detener a los dirigentes paramilitares e ilegalizar las actividades en el futuro. Se retiro del mando a dos oficiales militares -- el Mayor Diego Velandia, comandante del Batallón Bárbula, y el Teniente Coronel Luis A. Bohórquez, comandante de la base de Puerto Boyacá. Se desmantelaron algunos centros de entrenamiento, se organizó una unidad especial de policía para atrapar a paramilitares, y ex paramilitares declararon ante los investigadores del gobierno sobre sus actividades.(56)
El Presidente Barco también emitió el primero de una serie de decretos concebidos para detener la violencia paramilitar.(57) Entre ellos estaba el Decreto 815, que reafirmaba que el poder único de formar grupos de "autodefensa" recaía en el presidente, con la aprobación adicional de los Ministerios de Defensa y Gobernación (ahora Interior). El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema revocó las disposiciones de la Ley 48, que permitían a las Fuerzas Armadas distribuir armamento restringido a civiles. El Decreto 1194, emitido en junio, establecía condenas penales para los civiles y miembros del ejército que reclutan, entrenan, promueven, financian, organizan, dirigen, o pertenecen a "los grupos armados, mal llamados paramilitares, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o grupos de justicia privada."(58)
Para contrarrestar esta barrera legal, la ACDEGAM creó un partido político llamado el Movimiento de Restauración Nacional (MORENA). Sin embargo, después de una investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una fuerza de investigación bajo la autoridad del presidente, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra dirigentes del MORENA por los delitos de asesinato, terrorismo, y posesión de armas ilegales.(59)
Sin embargo, incluso después de que entraran en vigor estos decretos, los líderes militares siguieron trabajando con paramilitares, justificándose con argumentos como que los paramilitares habían sido eficaces contra la guerrilla hasta que los narcotraficantes los obligaron a trabajar como representantes de lo que el ex Ministro de Defensa, Oscar Botero Restrepo, denominó "intereses perversos."(60) En el Magdalena Medio, donde el gobierno había recogido la mayoría de la información sobre la asociación militar-paramilitares, el ejército siguió apoyando abiertamente a MAS, incluso patrullando con él y ayudándole a distribuir propraganda pro militar.(61) Según Meneses, ex comandante paramilitar, la inteligencia del ejército llegó a organizar una reunión con líderes paramilitares en el departamento de Caquetá, después de los decretos de Barco, en la que se discutió sobre ideología y planes de operaciones.(62)
A finales de la década, Colombia tenía más paramilitares que nunca. Las estadísticas registradas sobre violencia política confirman los resultados siniestros de la asociación militar-paramilitares. En los setenta, los grupos de derechos humanos registraron 1.053 asesinatos políticos. En los ochenta, esta cifra saltó a 12.859.(63) Haciendo una retrospectiva, Rafael Pardo, el primer civil nombrado Ministro de Defensa en Colombia en 1991, concluyó que, en 1989, "los grupos paramilitares que participaban en la violencia organizada supusieron la mayor amenaza para la estabilidad institucional del país."(64)
1. Aunque es difícil establecer cifras exactas, los historiadores consideran que durante La Violencia fueron asesinadas más de 200.000 personas y dos millones se convirtieron en desplazados internos. Jenny Pearce, Colombia: Inside the Labyrinth (London: Latin American Bureau, 1990), págs. 49-60.
2. En 1980, Colombia tenía ocho grupos guerrilleros. Además de las FARC y el ELN estaban el Movimiento 19 de abril (M-19), cuyo nombre proviene de la fecha de las elecciones de 1970, que según ellos, fueron invalidadas fraudulentamente; el Ejército Popular de Liberación (EPL), activo a lo largo de la costa norte; el Quintín Lame, un grupo indígena con sede en Cauca; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); la Autodefensa Obrera (ADO); y el Movimiento Independiente Revolucionario-Patria Libre (MIR-PL). Sólo las FARC, el ELN, y una facción del EPL permanecen en activo.
3. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de Colombia había tomado el modelo del Ejército Prusiano. Después de la guerra, Estados Unidos se convirtió tanto en proveedor de armamento como en modelo ideológico y estructural. Para una historia de las fuerzas armadas colombianas ver, Elsa Blair Trujillo, Las fuerzas armadas: Una mirada civil (Santafé de Bogotá: CINEP, 1993).
4. Estados Unidos se inspiró de diversas fuentes para crear esta estrategia, como las prácticas de las fuerzas alemanas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Michael McClintock, Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990 (New York: Pantheon Books, 1992), págs. 11-17, 53-54, 59-68, 82-93.
5. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea. Francisco Leal Buitrago, El oficio de la guerra (Santafé de Bogotá: Tercer Mundo/Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1994), págs. 47, 69.
6. La Escuela de Lanceros empezó a entrenar a jóvenes oficiales en 1955. Leal, El oficio de la guerra, pág. 46; y Pearce, Colombia: Inside the Labyrinth, pág. 63.
7. McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 187. La mayoría de los oficiales que ahora ocupan los puestos más altos en el ejército han recibido entrenamiento en Estados Unidos. En la sección sobre política estadounidense aparece un listado parcial.
8. Leal, El oficio de la guerra, pág. 84.
9. Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army Special Warfare School), "Subject: Visit to Colombia, South America, by a team from Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962" (Objeto: Visita a Colombia, Suramérica, de un equipo del Centro de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962). Biblioteca Kennedy, Sección 319, Archivos de Seguridad Nacional (National Security Files), Grupo Especial, Equipo de Fort Bragg; Visita a Colombia; 3/62. Como se cita en McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 222. (Traducción de HRW).
10. Richard Maullin, Soldiers, Guerrillas, and Politics in Colombia (Soldados, guerrilleros y política en Colombia) (Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1973), pág. 69.
11. Leal, El oficio de la guerra, págs. 80-87, 100-101.
12. Este recuento se basa en una revisión de declaraciones hechas hasta mediados de 1996.
13. La Corte Suprema de Justicia recusó el decreto en 1987. En 1996, un proyecto de ley introducido en el Congreso podría devolver a los colombianos acusados de rebelión a la jurisdicción militar. Ibíd., págs. 73, 120; y entrevista telefónica de Human Rights Watch con la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante, CCJ), 12 de septiembre de 1996.
14. Leal, El oficio de la guerra, págs. 86-87.
15. Para una descripción más detallada de este periodo ver, Americas Watch, The "Drug War" in Colombia: The Neglected Tragedy of Political Violence (New York: Human Rights Watch, abril de 1989), págs. 11-18.
16. Americas Watch, The Killings in Colombia (Los asesinatos en Colombia) (New York: Human Rights Watch, abril de 1989), págs. 50-51.
17. Las clasificaciones de documentos de las Fuerzas Armadas de Colombia pasan de ultra secreto a público como sigue: público, restringido, confidencial, reservado, secreto, y ultra secreto.
18. República de Colombia, Comando General de las Fuerzas Militares, Reglamento de Cooperación Civil Militar (Primera ed., Reglamento FF. MM. 5-1 público), 1986, págs. 33, 40-44, 68, 72.
19. McClintock, Instruments of Statecraft, págs. 223-224.
20. Comando de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Combate de Contraguerrillas, EJC 3-10 Reservado, 1969 (y revisado periódicamente).
23. Fuerzas Militares de Colombia, Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas (sin fecha).
24. Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez Ardila, La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia (Santafé de Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1994), págs. 86-88.
25. Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, "Subject: Visit to Colombia," como se cita en McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 222.
26. Blair, Las Fuerzas Armadas, pág. 134.
27. General Fernando Landazábal Reyes, La subversión y el conflicto social (Santafé de Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1980), pág. 175.
28. Blair, Las Fuerzas Armadas, págs. 132, 137.
29. Leal, El oficio de la guerra, págs. 55, 104.
30. Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia (Santafé de Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990), págs. 142-143, 170-177.
31. Medina y Téllez, La violencia parainstitucional en Colombia, págs. 88-89.
32. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), informe sobre las confesiones del Mayor (ret.) Oscar de Jesús Echandía Sánchez, aproximadamente 1989.
33. Medina, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, págs. 178-182.
34. En una entrevista de prensa, Fidel Castaño dijo que había formado un grupo conocido como "Personas Perseguidas por Pablo Escobar, PEPES," al que se le atribuye haber dado caza al narcotraficante fugitivo en 1993. Castaño dijo que rompió relaciones con Pablo Escobar cuando supo que había entregado armas al ELN y ordenado asesinar a uno de sus amigos personales. Para más información sobre la Familia Castaño ver el caso de La Honduras/La Negra en la sección sobre la impunidad. "Yo fui el creador de los Pepes," Semana, 31 de mayo de 1994, págs. 38-46.
35. Informe del DAS sobre la confesión del Mayor (ret.) Oscar de Jesús Echandía Sánchez, aproximadamente 1989.
36. En la década siguiente, muchos de estos oficiales participarían reiteradamente en atrocidades militar-paramilitares. Entre ellos estaban el Capitán Echandía, comandante del Batallón Bárbula, en Puerto Boyacá; el Coronel Alvaro Velandia, comandante del Batallón de Patriotas de Honda, en Honda, departamento de Tolima; y el Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante del Comando Operativo No. 10, en Cimitarra, departamento de Santander.
37. Carlos Jiménez Gómez, Una procuraduría de opinión. Informe al Congreso y al país (Santafé de Bogotá: Editorial Printer Colombiana Ltda., 1986), págs. 118-119.
39. Americas Watch, The Killings in Colombia, págs. 55, 70.
40. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Asociación Americana de Juristas, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos, Pax Christi Internacional, Commission of the Churches on International Affairs, Rechtvaardigheid en Vrede, Commission Justice et Paix, Centre National de Coopération au Développement, Nationaal Centrum Voor Ontwikkelingssamenwerking, Servicio Paz y Justicia America Latina (en adelante, OMCT y otros), El terrorismo de estado en Colombia (Bruselas: Ediciones NCOS, 1992), págs. 146-147.
41. Medina y Téllez, La violencia parainstitucional en Colombia, págs. 96-97.
42. El M-19, el EPL, y la ADO también firmaron acuerdos parciales. Sin embargo, en aquel momento sólo se desmovilizó la ADO.
43. Americas Watch, The Killings in Colombia, págs. 50-55.
44. Medina, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, págs. 366-382.
45. "Testimonio clave", Semana, 28 de septiembre de 1993.
46. Testimonio de Diego Viáfara Salinas ante la Procuraduría, 22 de febrero de 1989.
47. Testimonio de Diego Viáfara Salinas ante el DAS, 10 de mayo de 1988; y DAS, "Organización de sicarios y narcotraficantes en el Magdalena Medio," un informe de inteligencia, 21 de julio de 1988.
49. Informe sobre el interrogatorio a Luis Antonio Meneses Báez, Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN), Santafé de Bogotá, noviembre de 1989.
51. Ibíd. Posteriormente, el 8 de enero de 1992, Meneses fue asesinado en circunstancias misteriosas.
52. Diego Pérez, "La situación de los derechos humanos en Colombia durante 1991," en Colombia: Análisis del futuro (Santafé de Bogotá: CINEP, 1992), pág. 112.
53. Para obtener un resumen más completo ver, Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Camino de la niebla, Vol. III (Santafé de Bogotá: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, 1990), págs. 155-246.
54. OMCT y otros, Terrorismo de estado, págs. 29-30; y "Otra condena por caso La Rochela," Vanguardia Liberal, 15 de julio de 1994.
55. El Tiempo, 20 de abril de 1989.
56. Con los años, han sido muchos más los dirigentes paramilitares asesinados por peleas internas o desacuerdos sobre drogas que los detenidos o investigados. Entrevista de Human Rights Watch con la Fiscalía, 10 de julio de 1996.
57. Para una discusión más amplia sobre este tema ver, Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, págs. 12-16.
59. Se presentaron cargos contra Luis Alfredo Rubio Rojas, ex alcalde de Puerto Boyacá; Henry y Gonzalo de Jesús Pérez, Nelson Lesmes, Iván Roberto Duque, Luis Arturo Ramírez, y Luis Meneses Báez (alias Ariel Otero). Varios fueron detenidos, pero otros seguían en libertad cuando se escribió este informe. Documento interno.
60. "Una calumnia a las Fuerzas Armadas," El Tiempo, 30 de marzo de 1990, como se cita en Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, pág. 17.
61. Residentes de la aldea La Plazuela dijeron a grupos de derechos humanos que unidades de los Batallones Nueva Granada y Luciano D'Elhuyar patrullaron con conocidos miembros de MAS y distribuyeron panfletos del "Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia" en 1990. Carta del Padre Javier Giraldo, Comisión Intercongregacional por la Justicia y la Paz (en adelante, Justicia y Paz), a Human Rights Watch, 8 de marzo de 1990.
62. Informe sobre el interrogatorio de Luis Antonio Meneses Báez, Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN), Santafé de Bogotá, noviembre de 1989.
63. Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, El camino de la niebla, Vol. II (Santafé de Bogotá: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, 1990), pág. 15.
64. Discurso de Rafael Pardo, en el Latin American Program, "Colombia: Human Rights and the Peace Process", No. 212, Serie de Análisis publicada por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 4 de abril de 1995, pág. 14. (Traducción de HRW).
A REORGANIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
Mientras la administración del Presidente César Gaviria (1990-1994) intentaba una reforma política en Colombia, Estados Unidos estaba convirtiendo en su prioridad en todo el hemisferio la guerra contra las drogas. La estrategia andina, diseñada por la administración del Presidente George Bush (1988-1992), fue concebida para fortalecer las iniciativas antidroga en Suramérica. Concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los "países productores," donde se cultivan y se procesan en forma de cocaína las hojas de coca. En 1990, el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de todas las actividades militares de EE.UU. en Latinoamérica y El Caribe, había declarado que las iniciativas antidroga eran su "prioridad número uno."(65)
De manera a incorporarlo en el esfuerzo antidroga, Estados Unidos aumentó su ayuda a las Fuerzas Armadas de Colombia. En una entrevista telefónica con Human Rights Watch, el Coronel (ret.) James S. Roach, Jr., que entonces era Agregado Militar de Estados Unidos en Colombia y enlace en el país de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (Defense Intelligence Agency, DIA) en Bogotá, dijo: "Había un gran debate en curso [sobre como destinar mejor] el dinero para las operaciones antinarcóticos en Colombia. Estados Unidos estaba buscando la manera de intentar ayudar. Pero si [tú mismo] no estás dispuesto a combatir, tienes que encontrar algo que hacer."(66)
Los oficiales estadounidenses decidieron que podían ayudar en el área de inteligencia. Según el Coronel Roach, en 1990, Estados Unidos formó a un equipo que incluía a representantes de la Misión Militar de la Embajada de Estados Unidos, del Comando Sur de EE.UU., y de la CIA.(67) Un Capitán de la Armada de EE.UU. dirigió el equipo de catorce miembros, que hizo recomendaciones al Ministerio de Defensa de Colombia sobre la reorganización de sus redes de inteligencia militar. Una carta, del 17 de marzo de 1996, del Departamento de Defensa al Senador Patrick J. Leahy (demócrata por Vermont) confirmaba la participación de este Departamento, que se explica como un intento de hacer que las redes de inteligencia militar colombianas sean "más eficaces y efectivas."(68)
En cualquier caso, estas recomendaciones se ofrecieron a pesar de que algunos de los oficiales estadounidenses que formaron el equipo conocían la antigua relación de las Fuerzas Armadas de Colombia con los grupos paramilitares y con los abusos a los derechos humanos. El Coronel Roach dijo: "No intentábamos que se nos asociara con los paramilitares. Pero sabíamos por la prensa colombiana e [incluso] por informes de las Fuerzas Armadas de Colombia que seguían trabajando con paramilitares."(69)
En una entrevista con Human Rights Watch, el ex Ministro de Defensa Rafael Pardo dijo que además de las recomendaciones recibidas de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa solicitó las opiniones de las inteligencias militares británica e israelí. Pardo, que ocupó el puesto tres meses después de iniciada la reorganización, señaló que Colombia prefirió el plan de Estados Unidos por ser él que más coincidía con lo que las Fuerzas Armadas de Colombia quería.(70)
El resultado de este plan fue la Orden 200-05/91, que el Ministerio de Defensa de Colombia emitió en mayo de 1991. Human Rights Watch está haciendo pública por primera vez la Orden 200-05/91. Sin embargo, al contrario de los objetivos de la estrategia andina, la Orden 200-05/91 tiene poco o nada que ver con combatir el narcotráfico. De hecho, la orden, con la marca de "reservado", no menciona las drogas a lo largo de sus dieciséis páginas y apéndices correspondientes. En su lugar, las Fuerzas Armadas de Colombia, "con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EE.UU.," presentó un plan para combatir mejor lo que ellos denominan "la escalada terrorista por parte de la subversión armada."
Como se demuestra en la próxima sección, dedicada a la red de inteligencia de la Armada creada en Barrancabermeja, la Orden 200-05/91 sentó las bases para continuar una asociación ilegal y encubierta entre militares y paramilitares y demuestra que esta asociación fue promovida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas violando el Decreto 1194, que prohíbe dicho contacto. Aunque en la orden no se utiliza el término "paramilitar", el documento diseña un sistema basado en el que desarrollaron MAS y sus jefes militares en el Magdalena Medio.
Pardo dijo a Human Rights Watch que esta estructura no estaba concebida para incorporar a grupos ilegales o llevar a cabo actividades ilegales. A pesar de esta salvedad, se convirtió en el programa de eso precisamente: una red secreta que confiaba a los paramilitares no sólo la inteligencia, sino también asesinatos.
La Orden 200-05/91, cuya autenticidad reconoció Pardo, da instrucciones al Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea para que establezcan redes de inteligencia que suministren información de inteligencia y reciban órdenes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.(71) Como se define en la Orden 200-05/91, la tarea de supervisar la reorganización recayó en el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el segundo puesto militar más alto de Colombia (el más alto es el de Comandante de las Fuerzas Armadas). Una vez establecidas las nuevas redes, serían coordinadas por el Departamento "D-2", la división de inteligencia del ejército cuyo cuartel general tenía su sede en Santafé de Bogotá. Todos los pagos por servicios a las diferentes unidades serían desembolsados por el Estado Mayor.
Siguiendo las instrucciones de la Orden 200-05/91, el ejército creó treinta redes divididas equitativamente entre áreas rurales y urbanas. La Armada estableció cuatro redes dentro y en los alrededores de los puertos marítimos y fluviales más importantes. La Fuerza Aérea creó siete redes. Cada red tenía no sólo que suministrar inteligencia y cumplir las órdenes del Estado Mayor, sino también coordinarse estrechamente con otras unidades militares en sus regiones. Cada red fue equipada con personal y administrada por "un oficial en actividad con gran conocimiento del área, del problema existente, facilidad de tomar contacto con personalidades de la zona y para mantener una fachada." A su vez este oficial recibiría asistencia de "un Oficial y/o Suboficial retirado o en servicio activo y con medios tales como fachada, historia ficticia, vehículo y un sistema de comunicaciones preestablecido;... También puede ser un civil con preparación, influencia y digno de confianza."
A las órdenes de este empleado estaban los "agentes de control... civiles o Suboficiales desempleados con cierta experiencia y categoría." A su vez, la Orden 200-05/91 disponía el contrato para cada red de hasta cincuenta "agentes de inteligencia", quienes "deben ser en lo posible Suboficiales retirados, entrenados para manejar informantes, procesar información." La orden insistía en que se debía exigir a los informantes "guardar el mayor grado de compartimentación frente a las personas con las cuales conviven." La Orden 200-05/91 da instrucciones a los comandantes de divisiones y brigadas para que seleccionen "la relación de candidatos, sean civiles o militares en situación de retiro para integrar los cuadros de la red," pero no menciona el Decreto 1194, ni excluye a los paramilitares de las filas de las nuevas redes de inteligencia. Sin embargo, la Orden 200-05/91 sí incluye un aviso urgente: la cadena de mando al completo así como las propias redes deben mantenerse en secreto.
El estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y la organización de la red de inteligencia tanto urbana como rural, se hará en forma cubierta y bajo responsabilidad de los Comandantes de División y Brigadas o sus equivalentes en las otras Fuerzas y de los Comandantes de la Red.
Todos los materiales escritos "se retirarán una vez cumplido el proceso." "Se deben evitar" los contactos o interacción con las instalaciones militares. "No deberán existir o efectuarse contratos de trabajo por escrito con los informantes ni con ningún miembro civil de la red. Todo deberá ser en forma verbal... El manejo de las redes será cubierto y compartimentado dando flexibilidad necesaria para el cubrimiento de los blancos de interés."
Una de las redes que se creó como resultado de la reorganización tenía su sede en Barrancabermeja y estaba dirigida por la Armada. Barrancabermeja, donde se encuentra la mayor refinería de petróleo de Colombia y un puerto sobre el Río Magdalena, tiene una importancia estratégica tanto para el ejército colombiano como para el ELN. La inteligencia de la Armada, en coordinación con MAS, había estado implicada en asesinatos antes de 1991; como el asesinato del sindicalista Manuel Gustavo Chacón, que un miembro de la Armada mató a tiros el 15 de enero de 1988.(72) Pero la Orden 200-05/91 reavivó la asociación ilegal que databa de 1989. En asociación con MAS, la red de inteligencia de la Armada creada en Barrancabermeja asumió como su objetivo la eliminación no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas, y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de terror.
En una entrevista con Human Rights Watch, el ex agente de inteligencia Saulo Segura Palacios describió la red y su funcionamiento dentro y en los alrededores de Barrancabermeja. Segura, un ex suboficial de la armada, dijo que lo reclutó el Capitán de la Armada Juan Carlos Alvarez Gutiérrez, en octubre de 1991. El Teniente Coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas, jefe de la Inteligencia de la Armada, había puesto a Alvarez al mando de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. Segura era propietario de una tienda de ropa, y dijo que su cometido principal era dar cobertura a la red alquilando oficinas, comprando muebles, y cobrando cheques.(73)
Alvarez encargó a Carlos David López, un suboficial en activo de la Armada, los asuntos cotidianos de la red. Por su parte, López dirigía a tres agentes de control; entre ellos Ancizar Castaño Buitrago y el ex miembro de la Armada Miguel Durán. Controlaban al menos a siete agentes de inteligencia, como Milton Martínez Plata, y supervisaban a docenas de informantes y sicarios, que recibían órdenes para seguir y atacar a objetivos en toda la zona. En una carta de López a la Fiscalía, confesó su participación y corroboró la versión de Segura.(74)
Según Segura, Alvarez y Quiñones identificaban los objetivos, que incluían a miembros y líderes de la Unión Sindical Obrera (USO), del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre, del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y de la UP.(75) Eran los mismos grupos que aparecían en una lista negra puesta en circulación por el Comando "Ariel Otero", un grupo paramilitar, en enero de 1992, en la que juraba que vengaría cada acción guerrillera asesinando a alguien.(76)
Segura dijo que los miembros operativos de la red y los sicarios también coordinaban sus actividades con el Batallón de Infantería Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja.(77) Según otro testigo, el oficial en la reserva Felipe Gómez, el comandante del Batallón Nueva Granada, el Coronel Hurtado, y el Mayor Lee (sólo se conoce el apellido) identificaban objetivos adicionales.(78) Según cuatro testigos, que finalmente confesaron ante las autoridades, Quiñones era el oficial encargado de evaluar la información de inteligencia y tomar la decisión sobre cómo reaccionar.(79) Carlos Vergara Amaya, un testigo que había sido sicario, dijo a los fiscales:
Al Coronel Rodrigo Quiñonez (sic) se le mantenía al tanto de los operativos... se corrige, se le mantenía al tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a lo que se investigaba, él se comunicaba con el Capitán Juan Carlos Alvarez, alias "El Ingeniero", dándole el visto bueno si sirve o no sirve el operativo, o sea matar a la gente o no. Después el Capitán Juan Carlos Alvarez se comunicaba directamente con Carlos David López y Miguel Durán, el cual nos hacía a nosotros del conocimiento de la respuesta o si no por teléfono se utilizaban las siguientes claves : "Hay unos motores fundidos -- necesito que los reparen, los tengo en tal sitio" y daban la dirección, "lleven buenos mecánicos y buena herramienta," mecánicos significa sicarios, buena herramienta significa buen armamento y motores significaban las víctimas.(80)
Siguiendo el modelo descrito en la Orden 200-05/91, había pocas órdenes o contratos escritos; la mayoría de las operaciones se pactaban verbalmente. Segura dijo a los fiscales que, aunque los informantes sabían que estaban trabajando para la Armada, no podían comprometer laboral o jurídicamente al Ministerio de Defensa."(81)
Sin embargo, un empleado de la red, Felipe Gómez, que decidió colaborar con las autoridades civiles a cambio de una reducción de sentencia, dijo a la Fiscalía que había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas. Gómez, un oficial en la reserva y ex soldado, dijo que una de sus tareas era ayudar a equipar, dirigir y promover a los paramilitares en la región. Gómez dijo a las autoridades que era responsable de organizar paramilitares en las ciudades de San Rafael Chucurí, Las Montoyas, Campo Capote, Bocas del Carare, Puerto Gaitán, y La Ganadera. Gómez dijo que recibió armamento y equipo de la Armada, que incluían rifles de percusión, rifles M-16, rifles Galil, revólveres, pistolas, metralletas, granadas de fragmentación, textos de instrucción militar, y radios de dos vías de alta frecuencia para comunicarse con la Armada y el Ejército. Gómez dijo que otro empleado de la red, el sicario Alexander Trujillo, se jactaba de tener un arsenal autorizado por la Armada; que incluía revólveres, pistolas, granadas, rifles, ametralladoras, chalecos anti balas, y munición abundante.(82)
La mayoría de estas armas están expresamente prohibidas para el uso civil y están clasificadas dentro del "uso privativo de las FFMM". Las armas consideradas de defensa, como las pistolas del calibre 38 mm., deben tener la licencia adecuada del Ministerio de Defensa. Sin embargo, los paramilitares utilizan habitualmente tanto las armas prohibidas como las restringidas. Según la ley, cuando estas armas se encuentran en manos de civiles, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de requisarlas, comprobar si tienen la licencia adecuada, y detener a los civiles para que sean investigados y procesados judicialmente si las armas son ilegales. Sin embargo, en el caso de la Red de Inteligencia de la Armada 07, la ley fue claramente burlada.(83)
Los paramilitares fueron con Gómez a áreas de asentamiento para pedir colaboración, e informaron a los residentes de que eran un grupo legal apoyado por el gobierno. Gómez dijo que el Capitán Alvarez le dio órdenes especiales de que convenciera a los ganaderos locales para que dejaran de pagar "el impuesto de guerra" a la guerrilla, y que en su lugar pagaran a cada paramilitar un sueldo mensual, un propuesta que, según él, fue aceptada. Otros pagos provenían directamente del Batallón Nueva Granada, en el que los paramilitares tenían derecho a suministros, como artículos de aseo.(84)
Al parecer, Gómez pagó un alto precio por su participación. Dijo a las autoridades que atacantes desconocidos habían disparado contra su mujer cuatro veces. Dos de sus hermanos fueron asesinados, y Gómez solicitó la protección del Fiscal de la Nación a cambio de su confesión.(85) A pesar de varias indagaciones, Human Rights Watch no ha podido determinar el paradero de Gómez, López o Vergara, tres de los testigos que declararon sobre la red de la Inteligencia de la Armada en Barrancabermeja.
Durante 1991 y 1992, los paramilitares también patrullaron, junto a soldados del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la región vecina del Chucurí, deteniendo y asesinando a sospechosos y amenazando a los que acusaban de albergar simpatías por la guerrilla. Los granjeros que se resistían a unirse a las patrullas corrían el riesgo de ser considerados partidarios de la guerrilla. Las familias pagaron a los paramilitares un "impuesto de guerra," un dinero que con frecuencia regreso a manos del ejército a cambio de armas.(86)
En 1992, Blanca Cecilia Valero, una miembro de CREDHOS, y la secretaría de Jorge Gómez Lizarazo (sin relación con Felipe), su presidente, fue una de las primeras víctimas de la red. El 28 de enero, Jorge Gómez escribió un artículo de opinión en el New York Times titulado "Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana, armas estadounidenses). En este artículo, que circuló extensamente en Colombia, Gómez escribió, "La violencia va a continuar hasta que se entienda totalmente y se enfrente la complicidad entre el Ejército y la Policía."(87) Al día siguiente, Valero fue asesinada a tiros delante de la oficina de CREDHOS.(88) Dos policías presenciaron el asesinato desde el otro lado de la calle y no hicieron ningún intento de perseguir a los atacantes, que portaban armas automáticas y conducían una motocicleta.(89) Desde entonces, Gómez ha tenido que dejar de permanecer en Colombia.
Durante los cinco meses siguientes, decenas de personas más fueron asesinadas en la región, como el vicepresidente y tesorero del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre, miembros de la USO, y campesinos locales.(90) En su confesión, López relacionó a la red con veintiséis asesinatos y cuatro masacres, con veinte víctimas más, ocurridos durante ese periodo.(91)
La racha de asesinatos llamó la atención de Ismael Jaimes, editor y propietario de La Opinión, un periódico local. Jaimes se convirtió en un objetivo a causa de su trabajo. Carlos David López diría más tarde a las autoridades que Jaimes era un objetivo porque "publicaba en su periódico columnas acusando siempre a las fuerzas de seguridad y de inteligencia del estado." López dijo a los fiscales que, el 6 de mayo, un sicario de la Armada asesinó a Jaimes cuando, como cada día, dejaba a uno de sus hijos en la escuela.(92)
Los objetivos no eran sólo los que informaban sobre la asociación militar-paramilitares. También se amenazaba a las autoridades civiles que intentaban investigar o arrestar a presuntos paramilitares. El 29 de marzo, un equipo combinado del DAS, la policía, y las autoridades judiciales se desplazó en helicóptero al vecino El Carmen de Chucurí para arrestar a veinticinco presuntos paramilitares. En lugar de colaborar con la comisión oficial, los oficiales militares instaron a los residentes locales a que impidieran los arrestos. Finalmente, sólo se puso bajo custodia a un sospechoso.(93)
Los asesinatos continuaron en Barrancabermeja. López dijo que, el 28 de junio, un sicario de la armada asesinó a Julio César Berrío, un miembro de CREDHOS, cuando salía de una heladería. Un mes más tarde, miembros operativos de la Armada mataron a tiros a otra miembro de CREDHOS cuando se instalaba en el Restaurante La Shanon, junto al presidente del Sindicato de Choferes de la empresa de transporte San Silvestre y un miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Todos ellos fueron asesinados.(94)
Según Segura, un grupo de sicarios dirigidos por José Alirio Ulloa también participó en los operativos de la red. Dijo a los fiscales que Ulloa hizo trabajos tanto para la Armada como para el Ejército. Entre los sicarios se encontraban también Gerardo Alvarez, Diego López, y los cuatro hermanos Castaño, Luis, Rafael, Eliecer, y Hugo.(95) Sus nombres aparecían como informantes en la nómina de la Armada. López dijo a las autoridades:
Este grupo era pagado en un principio de la siguiente manera, se sobrevaloraba el pago de información, es decir, si había una buena información legal, por ejemplo ubicación de un grupo de subversivos en el área de Barranca, se facturaban 700.000 pesos, pero realmente se le pagaba al informante 100.000 pesos, los otros 600.000 pesos los utilizaban para cancelar a un grupo de sicarios.(96)
Según Segura, "Le pagaban a un grupo de sicarios para cometer sus hechos, y esta gente para justificar eso como gastos reservados de la controloría lo pasaban como agentes informantes."(97)
Mientras que la red de inteligencia de la Armada tenía como objetivo presuntos enemigos, las unidades de inteligencia del Ejército, en connivencia con MAS, estaban amenazando a los residentes de un albergue creado para las familias forzadas a huir a causa de la violencia en las áreas rurales. Esta conexión siniestra se puso de manifiesto el 16 de mayo de 1992, cuando Elvia María Córdoba, que se había hecho pasar por una persona desplazada, confesó ante los organizadores del Albergue Campesino que MAS le había encargado que reuniese información sobre los residentes en el albergue. Varios meses antes, miembros de MAS entraron por la fuerza en el albergue y amenazaron a punta de arma a las familias residentes. Según Córdoba, MAS había coordinado la acción con la Décimocuarta Brigada, que les proporcionó un vehículo para desplazarse desde Puerto Berrío, donde está la Brigada, hasta el albergue. Dos días después de su salida del albergue, el cadáver de Córdoba fue encontrado en un basurero en las afueras de la ciudad. Como resultado de su confesión, se cerró temporalmente el albergue para salvaguardar la seguridad de sus empleados y huéspedes.(98)
Human Rights Watch también reunió pruebas que demuestran que las fuerzas armadas operan en otras áreas de manera muy similar a como lo hacían en Barrancabermeja. "Lucas," un agente de control al que entrevistamos en el departamento de Putumayo en 1992, nos dijo que el ejército lo había contratado para reunir información, proteger instalaciones estratégicas, y hacer los trabajos ilícitos que le ordenaban. "Lucas," un ex soldado profesional, se consideraba a sí mismo un especialista en inteligencia y portaba un revólver del ejército del calibre 3,8 mm.. Los residentes locales añadieron que "Lucas" también trabajaba con la rama local de MAS, llamada Los Masetos.(99) Lucas dijo que uno de los "trabajos ilegales" que el comandante militar local le había encargado era asesinar a Adalberto Narváez, un médico local y candidato a la alcaldía:
El Mayor Jairo Solano me lo dijo a mí y a otro tipo, Juan [un agente de control]. Preguntó si conocíamos a Don Adalberto, el médico. El Mayor Solano dijo, "Este tipo le entrega medicinas a la guerrilla. Los cura. Les está ayudando. Hay que matarlo."(100)
En Putumayo, la comunicación entre la policía, el ejército, y los Masetos era constante y fluida. La alianza también era pública. Los residentes locales nos dijeron que hasta la policía se refería a Los Masetos como "la ley" y describieron a los miembros de MAS como "empleados del cuartel general de MAS en Puerto Boyacá." Como en Barrancabermeja, donde los sicarios de la Armada también participaron en robos, la red clandestina del Ejército no sólo garantizó a los paramilitares que pudieran portar armas ilegales sin temer el arresto, sino que también pudieran amenazar, intimidar, aterrorizar, y hasta asesinar a civiles para sus propios fines.(101)
Al parecer, en lugar de perseguir activamente y arrestar a los sicarios de la Armada, la Policía de Barrancabermeja ha tenido un papel clave al encubrir sus crímenes y garantizar que los miembros operativos pudieran llevar a cabo sus cometidos libremente. Un incidente ocurrido en Barrancabermeja ilustra claramente cómo se produjo la cooperación de las fuerzas de seguridad. El 13 de mayo de 1992, los sicarios José Ulloa y Diego Castaño asesinaron a dos hombres, al parecer siguiendo órdenes del Batallón Nueva Granada. Se emitió una orden de arresto contra ellos, y los dos sospechosos junto con otros dos sicarios de la Armada fueron arrestados en un control de carreteras instalado por la Décimocuarta Brigada. Posteriormente, el General de Brigada Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Décimocuarta Brigada, incluyó la declaración de José Ulloa en su informe:
dijo que tenía que matar a dos personas, siguiendo las órdenes de una unidad del Batallón Nueva Granada para el cual trabajaba, y mostró un carné de oficial que lo identificaba como empleado de la S-2 [sección de inteligencia] de su Unidad Táctica. También dijo que si hubiera sabido que las tropas iban a detenerlo, habrían disparado, porque preferían caer en combate.(102)
El 1 de junio, cuatro hombres fueron entregados a la policía y a las autoridades de inteligencia. Pero en lugar de acusarles de los asesinatos del 13 de mayo, los cuatro desparecieron.(103) Puede que fueran ejecutados para prevenir que contaran más cosas.(104)
En lugar de reducir la violencia, la red de inteligencia de la Armada parece haberla aumentado drásticamente. A finales de 1992, el índice de asesinatos en Barrancabermeja había aumentado un 49 por ciento con relación a las cifras de 1990, un año antes de la reorganización.(105)
Desde 1993, ex miembros de la red de inteligencia de la Armada, incluido Segura, empezaron a testificar contra sus superiores. Según Segura, lo hizo porque sus superiores querían asesinarlo. El hecho de que se indagara cada vez más convenció a Quiñones para que despidiera a algunos de sus agentes y trasladara a Cartagena al comandante de la red, el Capitán Alvarez. También trasladó a Segura a Bahía Solano, en el departamento del Chocó, donde estaba operando otra red de inteligencia de la Armada. Segura dijo a las autoridades que estando allá se negó a cumplir las órdenes de Quiñones de asesinar a cuatro hombres que trabajaban en una cooperativa de pesca local.(106)
"Yo le respondí que en mis investigaciones había logrado establecer que los que me mandaban a 'tumbar' no eran guerrilleros, ni colaboradores de los mismos, ni narcotraficantes, ni traficantes de armas; al contrario eran personas muy queridas en la región porque son de los pocos que están proporcionado trabajo en la zona." Al parecer, a causa de esta declaración, Segura paso de ser ejecutor a convertirse en objetivo.(107)
Unos meses después, Segura recibió dos disparos pero sobrevivió. Las conversaciones entre sicarios, grabadas subrepticiamente y filtradas a la prensa, sugieren claramente que Quiñones ordenó que Segura fuera "desvinculado de la empresa," un código para asesinarlo.(108) Carlos Vergara, un miembro de la banda de sicarios de Ulloa, confesó a las autoridades que se habían prometido 45.000.000 pesos por cabeza, unos 40.000 dólares, a los que asesinaran a los cuatro que habían aceptado testificar.(109)
En febrero de 1994, Segura y López huyeron a Panamá.(110) Segura dijo que estando allí fueron contactados por las autoridades colombianas que les dijeron que se retractaran de su declaración, con la promesa de que estarían en prisión dos meses, y después serían absueltos y puestos en libertad.(111) Ambos se retractaron de sus declaraciones y fueron devueltos a Colombia.(112) Sin embargo, cuando Human Rights Watch entrevistó a Segura, llevaba en prisión dieciséis meses y había confirmado totalmente sus declaración original.
Partiendo sobre todo de los testimonios de Segura y López, junto con los de Vergara y Gómez (que nunca contradijeron sus declaraciones originales), una investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ha vinculado la red con cincuenta y siete asesinatos dentro y en los alrededores de Barrancabermeja.(113) El caso se trasladó entonces al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, que trató el asunto como un único delito y concluyó que los oficiales conspiraron "para formar o colaborar con grupos armados, tipificado y prohíbido por el Decreto 1194."(114)
Desde la cárcel, Segura dijo a los investigadores del gobierno y a Human Rights Watch que pensaba que iban a asesinarlo. El 24 de diciembre de 1995, dentro del pabellón de máxima seguridad de la Prisión Modelo, Segura fue matado a tiros. Su asesinato sigue sin resolverse.
A pesar de las graves sospechas que pesaban sobre el Teniente Coronel Quiñones y otros siete soldados implicados, el 15 de diciembre de 1994, un tribunal militar decidió que debían permanecer en libertad hasta el juicio. En su decisión, Alfonso Ospina Bonilla, juez del Tribunal Superior Militar, utilizó el sistema de encubrimiento y compartimentación, establecido en la Orden 200-05/91, para no implicar a Quiñones, y absolverle de toda responsabilidad. Haciendo increíblemente caso omiso de las pruebas que se le presentaron, Ospina escribió que ya que ni Segura, ni Vergara, ni ningún otro agente de la red había informado sobre contactos directos con Quiñones, "el hecho de que estos últimos individuos en algunos casos... cometan desafueros u otros ilícitos, no hay porque llegar a imputárselos a los superiores."(115) Posteriormente, Quiñones fue absuelto por un tribunal militar y sigue en servicio activo.(116)
Los informes sobre la asociación militar-paramilitares en la región continúan. Cerca de Sabana de Torres, a una hora de Barrancabermeja, los residentes locales entregaron a las autoridades locales la basura que recogieron de un campamento ocupado por las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC) en marzo de 1995. Entre los desechos habían envoltorios de paquetes de raciones del ejército.(117) Al parecer, una vez que las aldeas o individuos han sido identificados como simpatizantes de la guerrilla, el ejército y los paramilitares trabajan conjuntamente para sembrar el terror y forzar a la gente a escapar o enfrentarse a la muerte. Por ejemplo, en Sabana de Torres, los residentes locales informaron que los soldados les dijeron que los paramilitares seguían sus pasos y que matarían a cualquiera que colaborara con la guerrilla. Los paramilitares de la región tienen nombres como "Los Motosierras", " Sombra Negra", y las ACC, que ha adoptado un uniforme con brazaletes rojos. Un testigo entrevistado por Human Rights Watch contó como se hizo realidad la amenaza de los soldados: "Las ACC vinieron unos quince días más tarde preguntando por los guerrilleros. Fue entonces cuando salí, porque quedarme significaba seguro que me matarían."(118)
65. Chuck Call, Clear and Present Danger: The U.S. Military and the War on Drugs in the Andes (Washington, D.C.: Washington Office on Latin America (WOLA), octubre de 1991), pág. 1.
66. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).
68. Carta del Secretario de Defensa en funciones, Frederick Smith, al Senador Patrick J. Leahy, 11 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).
69. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).
70. Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.
71. Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.
72. El ex miembro de la Armada Pablo Francisco Pérez Cabrera recibió una sentencia de dieciséis años de cárcel por el asesinato. Sin embargo, no se investigó a otros oficiales por este crimen. Posteriormente, desaparecieron otros testigos que al parecer querían testificar. "USO pide garantías para testigos contra la Armada," El Espectador, 6 de enero de 1994.
73. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
74. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
75. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
76. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
77. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
78. Carta de Felipe Gómez al Fiscal de la Nación, 29 de noviembre de 1994. Según los grupos locales de derechos humanos, el Mayor Walter Javier Hurtado, al parecer el mismo asignado al Batallón Nueva Granada, se había creado una reputación de ser especialmente agresivo. En 1993, cuando un funcionario del gobierno y miembro de CREDHOS trató de localizar en la base a un detenido, el Mayor Hurtado lo atacó físicamente, acusándolo de estar "trabajando para los bandidos [guerrilleros]." En lugar de reprender a su subalterno, el comandante de la base, el Teniente Coronel Luis García Chávez, también insultó a los trabajadores de derechos humanos, llamándoles "defensores de la guerrilla." CREDHOS S.O.S., julio de 1993.
79. El Teniente Coronel Quiñones ha negado estas acusaciones. Carta del Teniente Coronel Quiñones Cárdenas, el Mayor Jairo Osorio Morales, y el Mayor Rafael Colón Torres a Orlando Vásquez Velásquez, Procurador, 28 de octubre de 1994.
80. Testimonio de Carlos Alberto Vergara Amaya ante la Fiscalía, 11 de febrero de 1994.
81. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
82. Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994.
83. Tras la prohibición de armar a paramilitares de 1989, el Decreto 2535, puesto en vigor el 17 de diciembre de 1993, añadió mayores detalles a las restricciones al armamento en Colombia; que ya eran estrictas. El Decreto 2535 mencionaba las armas específicas restringidas exclusivamente para el uso militar: como pistolas de un calibre superior a 3,5 mm., rifles semiautomáticos por encima del calibre 2,2 mm., todas las armas automáticas, las armas que tras su fabricación se habían modificado para aumentar su poder, y accesorios como silenciadores y lentes infrarrojos. Andrés Soto, Paulina Zuleta, y Paula Peña, Las armas de fuego ligeras en Colombia: alcances, diversidad y control (Santafé de Bogotá: Centro de Estudios Internacionales, enero-marzo, 1994), págs 18-20.
84. Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994; y su testimonio ante el Fiscal de la Nación, 8 de febrero de 1995.
86. Para un resumen de la colaboración militar-paramilitares en la región ver, Justicia y Paz, El proyecto paramilitar en la región del Chucurí (Santafé de Bogotá: Justicia y Paz, agosto de 1992).
87. Jorge Gómez Lizarazo, "Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana, armas estadounidenses), New York Times, 28 de enero de 1992. (Traducción de HRW).
88. El año anterior, los miembros de CREDHOS Álvaro Bustos Castro y Humberto Hernández fueron asesinados en circunstancias que sugieren la participación de las fuerzas de seguridad. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
89. "Los derechos humanos en el Magdalena Medio de Colombia," Reporte de Derechos Humanos, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Vol. 1, No. 3, abril de 1992.
91. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
93. Entrevista de Human Rights Watch con "Enrique," un miembro del equipo, Santafé de Bogotá, 13 de junio de 1992.
94. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
95. Según Segura, Gerardo Alvarez y los hermanos Castaño se encontraban entre los perpetradores de la masacre de La Rochela, en enero de 1989. Segura dijo a Human Rights Watch que los hermanos Castaño habían sido antes paramilitares, y que se jactaban de haber recibido entrenamiento de instructores extranjeros. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
96. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
97. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
98. Entrevista de Human Rights Watch en Barrancabermeja, 6 de junio de 1992.
99. Entrevistas de Human Rights Watch en Orito, Putumayo, junio de 1992.
100. El asesinato nunca se llevó a cabo, y Narváez ganó las elecciones y descubrió el complot después de tomar posesión. "Lucas" fue asesinado posteriormente en circunstancias que siguen sin aclararse.
101. Entrevistas de Human Rights Watch en Putumayo, junio de 1992.
102. Esta cita está basada en las notas que Human Rights Watch tomó de una copia del informe que nos mostró el General Gutiérrez, titulado Informe No. 3728BR14-B2-263, "Asunto: Informe desaparición personas," dirigido al comandante de la Segunda División, con fecha del 2 de junio de 1992.
104. Según López, la esposa de Ulloa presentó una demanda civil acusando al estado de la muerte de su esposo a manos del ejército. Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
105. CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
106. Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre de 1993.
108. "Los casetes de la red," La Prensa, 5 de enero de 1994.
109. Testimonio de Carlos Alberto Vergara ante la Fiscalía, 11 de febrero de 1994.
110. "Salen del país ex militares de la Armada," El Tiempo, 15 de febrero de 1994.
111. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
112. Declaraciones de Saulo Segura, 1 de julio de 1994, y de Carlos David López, 4 de julio de 1994, ante el Consul en Panamá, Jaime Santos Rodríguez.
113. "Inteligencia de la Armada habría permitido asesinatos," El Tiempo, 4 de agosto de 1994.
114. Entrevista de Human Rights Watch, 11 de julio de 1996.
115. Decisión de Alfonso Espina Bonilla, Tribunal Superior Militar, 15 de diciembre de 1994.
116. Entrevista de Human Rights Watch con la Fiscalía, Santafé de Bogotá, 9 de julio 1996.
117. Entrevistas de Human Rights Watch en Sabana de Torres, 9 de abril de 1995.
LA ASOCIACIÓN CONTINÚA
Human Rights Watch ha sabido que la colaboración entre la inteligencia militar, los comandantes de división, brigada y batallón, y los paramilitares no acaba con el descubrimiento de la red de la Inteligencia Naval en Barrancabermeja y su asociación con los paramilitares; por el contrario, continúa de acuerdo a las consignas de la Orden 200-05/91. Basándonos en nuestras entrevistas con testigos y ex miembros de las redes, las propias investigaciones del gobierno, y el material abundante reunido por los grupos de derechos humanos y por periodistas; creemos que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sigue organizando, promoviendo, y movilizando a paramilitares para que luchen en una guerra encubierta contra los sospechosos de apoyar a la guerrilla.
En este informe no estamos sugiriendo que todos los paramilitares están estrechamente relacionados con el ejército. Claramente, hay otros en Colombia -- como terratenientes adinerados y narcotraficantes -- que financian y dirigen ejércitos privados, que también cometen actos de violencia criminal y política. Sin embargo, el ejército no sólo ha creado y se ha aprovechado de los grupos paramilitares, sino que también permite actuar a todos estos grupos cuando sirven a un fin común: desterrar del área el presunto apoyo a la guerrilla, a la oposición política, o a los críticos de sus tácticas, incluidos los observadores de derechos humanos.
De hecho, los grupos de derechos humanos han señalado un incremento notable de la actividad paramilitar a nivel nacional. Al parecer, los paramilitares están consolidando su control en áreas claves con la colaboración del ejército, debido en parte a la crisis política constante. Cada vez más, los paramilitares se presentan a sí mismos como una entidad coordinada, con presencia, agenda y estrategia nacionales.(119) Según la Comisión Colombiana de Juristas, casi la mitad de todos los asesinatos políticos cometidos en 1995, en los que se identificó a un perpetrador, pueden atribuirse a paramilitares.(120)
Tan sólo en 1994, dos nuevos grupos paramilitares nacionales anunciaron su creación con dos asesinatos de alto nivel. A uno de ellos, que se denominaba a sí mismo Muerte a Comunistas y Guerrilleros (MACOGUE), se le responsabilizó del asesinato del Senador de la UP, Manuel Cepeda, el 9 de agosto, y de amenazas de muerte a otros veinticinco líderes, incluidos dos obispos, políticos, y guerrilleros amnistiados.(121) La formación del otro grupo, Colombia Sin Guerrillas (COLSINGUE), fue anunciada el 28 de julio, después del asesinato de tres dirigentes sindicales en Antioquia.(122)
Ese año, algunos periodistas recibieron un documento llamado "Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia," un manuscrito de cincuenta y siete páginas escrito por paramilitares tras una reunión en Cimitarra, departamento de Santander, en noviembre de 1994.(123) El documento contiene una historia de los grupos paramilitares, y reconoce que "los grupos de autodefensa fueron reglamentados por el ejército en los Manuales de Inteligencia de Combate." El documento subraya que el movimiento paramilitar va a seguir considerando a "cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda como objetivos militares," mientras que la guerrilla "siga asesinando a personal civil y militar fuera del combate, y atacando a familiares de los miembros de las juntas de autodefensa." Termina describiendo a los paramilitares como un proyecto político legítimo que "siempre estuvo alineado al lado del estado."(124)
Por su parte, el Presidente Ernesto Samper, elegido en 1994, ha empezado a delgar cada vez más en los militares y ha retrasado la aplicación de muchas de las medidas que prometió para mejorar las protecciones a los derechos humanos, acabar con la asociación militar-paramilitares, y detener la impunidad. Recibimos con agrado las iniciativas periódicas para localizar y arrestar a líderes paramilitares anunciadas por el gobierno, como la comisión especial, creada originalmente en 1989 y reactivada por el Ministro del Interior, Horacio Serpa, para investigar y buscar a líderes paramilitares. En noviembre, Serpa reiteró su condena a los grupos paramilitares, y calificó su comportamiento de "criminal...Están utilizando la violencia, igual que la guerrilla, y causando mucho dolor y violencia en nuestro país."(125) Pero hasta el momento, han habido pocos resultados.(126)
Por el contrario, el Presidente Samper muestra cada vez más hostilidad a los derechos humanos y a las medidas que acabarían con la asociación militar-paramilitares. Una de las demostraciones más claras de esta actitud fue su decisión de autorizar a los civiles a que formen "cooperativas de seguridad rural," con la intención declarada de aportar información de inteligencia a las tropas de sus regiones.(127) La organización de estas cooperativas, llamadas CONVIVIR, difiere muy poco de la de las unidades paramilitares organizadas por el ejército en los ochenta. De cara al público, se presenta a las CONVIVIR como asociaciones de ganaderos conectadas por radio y con capacidad para convertirse en un destacamento de seguridad con fondos privados si se detecta una unidad guerrillera en el área. Sin embargo, los grupos de derechos humanos han expresado serias reservas con relación a las CONVIVIR. Al igual que MAS, las CONVIVIR mantienen una estrecha relación de trabajo con la policía y los comandantes del ejército, están financiadas por ganaderos adinerados, y dependen de un grupo de jóvenes contratados, con frecuencia ex soldados, dedicados a reunir información de inteligencia y rechazar ostensiblemente el ataque de la guerrilla. Las identidades de los miembros y empleados de las CONVIVIR son secretas. Aunque el gobierno dice que no entrega armas a los miembros de las CONVIVIR, los que solicitan licencias de armas a través de los cauces habituales pueden obtenerlas.(128) Según se informó, uno de las CONVIVIR más recientes se inauguró en San Vicente de Chucurí, un conocido bastión de los paramilitares.(129) Según el gobierno, el país cuanta ahora con más de cincuenta de estos grupos.(130)
El Presidente Samper también hizo declaraciones en las que ignoraba el historial desastroso acumulado por las fuerzas de seguridad, sus redes de inteligencia, y la asociación militar-paramilitares. En mayo de 1996, en un discurso ante los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, el Presidente Samper resaltó el compromiso de su gobierno de crear "grupos especiales de inteligencia tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada." Además, demostró muy poca tendencia a castigar a los que cometen abusos y juró "evitar que [los soldados] tengan que presentarse ante la corte constantemente para responder por acusaciones infundadas... por parte de otros enemigos, en lugar de llevar a cabo su tarea para el beneficio del país," refiriéndose a las investigaciones de la Procuraduría, una declaración que ha reiterado.(131)
El gobierno también ha empezado a depender de la declaración del estado de sitio, ahora llamado "estado de conmoción interna," para dirigir el país.(132) Después de que, en agosto de 1995, el Presidente Samper declarara el estado de conmoción interna, tras una serie de masacres en la región del Urabá, los grupos nacionales de derechos humanos se retiraron de la comisión mixta gobierno-ONG en la que se estaban estudiando vías para mejorar las protecciones a los derechos humanos. En una declaración conjunta, los grupos describieron la actitud del gobierno como "un viraje de 180 grados... las declaraciones previas del gobierno en apoyo a los derechos humanos han quedado aplazadas o subordinadas por la ejecución de las políticas derivadas del estado de conmoción."(133)
La Corte Constitucional, una nueva institución creada como resultado de la reforma constitucional de 1991, tomó una decisión que sorprendió a muchos . Revocó el decreto por inconstitucional ya que, según la Corte, el gobierno no había demostrado que la violencia estaba fuera de lo ordinario y que por lo tanto merecía medidas extraordinarias.(134) Posteriormente, varios magistrados informaron de que habían recibido amenazas de muerte debido a su decisión.(135)
El 2 de noviembre de 1995, el Presidente Samper declaró el segundo estado de conmoción interna de su presidencia, como respuesta al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez.(136) La Corte Constitucional, aparentemente aleccionada, sostuvo su constitucionalidad.(137) Sin embargo, en julio de 1996, dentro de lo que se consideró una reprimenda pública a la Corte, el Presidente Samper presentó ante el Congreso un proyecto de ley que reformaría la Constitución e impediría que la Corte revisara en el futuro las razones por las cuales se decretaba el estado de conmoción interna.(138) El estado de conmoción interna se prorrogó en dos ocasiones por votaciones en el Congreso, y permaneció en efecto hasta agosto de 1996.(139)
Una de las medidas aplicadas como resultado fue el Decreto 0717, que pasa por encima de las autoridades civiles y permite a los comandantes militares solicitar al ejecutivo que declare "zonas especiales de orden público" y suspenda derechos fundamentales, como el derecho a viajar libremente o el derecho a vivir en algunas áreas.(140) La primera declaración se hizo en mayo en Urabá, tras una masacre de nueve personas atribuida a las FARC.(141)
En una semana, de acuerdo al Decreto 0717, se había declarado "zona especial de orden público" a un tercio del país -- incluidos los departamentos de Vaupes, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, y los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia.(142) En el caso de Guaviare, el gobernador departamental criticó públicamente a las autoridades por no haberle informado de que el comandante de la Cuarta División, con sede en Villavicencio, había obtenido la declaración de "zona especial de orden público."(143)
En la siguiente sección exponemos la asociación constante entre militares y paramilitares con un estudio monográfico de la Subregión Norte del Magdalena Medio. Nos concentramos en áreas fundamentales de colaboración, como la reunión de información de inteligencia; la selección de grupos políticos legales, oficinas municipales, e individuos y las acciones que se toman contra ellos; y el traspaso de armas y materiales. En los casos clave que aparecen en la sección sobre la impunidad se incluye información adicional sobre esta colaboración.
La Subregión Norte del Magdalena Medio: Un estudio monográfico
En 1995, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en profundidad de la asociación militar-paramilitares en la Subregión Norte del Magdalena Medio. Aunque documentamos la coordinación entre militares y paramilitares en otras regiones, la Subregión Norte del Magdalena Medio es un caso especialmente revelador por dos motivos. En primer lugar, existen pruebas abundantes del trabajo conjunto de militares y paramilitares siguiendo el modelo de MAS puesto a prueba en los ochenta y replanteado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en la Orden 200-05/91. Y lo que es más importante, las pruebas más concluyentes que hemos reunido provienen del propio gobierno, y demuestran que es posible identificar a los perpetradores de los ataques y desarrollar acusaciones contundentes contra ellos. Sólo hace falta la voluntad política de perseguir con decisión a los promotores militares de atrocidades paramilitares y de llevarlos ante la justicia.
La Subregión Norte del Magdalena Medio ocupa parte de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, y Bolívar; y es principalmente agrícola, con vastos ranchos ganaderos intercalados con fincas familiares menos extensas donde se cultivan productos para los mercados locales. Está limitada por dos cadenas montañosas y hace frontera con Venezuela. En esta región se combinan los valles húmedos, con las mesetas áridas y las montañas de vegetación abundante.(144)
Los investigadores de los organismos encargados de hacer cumplir la ley identifican a tres grupos que participan en actos de violencia en esta zona: las FARC y el ELN; un puñado de familias de ganaderos y narcotraficantes que han organizado grupos paramilitares; y el ejército. Aunque la violencia tiene una larga tradición en esta zona, el aumento más reciente se produjo a principios de los noventa, cuando la alianza militar-paramilitares, con sede en Puerto Boyacá y Puerto Berrío, empezó a desplazarse hacía el norte en persecución de presuntos "subversivos." En 1993, cuando la Brigada Móvil No. 2 actuaba en el área, los grupos de derechos humanos se vieron inundados de informes sobre graves abusos a los derechos humanos.(145)
En Ocaña, los paramilitares aparecieron en público con sus armas. Un agente de policía uniformado dijo a Human Rights Watch en 1995: "Trabajamos con ellos. Nos ayudan con la guerrilla." Un testigo que había observado las comunicaciones dentro del Batallón Santander, en Ocaña, dijo que en esta zona los dirigentes paramilitares utilizan radios de dos vías para comunicarse directamente con el ejército. Otro testigo dijo: "los paramilitares tienen hasta una oficina con computadoras en la ciudad."(146)
El Defensor del Pueblo Regional identificó, en una carta a la Defensoría en Bogotá, a un grupo, que se denominaba a sí mismo "Autodefensas Campesinas," como el responsable de la muerte de seis personas el 30 de julio de 1994. Dijo que a pesar de las pruebas abundantes, el General Ricardo Cifuentes, comandante de la Quinta Brigada y responsable del área, dijo que "desconocía la presencia de grupos de autodefensa en el área." Al mismo tiempo, las autoridades civiles dijeron que sus capacidades estaban "desbordadas" por los informes sobre dichos grupos.(147)
En 1995, una investigación policial concluyó que los paramilitares locales estaban organizados por el Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, el comandante militar de Aguachica.(148) Según la declaración de un comandante de la Policía de Aguachica, el Mayor Lázaro le había dicho que iba a "dar balín a unos pocos bandidos" activos en Aguachica, mencionados en su lista negra secreta. El Mayor Lázaro alardeó del apoyo que recibía del DAS, de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (UNASE), y de ganaderos locales, como la Familia Prada, que habían acusado al comandante de la policía de ser una amenaza potencial porque "no colaboraba con las acciones que realizaban los paramilitares, y que paramilitar que capturara lo dejaría en manos de la Fiscalía."(149)
Una investigación posterior de la policía identificó como líderes paramilitares a los hermanos Roberto, Juancho, y Martiniano Prada; y Fidel Medina, un capataz que trabajaba para otro ganadero. El grupo, que se denominaba a sí mismo "Los Masetos," estaba compuesto por unos cuarenta hombres con armas automáticas largas y cortas.(150) Algunos testigos dijeron a Human Rights Watch que los paramilitares de la zona utilizan revólveres del calibre 3,8 mm., pistolas semi automáticas y metralletas automáticas Uzi del calibre 9 mm., rifles automáticos Galil y G3, y rifles semi automáticos AR-15; la mayoría ilegales para el uso civil.(151)
Los ganaderos y campesinos locales fueron obligados a pagar gastos mensuales o trimestrales de protección, para mantener a los paramilitares. Los ingresos, entre otras cosas, se destinaban a la compra de armas, ya fuera del ejército o en el floreciente mercado negro colombiano.(152) Los que no pagaban tenían que salir de la zona o arriesgarse a ser asesinados. El comandante de la Policía de Aguachica describió una reunión con el Mayor Lázaro:
Quería que le manifestara con quién estaba yo, si con ellos o con quién. Que yo todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y no sacar a la Policía a la calle cuando ellos fueran a operar...Me dijo que "aquí nadie opera si no es con la orden mía, ellos están bajo mi mango, además ya no se van a dejar muertos, vamos a levantar gente y a desaparecerlos porque los muertos hacen mucha bulla."(153)
Al parecer, el 15 de enero de 1995, paramilitares al mando del Mayor Lázaro llevaron a cabo la operación más agresiva en la región hasta la fecha: la masacre de Puerto Patiño. A diferencia de los otros casos que conocemos, la policía hizo una verdadera investigación. Human Rights Watch consiguió un informe interno sobre la masacre elaborado por la Dirección de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional (DIJIN). El informe, incluido en el Apéndice 2, concluye que los oficiales militares "actúan en un claro abuso de sus funciones, haciendo caso omiso a las directivas, normas estatales e institucionales, quienes han hecho alianza con grupos armados."(154)
Esta investigación demuestra dos puntos fundamentales. Si son oportunas, las investigaciones independientes pueden identificar a los perpetradores de la violencia; y el hecho de que no se persiga a esos perpetradores deriva principalmente de la falta de voluntad política.
Puerto Patiño es una ciudad al norte de Aguachica. La investigación policial que se inició a los seis días de la masacre estableció esta secuencia de hechos. Alrededor de las 5:00 a.m., cuarenta hombres fuertemente armados, algunos con uniformes militares, entraron en dos burdeles llamados La Guapachosa y Los Charcos. Allí ordenaron a todo el mundo que se echara boca abajo en el suelo. Después de identificar a los presentes, se llevaron a nueve personas.(155)
Unas horas más tarde, uno de los nueve regresó y dijo a los familiares que "no se preocuparan, que a los muchachos no les iba a pasar nada porque más tarde iban a ser liberados."(156) La policía sospechaba que el único superviviente era realmente un informante de los paramilitares. Después de la masacre, los soldados lo detuvieron, y después lo pusieron en libertad sin haber permitido que declarara ante los investigadores. A pesar de las afirmaciones de este hombre, se inició una búsqueda. Se encontraron dos cadáveres en la mañana, y esa misma tarde se encontraron los seis restantes. Aunque los sicarios habían acusado a todos los presentes de ser colaboradores de la guerrilla, la policía concluyó que sólo dos o tres de ellos podrían haber tenido relación con la guerrilla, refugiando a guerrilleros en sus casas o llevándoles en canoa por el Río Patiño. Según la policía, "los restantes, parece ser que fueron eliminados buscando el impacto sicológico de la población y aumentar así sus ingresos a través de la vacuna [pago por protección]."(157)
Algunos residentes de Puerto Patiño, conscientes de lo que les esperaba si declaraban ante la policía, se mostraron reticentes a cooperar.(158) Incluso cuando los investigadores de la policía estaban preparando su informe, se puso en circulación una lista negra con los nombres de doce líderes civiles conocidos y que, según se informó, había sido elaborada por la oficina regional del DAS, en colaboración con el ejército.(159) En el mes en que se arrestó a Lázaro, un grupo armado con uniformes militares y brazaletes, que se identificó como las ACC, entró por la fuerza en una reunión de granjeros locales en la finca Tokio, capturaró a cuatro hombres y una mujer, y los ejecutó. La reunión se había convocado para discutir la división del rancho, que había sido ocupado pacíficamente por granjeros pobres, y que el estado había comprado para donárselo.(160)
El 17 de marzo de 1995, la delegación de la Fiscalía en Barranquilla arrestó a Lázaro y lo recluyó en la Quinta Brigada.(161) Sin embargo, el Mayor General Rodolfo Torrado Quintero, que entonces era Inspector General del Ejército, desmintió a Human Rights Watch cualquier participación militar. Sostuvo que "el mayor no participó en ninguna masacre, y que el ejército no está involucrado de ningún modo."(162)
En una entrevista con Human Rights Watch en la Base de Aguachica, el Teniente Coronel José Domingo García García, el sustituto de Lázaro, también negó que sus tropas se aliaran con grupos paramilitares. "Los guerrilleros son los que están fuera de la ley. Son delincuentes. El único problema aquí es la guerrilla," dijo.(163) Sin embargo, un día antes de la visita de Human Rights Watch, García había defendido la presencia paramilitar ante las cámaras de la televisión local. Dijo a los periodistas que "estos grupos, los ganaderos y productores agrícolas, están cansados de la subversión."(164)
Los soldados a sus órdenes entrevistados por Human Rights Watch negaron tener conocimiento de paramilitares locales. Uno de ellos, el Soldado Rivera, que llevaba un uniforme de una unidad contraguerrilla de élite llamada la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, dijo que tampoco sabía lo que significaba el símbolo de la cruz gamada, ni porqué tenía una tatuada en el brazo.(165)
Sin embargo, Human Rights Watch ha conseguido un documento impreso por computadora elaborado por la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera titulado "Últimas informaciones del enemigo," con fecha del 11 de julio de 1995, que aporta nuevas pruebas sobre la asociación militar-paramilitares, las amenazas contra grupos políticos legales, y los asesinatos políticos. El documento se basa en informaciones de la inteligencia militar, y contiene una lista con decenas de nombres de personas activas públicamente a las que considera subversivos, como "Libardo (sic) Galvis," un miembro del Movimiento de Acción Comunitaria (MAC) local.(166) "Últimas informaciones del enemigo" describe a MAC como "el brazo político del ELN." Según la información de la inteligencia militar, Galvis y un compañero, Francisco Morato, hablaron con un grupo de campesinos, reunidos el 2 de julio, sobre "los objetivos que como movimiento político piensan alcanzar."(167)
Sin embargo, no hay nada especialmente sospechoso en esa afirmación ya que MAC es un grupo político legal organizado en 1991. MAC es un movimiento político independiente apoyado por juntas de acción comunal, sindicatos, y líderes comunitarios. En las elecciones municipales colombianas de 1992, los miembros de MAC Manuel Claro Santiago y Elibardo Galvis fueron elegidos, respectivamente, alcalde y concejal municipal (1992-1994). Sin embargo, desde que se creó el partido, el ejército y los paramilitares locales han perseguido a los miembros de MAC.(168)
En 1994, Claro renunció al puesto después de recibir numerosas amenazas de muerte. Su sustituta, Patricia Rojas, sólo duró seis meses en el cargo, y fue reemplazada por un alcalde militar.(169) Durante su alcaldía, la miembro de MAC y funcionaria municipal Erminson Sepúlveda Sarabia fue asesinada a tiros por cinco hombres, que, según testigos presenciales, conducían un vehículo perteneciente a la UNASE, cuando escaparon de la escena del crimen. Sepúlveda había informado previamente a las autoridades de las amenazas que le habían hecho el Mayor Lázaro y la UNASE.(170)
El 31 de julio de 1994, el Presidente César Gaviria nombró al Mayor John Carlos Vigoya alcalde de Aguachica, después de que las autoridades civiles renuciaran debido a las amenazas y a un clima de violencia creciente.(171) En lugar de restaurar el orden, el control militar condujo a un reino virtual del terror paramilitar. Sindicalistas, activistas comunitarios, campesinos, y políticos locales se convirtieron en sus objetivos.(172)
El 24 de septiembre de 1995, dos meses después de la reunión a la que asistió Galvis, y de la que informó la inteligencia militar, un grupo de hombres armados, algunos vestidos de civil y otros con el uniforme y la insignia de la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, detuvieron en un control de carretera a los hermanos de Elibardo y compañeros del MAC, Jesús Emilio y Luis Tiberio Galvis Barrera. Según la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), un grupo de derechos humanos que actúa en el área, se encontraron posteriormente los cuerpos de los dos hombres decapitados y con los dedos quemados. Según se informó, después de abandonar el control de carretera, los sicarios se dirigieron a la aldea vecina de Morena, donde saquearon una tienda de la comunidad y ordenaron a la gente que se echaran boca abajo en el suelo. Entre las personas presentes estaba la inspectora de la Policía de Morena, Emelda Ruiz, que fue asesinada enfrente de la comunidad. Los perpetradores anunciaron que volverían a buscar a otras personas que estaban en sus listas.(173)
El superviviente de los hermanos Galvis, Elibardo, ha estado recibiendo amenazas de muerte desde entonces, y ha tenido que salir del área.(174) En sus menos de cuatro años de existencia como movimiento político, tres líderes del MAC fueron asesinados en circunstancias que sugieren claramente la colaboración militar-paramilitares. También han sido asesinados otros miembros y simpatizantes, lo que ha forzado la disolución del MAC.(175)
De hecho, parece que uno de los cometidos principales de la inteligencia militar es vigilar a los grupos políticos legales, utilizando al parecer a paramilitares para reunir información y posteriormente actuar según ésta, amenazando y atacando a líderes políticos.(176) En una entrevista con Human Rights Watch, un mayor del ejército retirado describió a los paramilitares como "la fuente principal" de inteligencia militar. "De hecho la acción principal de los paramilitares es [reunir] inteligencia, además de servir como grupo de exterminación," dijo.(177)
Cuando preguntamos sobre este asunto al General Bedoya, que entonces era Comandante del Ejército y posteriormente fue ascendido a Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, éste reconoció que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas identifica los objetivos de la inteligencia, pero negó categóricamente que estos objetivos incluyeran a partidos políticos o movimientos de izquierda, sindicatos, o grupos similares:
No tenemos nada que ver con trabajo de inteligencia sobre actividades políticas. Somos el brazo del estado. Nuestra función es claramente constitucional. Hacemos trabajo de inteligencia sobre grupos terroristas, subversivos, grupos armados. Pero si nos llega información de que alguien está relacionado con la acción subversiva, se la pasamos a la Fiscalía para que la investigue. No tenemos capacidad para hacer nada más. (178)
Human Rights Watch le preguntó lo mismo al Mayor General Manuel José Bonett Locarno, que entonces era comandante de la Segunda División, que cubre la región de Aguachica y del Norte del Magdalena Medio. Bonett, que desde entonces ha sido ascendido y es ahora Comandante del Ejército, dijo que el ejército "ni siquiera tienen capacidad de investigación. Sólo reunimos información de inteligencia para el combate."(179)
Sin embargo, Human Rights Watch ha obtenido documentos de inteligencia militar que contradicen directamente estas afirmaciones. Uno, marcado reservado y fechado el 24 de julio de 1995, está firmado por el propio General Bonett. Esta orden interna a toda la división ofrece razones aparentemente objetivas para incluir dentro de los objetivos de la vigilancia militar a todos los gobiernos municipales. Termina sugiriendo que cualquier proyecto que beneficie a la población local es sospechoso y potencialmente subversivo:
Es bien conocido que el enemigo está desplazando el centro de gravedad de su esfuerzo estratégico al área urbana. Ellos consideran que el triunfo armado sobre el Estado para derrocar el sistema e imponer otro no es posible bajo las actuales circunstancias nacionales e internacionales. Por esta razón han puesto énfasis en los municipios medianos y pequeños para controlar a los alcaldes, los Consejos y en general, a las autoridades locales y la correspondiente burocracia. Con este método se propone manejar el presupuesto para hacer política, ordenar obras que les benefician ante la población, sacar recursos para su propio sostenimiento y en general manipular la situación municipal.
La orden sigue diciendo que dicha vigilancia ha conducido a investigaciones de los "alcaldes de Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, San Vicente [de Chucurí]" y hasta de "algunos gobernadores [departamentales]."(180)
Un documento militar relacionado con este tema, marcado reservado y fechado el 15 de marzo de 1995, afirma que los "subversivos" han infiltrado unos 800 gobiernos municipales elegidos a nivel local en todo el país y una cantidad desconocida de organizaciones no gubernamentales. De este modo, el documento relaciona explícitamente la defensa de los derechos humanos con la campaña dirigida por la guerrilla:
La subversión, directa o indirectamente, tiene correlaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente de la izquierda nacional, que apoyadas por foráneas y en evidente acuerdo con los grupos izquierdistas, han lanzado una ofensiva contra el Estado y contra las FFAA, sindicándoles de violadores recurrentes de los derechos humanos.(181)
Este documento sigue diciendo que las ONG "en Colombia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y El Caribe," tienen como parte de sus objetivos políticos "la superación de la impunidad, vigencia y aplicación efectiva de los derechos humanos... y la construcción de un proceso de paz" -- todos ellos, de acuerdo al lenguaje del análisis, elementos de la estrategia guerrillera. La orden fue enviada de la Quinta Brigada al comandante de Batallón de Infantería Luciano D'Elhuyar, en San Vicente de Chucurí.
Dicha vigilancia de grupos políticos es, de hecho, una política militar a nivel nacional. En el cuartel general de la Cuarta División de Infantería, en Villavicencio, Meta, los oficiales -- que al parecer desconocían la necesidad de confidencialidad -- mostraron abiertamente a Human Rights Watch el "Resumen Semanal de Inteligencia (RESIN)". En éste aparecen las categorías de "partidos políticos tradicionales" y "partidos políticos de izquierdas" e incluye las categorías de "gobierno" y "sindicatos", y sugiere que la pertenencia a uno de estos grupos puede ser considerada como un indicio de simpatías hacia la guerrilla. Un oficial de inteligencia explicó: "La idea es averiguar quién es miembro de una cédula subversiva."(182)
Dado que dichas políticas se aplican a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de Colombia, no es sorprendente que el simple arresto del Mayor Lázaro en 1995 no haya puesto freno a los asesinatos en la Subregión Norte del Magdalena Medio.(183) Hasta la fecha, el Gobierno de Colombia no ha tomado las medidas contundentes necesarias para detener la violencia derivada de la asociación militar-paramilitares. En una carta al Ministro del Interior de Colombia, el alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, informaba sobre un alto nivel constante de actividad paramilitar: "En San Alberto, por ejemplo, en lo corrido de este año han sido asesinados 3 concejales, 3 segundos renglones y 4 cabezas de lista no electos, alcanzando con éstos una cifra cercana a los 100 asesinatos. La mayoría de estos homicidios atribuibles a los paramilitares. Igualmente es voz popular que en San Martín los miembros del paramilitarismo se mueven como Pedro por su casa."(184)
Según la información obtenida por Human Rights Watch, de las veinticinco órdenes de arresto pendientes contra civiles acusados de pertenecer a grupos paramilitares, sólo se han ejecutado dos de ellas, incluido el arresto de Roberto Prada.(185) En Pelaya, al norte de Aguachica, testigos dijeron a Human Rights Watch que, meses después del arresto de Prada y del Mayor Lázaro, los paramilitares seguían patrullando abiertamente. "Mira, en Pelaya hay un restaurante que está justo enfrente de los puestos de la policía y el ejército, y allí es donde van los militares a almorzar. Hay incluso una sala de billar al lado donde llegan los dos [soldados y paramilitares]," dijo uno de ellos.(186) Más al norte, en Pailitas, en la tarde del 8 de mayo de 1996, un grupo paramilitar instalado en un control de carretera detuvo a más de sesenta personas, torturó a dos conductores de autobús con un látigo que tenía una bala atada a la punta, y los ejecutó.(187)
El ejército sigue desmintiendo que forma, promueve, o tolera a los grupos paramilitares. En una serie de entrevistas con Human Rights Watch, los comandantes militares reiteraron que estaban haciendo todo los posible para combatir a los grupos paramilitares. El General Harold Bedoya, entonces Comandante del Ejército, nos dijo que el ejército colombiano ha roto todos sus vínculos con los paramilitares y ha perseguido a los que se niegan a entregar las armas. "El ejército no tiene nada que ver con grupos al margen de la ley. La política del gobierno y del ejército es no involucrarse con estos grupos, que son ilegales. Nuestra misión es combatir la delincuencia," dijo.(188)
Por su parte, el Mayor General Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Cuarta División, con base en Villavicencio, departamento del Meta, nos dijo, "¿ Los paramilitares? Nadie me ha dado ninguna información de quiénes son, sino iría a capturarlos."(189) Al parecer, el General Gutiérrez que no sabía que una investigación policial de 1994 concluyó que Victor Carranza, un conocido negociante de esmeraldas y reputado narcotraficante, controlaba a los llamados "grupos de justicia privada" dentro de su jurisdicción, armados con armas licenciadas por el Ministerio de Defensa.(190)
De un manera similar, el Mayor General Bonett, que entonces era el comandante de la Segunda División de Infantería y responsable de la Subregión Norte del Magdalena Medio, dijo: "¿Bases de entrenamiento para paramilitares? Si supiera de alguna, iríamos allí y los capturaríamos."(191)
De hecho, es bien sabido dónde están situados los centros de entrenamiento paramilitar tanto en Meta como en la Subregión Norte del Magdalena Medio. Human Rights Watch ha conseguido informes elaborados durante investigaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que que sitúan los centros de entrenamiento en Valencia, en el departamento de Córdoba; Quípama, Otanche, Borbur, y Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá; Cimitarra, El Carmen, San Vicente de Chucurí, y Puerto Parra, en el departamento de Santander; Puerto Nare y Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia; La Azulita, en el departamento de Putumayo; Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento de Meta; Yacopi, en el departamento de Cundinamarca; Trujillo, Tulúa, y Cartago, en el departamento de Valle; y en la región del Urabá. Además, describen como "áreas de influencia" paramilitar el departamento de Cesar, donde se encuentra Aguachica, y el departamento de Casanare.(192)
Según se ha informado, Víctor Carranza es uno de los líderes paramilitares que mantiene bases de entrenamiento. Un informe gubernamental enumera tierras compradas por Carranza en la Subregión Norte del Magdalena Medio en 1994, que se utilizaron para bases de entrenamiento:
[Cerca de] San Martín había, además de un "puesto de mando" que operaba en el centro urbano, dos lugares que se estaban utilizando como "bases paramilitares." Una es la Hacienda El Tesoro, situada detrás de la base Morrison, y la otra es la finca El Barro, situada en las cercanías de la base del Ejército en Torcoroma. Según los testigos, de estas [bases paramilitares] suelen salir hombres armados en vehículos [de doble tracción] con vidrios polarizados... lo realmente preocupante es que, según algunas informaciones, el ejército no ha actuado en relación a estos movimientos sospechosos.(193)
Testigos de esa región dijeron a Human Rights Watch que unos cuarenta hombres armados vigilan normalmente la Hacienda El Tesoro.(194) Los testigos informaron de que un teniente del ejército de la Base Morrison obligó a sus soldados a entregar sus uniformes de camuflaje a los paramilitares de la Hacienda El Tesoro.(195)
Frente a los informes creíbles de los investigadores civiles, los oficiales de alto rango han cerrado filas y han contraatacado diciendo que las pruebas de la asociación militar-paramilitares no son más que propaganda de la guerrilla -- lo que paraliza cualquier intento serio de investigación. Por ejemplo, el General Rito Alejo Del Río Rojas, al que se ha acusado de apoyar a los paramilitares en el Magdalena Medio y que cuando lo entrevistamos era el comandante de la Décimoséptima Brigada, dijo a la prensa en 1996 que dichas acusaciones eran "manipulaciones de las FARC."(196) En una entrevista con Human Rights Watch, el General Del Río; que actualmente está al mando del área donde las ACCU de la Familia Castaño tienen una presencia claramente visible, con miembros uniformados y retenes frecuentes en carreteras muy transitadas; reconoció su existencia, pero alegó que debido a que los paramilitares "nunca atacan" a las fuerzas de seguridad, es prácticamente imposible localizarlos y capturarlos.(197)
Las alegaciones de que los informes sobre la actividad paramilitar son propaganda guerrillera no son nuevas, ni se quedan en meras declaraciones a la prensa. Los grupos de derechos humanos que publican informes creíbles, que incluyen información sobre la asociación militar-paramilitares, y reclaman investigaciones han sido llevados ante la corte por comandantes militares acusándolos de calumnias. Aunque hasta ahora las cortes colombianas han decidido en contra de los militares en dichos casos, este tipo de litigación tiene un efecto paralizador.(198)
Por ejemplo, en 1996, el General Bedoya presentó una demanda por calumnias contra el Padre Javier Giraldo, director de Justicia y Paz, un grupo destacado de derechos humanos colombiano, por su informe sobre la asociación militar-paramilitares en el Chucurí.(199) Tres años antes, Bedoya acusó a sesenta y seis líderes de derechos humanos de calumnia por calificar públicamente de detención arbitraria el arresto de un sindicalista por parte de las tropas bajo sus órdenes. Bedoya alegó que la declaración amenazaba el "buen nombre" de las Fuerzas Armadas, pero un juez decidió que la acusación era infundada.(200)
119. Entrevistas de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 25 a 30 de junio de 1996.
120. En 1993, se relacionó a paramilitares con el 18 por ciento de dichos asesinatos, una cifra que subió hasta el 35 por ciento en 1994, y el 46 por ciento en 1995. CCJ, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995 (Santafé de Bogotá: CCJ, 1996), pág. 5.
121. Foreign Broadcast Information Service (FBIS), EFE, Latinoamérica, 22 de agosto de 1994.
122. Estos eran Guillermo Marín, Efren Correa, y Jairo León Agudelo. FBIS, El Tiempo, 31 de julio de 1994.
123. En una entrevista con Human Rights Watch, Carlos Castaño, el líder de las ACCU, declaró que "Primera Cumbre de las Autodefensas de Colombia" fue escrito bajo su supervisión.
125. "Colombia: Colombian Government Condemns Paramilitary Groups", Reuters, 7 de noviembre de 1996.
126. Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, Santafé de Bogotá, 7 de noviembre de 1995.
127. Según el Decreto 3567, emitido el 11 de febrero de 1994, el gobierno también puede conceder licencias de armas a "cooperativas, asociaciones comunitarias, o negocios comunales para que operen un comité comunal de vigilancia y seguridad privada en el área donde está situada la comunidad. Pueden operar armados o desarmados."
128. Visita de Human Rights Watch a la CONVIVIR de Río Negro, Antioquia, 4 de julio de 1996.
129. "Convivir: Opción de guerra por la paz," El Espectador, 28 de abril de 1996.
130. Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro del Interior Horacio Serpa, 16 de noviembre de 1995.
131. "President Discusses Military Issues", Santafé de Bogotá, FBIS, Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 de mayo de 1996.
132. El estado de conmoción interna forma parte de la Ley 104, aprobada en 1993.
133. Declaración de las ONG pertenecientes a la Comisión Mixta de Derechos Humanos creada por el Decreto 1533 de 1994.
134. Nelson Socha Masso, "No es el tiempo de la Corte," Ciendías, enero-marzo de 1996, págs. 12-14.
135. "Amenazas contra magistrados de la Corte Constitucional," El Tiempo, 23 de octubre de 1995.
136. "Colombia: Military Shuffle does not Affect Esguerra", FBIS, El Espectador, 21 de mayo de 1996.
137. Diana Losada Castaño, "Habrá libre circulación en zonas de orden público," El Colombiano, 6 de julio de 1996.
138. "Reducirán control de la Corte," El Tiempo, 10 de julio de 1996.
139. "Samper solicita al Congreso prorrogar Estado de Conmoción," El Tiempo, 16 de abril de 1996.
140. Decreto 0717, 18 de abril de 1996.
141. "Colombia: FARC guerrillas kill 9 in Urabá 'Massacre'", Santafé de Bogotá, FBIS, Radio Cadena Nacional, 6 de mayo de 1996.
142. "Cinco mil policías irán a zonas rojas," El Tiempo, 17 de mayo de 1996.
143. "Colombia: Defense Minister Discusses Border Issues", Santafé de Bogotá, FBIS, Emisoras Caracol, 22 de mayo de 1996.
144. Los colombianos dividen el Magdalena Medio en dos subregiones: la Subregión Sur que tiene su centro cerca de las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja y está estrechamente ligada a la producción petrolífera; y la Subregión Norte, que tiene su centro cerca de las ciudades de Aguachica y Ocaña y es principalmente agrícola. Para más información ver, CCJ, Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio (Santafé de Bogotá: CCJ, 1993), págs. 74-86.
145. En aquel tiempo, el General Agustín Ardila Uribe era el comandante de la Brigada Móvil No. 2. Carta del Padre Javier Giraldo, Justicia y Paz, a Carlos Vicente de Roux, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, 2 de agosto de 1993.
146. Entrevistas de Human Rights Watch en Ocaña, abril de 1995.
147. Carta de Hernando Toro Parra, Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio, a Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo, 2 de julio de 1994.
148. Previamente, activistas locales y observadores de los derechos humanos habían identificado a otros oficiales del ejército destinados en Aguachica -- como el Mayor Julio Jaramillo y el Mayor Raúl Samuel Rodríguez Aguirre -- considerados colaboradores de los paramilitares y promotores de amenazas y ataques a líderes locales. En la zona de Aguachica se encuentran la Base Aguas Claras, en Aguachica, y la Base Morrison, en el vecino San Martín.
149. La UNASE es una fuerza combinada con personal policial y militar, y en esta zona está a cargo de la Quinta Brigada del Ejército. Declaración del comandante de la Policía de Aguachica ante la Policía Judicial, 6 de febrero de 1995.
150. DIJIN, "Informe investigación masacre Puerto Patiño (Cesar)," Santafé de Bogotá, 13 de febrero de 1995.
151. Entrevistas de Human Rights Watch en la región del Magdalena, abril de 1995.
152. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, septiembre de 1995.
153. Declaración del comandante de la Policía de Aguachica ante la Policía Judicial, 6 de febrero de 1995.
154. El resumen que sigue se basa en el informe policial. DIJIN, "Informe investigación masacre Puerto Patiño (Cesar)," Santafé de Bogotá, 13 de febrero de 1995.
159. Acción Urgente de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), 30 de enero de 1995.
160. Investigación de la Policía de San Alberto, Oficio 084, 22 de abril de 1995, y la consiguientecorrespondencia a la DIJIN.
161. "Traslado capitán de policía en Aguachica," El Tiempo, 11 de abril de 1995.
162. Entrevista de Human Rights Watch en Villavicencio, 9 de octubre de 1995.
163. Entrevista de Human Rights Watch, Aguachica, 14 de octubre de 1995.
164. Entrevista en la televisión local de Aguachica, 13 de octubre de 1995.
165. Entrevista de Human Rights Watch en Aguachica, 13 de octubre de 1995.
166. Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, "Últimas informaciones del enemigo," del 8 de abril al 11 de julio de 1995.
167. Ibíd. Esta descripción es especialmente irónica dado que MAC también ha sido un objetivo de la violencia guerrillera. Según contaron los miembros de MAC que Human Rights Watch entrevistó en Aguachica en abril de 1995, poco después de su fundación, un miembro de MAC que viajaba con Galvis fue detenido y posteriormente asesinado por el ELN.
168. Acción Urgente de MAC (sin fecha), relativa a los ataques y amenazas entre 1991 y 1993.
169. Acción Urgente de MINGA, "Genocidio Político continúa en Aguachica, Cesar," 29 de enero de 1994.
170. Carta de Justicia y Paz y MINGA a Human Rights Watch, 1 de febrero de 1994.
171. Patricia Rojas sustituyó a Manuel Claro después de que éste renuciara debido a amenazas de muerte. A su vez, ésta renunció tras recibir amenazas de paramilitares y del ELN. Enrique Santos Calderón, "Para vencer el miedo," El Tiempo, 20 de abril de 1995; y "Alacalde militar en Aguachica," El Espectador, 1 de junio de 1994.
172. Entrevistas de Human Rights Watch en Ocaña, abril de 1995.
173. Acción Urgente de MINGA, "Genocidio Político continúa en Aguachica, Cesar," Santafé de Bogotá, 25 de septiembre de 1995.
174. Entrevista de Human Rights Watch con Elibardo Galvis, 4 de octubre de 1995.
175. Entrevista de Human Rights Watch en Aguachica, 14 de abril de 1995.
176. Entrevistas de Human Rights Watch con suboficiales en Villavicencio, Meta, 9 y 10 de octubre de 1995; San Vicente de Chucurí, 11 y 12 de octubre de 1995; Aguachica, Cesar, 12 y 13 de octubre de 1995.
177. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 8 de septiembre de 1995.
178. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.
179. Entrevista de Human Rights Watch en Bucaramanga, 12 de octubre de 1995.
180. "Asunto: Examinación de la estrategia divisionaria," reservado, firmado por el Mayor General Manuel José Bonett Solano, comandante de la Segunda División, 24 de julio de 1995.
181. "Asunto: Apreciación Coyuntural Situación Nacional 02 Marzo 1995; Atención San Vicente de Chucurí, Combate Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'Elhuyar (sic);" firmado por el Teniente Coronel José Domingo García García, Segundo Comandante y JEM [Jefe del Estado Mayor] Quinta Brigada.
182. Entrevistas de Human Rights Watch en la Cuarta División de Infantería, Villavicencio, 9 y 10 de octubre de 1995.
183. A pesar de que pedimos repetidas veces información al Ministerio de Defensa, el 7 de mayo y el 26 de julio y en persona el 24 de junio de 1996, sobre el paradero y la situación legal del Mayor Lázaro, no hemos recibido ninguna respuesta.
184. Carta del alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, al Ministro del Interior de Colombia, Horacio Serpa Uribe, 3 de octubre de 1995.
185. Carta del Padre Javier Giraldo a Human Rights Watch, 18 de octubre de 1996.
186. Entrevista de Human Rights Watch con testigos del sur del Cesar, septiembre de 1995.
187. Las víctimas eran Luis Uribe y Luis Fuentes Marqués, que hacían la ruta entre Pailitas y las aldeas de El Terror y Caño Arenas. Acción Urgente de Amnistía Internacional 260/95, Información adicional, 1 de julio de 1996.
188. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.
189. Cuando era general de brigada, Gutiérrez estuvo al mando de la Decimocuarta Brigada de Infantería en Puerto Berrío, un conocido centro paramilitar. Entrevista de Human Rights Watch con el Mayor General Marino Gutiérrez Isaza, Villavicencio, 10 de octubre de 1995.
190. Respuesta Oficial No. 2970, reservada, 24 de noviembre de 1994, Sección de Inteligencia de la DIJIN, Villavicencio, Meta.
191. Entrevista de Human Rights Watch en Bucaramanga, 12 de octubre de 1995.
192. Agencia de la ley colombiana, "Grupos de Justicia Privada en Colombia," Santafé de Bogotá, julio de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente nos impide dar más datos.
193. "Informe sobre la situación del sur del Cesar y el Magdalena Medio Santandereano," Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Especiales, octubre de 1994.
194. Entrevistas de Human Rights Watch, abril de 1995.
195. Entrevista de Human Rights Watch con testigos del sur del Cesar, septiembre de 1995.
196. En 1985, cuando era Teniente Coronel, Del Río fue relacionado con un cargamento de armas automáticas para los paramilitares, en Puerto Boyacá. Aunque el DAS obtuvo el testimonio de un ex paramilitar que implicaba a Del Río, nunca se inició una investigación. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, pág. 109.
197. Entrevista de Human Rights Watch en Carepa, 6 de julio de 1996.
198. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la CCJ, 12 de septiembre de 1996.
199. Entrevista de Human Rights Watch con Justicia y Paz, Santafé de Bogotá, 25 de junio de 1996.
200. "Denuncia penal a Comité de Derechos Humanos," El Tiempo, 14 de septiembre de 1993; y carta de la CCJ a Human Rights, 21 de septiembre de 1993.
LA IMPUNIDAD
Desde su aparición en los sesenta, los paramilitares y sus capos militares han disfrutado de una impunidad pasmosa. A pesar de que los sucesivos líderes electos han condenado públicamente a los paramilitares y han jurado acabar con su reino del terror y extirpar a los oficiales comprometidos, nadie puede cantar victoria todavía. Al contrario, como se demuestra en este informe, la asociación militar-paramilitares es más fuerte y letal que nunca.
La impunidad sigue teniendo una buena base. Las fuerzas paramilitares aportan fuerza adicional al ejército, pero también modos de evadir la responsabilidad por tácticas que violan la ley y atropellan los derechos humanos. Supuestamente, paramilitares "fantasma" que el ejército alega que no puede ni identificar, ni localizar, ni controlar asumen la culpa por masacres y desapariciones forzadas, lo que permite a los militares evadir la responsabilidad. De hecho, los paramilitares reciben el castigo de las críticas por tácticas impartidas, empleadas, y apoyadas por las fuerzas armadas, aunque no las aprueben públicamente.
A la impunidad de la evasión y el desmentido se añade el obstáculo adicional de la impunidad al procesamiento judicial: los militares impiden el procesamiento de sus oficiales cuya participación directa en ejecuciones judiciales y en la asociación con paramilitares es obvia y atroz. El hecho de que el gobierno no haya investigado y procesado agresivamente a los responsables de organizar, dirigir, y tolerar a los paramilitares ha contribuido a que se consoliden los vínculos entre militares y paramilitares, y representa prácticamente una garantía de que dicha actividad seguirá siendo tolerada. La única estadística más llamativa que la del número de líderes paramilitares reconocidos activos en Colombia es la del número de oficiales de las fuerzas de seguridad implicados en masacres, asesinatos, y torturas en confabulación con los paramilitares, que siguen sin ser investigados y castigados, y están en servicio activo. Aunque las fuerzas armadas suelen quejarse del "síndrome de la Procuraduría" -- el miedo entre los oficiales a ser perseguidos injustamente por abusos falsos o acusaciones inventadas por la guerrilla -- en realidad, existen pruebas abundantes de que los oficiales padecen pocas o ninguna consecuencia grave, incluso cuando existen acusaciones bien fundadas contra ellos.
Cuando, en un principio, hay miembros de las fuerzas de seguridad implicados en un crimen, varias instituciones inician investigaciones simultáneamente: la Procuraduría, la Fiscalía, y las propias fuerzas de seguridad. La Procuraduría se concentra en los funcionarios del estado, mientras que la Fiscalía puede investigar a todos los implicados. Una vez que la Fiscalía emite una orden de arresto, también interviene un juez de instrucción. A pesar de que resulta pocas veces en una condena, esta fase inicial ha expuesto en muchos casos los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
La Procuraduría ha tenido menos éxito. En una entrevista con Human Rights Watch en noviembre de 1995, el Procurador Orlando Vásquez Velásquez dijo que, según sus estimaciones, de los 2.000 casos investigados durante la década pasada relacionados con abusos a los derechos humanos por parte de militares, sólo unas cuantas decenas de ellos acabaron con castigos. Castigos que se limitaron a multas o suspensiones temporales. Ninguno de los casos tuvo como resultado condenas penales.(201)
Aunque los casos que se detallan en esta sección son singulares, son el reflejo de una práctica sistemática que involucra a la cadena de mando de las fuerzas armadas en lo que consideramos una estrategia de la impunidad. La estrategia de la impunidad empieza por el desmentido de haber cometido cualquier violación de los derechos humanos, combinado con la obstrucción activa y enérgica a las investigaciones externas.(202) Por ejemplo, los militares niegan habitualmente a los investigadores el acceso a las órdenes o expedientes de la tropa. El ejército también ha impedido que se interrogue a los oficiales implicados y, con frecuencia, reacciona lentamente a la hora de detenerlos. En algunos casos, los oficiales han sido trasladados inmediatamente y se ha mantenido en secreto sus nuevos destinos, lo que ha forzado a los investigadores a dedicar meses valiosos a averiguar su paradero. Los grupos de derechos humanos, abogados, familiares, y testigos presenciales han denunciado acosos y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. Los investigadores gubernamentales han informado a Human Rights Watch de que están siendo vigilados de cerca por los servicios de inteligencia, que les han intervenido los teléfonos o advertido que limiten sus investigaciones.(203)
La falta de voluntad de algunos investigadores de indagar decididamente las denuncias de abusos a los derechos humanos es también muy común, y se basa en parte en el temor a la venganza, cuando hay paramilitares poderosos y cabecillas militares implicados. Este miedo no es infundado. Como se describe más adelante en este informe, la jueza que identificó a los autores intelectuales de la masacres de La Honduras/La Negra tuvo que salir del país posteriormente por razones de seguridad. Al parecer por venganza, un grupo de hombres armados asesinó a tiros a su padre en una calle de Bogotá. Los sicarios también asesinaron al sustituto de la jueza y a sus guardaespaldas.
Los jueces no son los únicos que corren peligro. Cualquiera que presente pruebas de la relación entre el ejército y los paramilitares se arriesga a recibir amenazas o ser asesinado. Los colombianos, como los observadores de derechos humanos, que investigan o informan sobre los vínculos entre el ejército y los paramilitares son objetivos preferentes de los ataques. En 1995, tres activistas de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, y decenas más fueron amenazados y tuvieron que salir del país a causa de las amenazas.(204)
El 20 de junio de 1996, un grupo de hombres armados asesinó a tiros a Pedro Malagón, un congresista de la UP que había hecho campaña por el respeto a los derechos humanos y la disolución de los grupos paramilitares que operan en el departamento de Meta. Malagón, que había sobrevivido a un ataque similar en marzo, estaba en su casa con su hija de diecisiete años, que también murió en el ataque. Con anterioridad, Malagón había informado que agentes de inteligencia del ejército colombiano le habían prometido a uno de sus guardaespaldas 10.000 dólares por facilitar su asesinato.(205)
Cuatro meses después, el 13 de octubre, Josué Giraldo, un miembro fundador del Comité Cívico por los Derechos Humanos de Meta, también fue asesinado por un sicario que le atacó cuando jugaba con sus hijas frente a su casa en Villavicencio. Al igual que Malagón, Giraldo había informado a las autoridades de que se había ofrecido una recompensa por su vida.(206)
Pero la obstrucción por parte de los militares no es el único problema. El historial de actuaciones de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas ha sido especialmente pobre; y con frecuencia ha ocurrido que la Procuraduría Delegada estaba presionada fuertemente por los militares.(207) Como señalamos en el informe de 1994, las investigaciones de esta oficina se retrasan mucho, son superficiales, y se suspenden con frecuencia después de haber hecho esfuerzos mínimos para localizar a las víctimas o a los supuestos perpetradores.(208)
Por ejemplo, después de que los grupos de derechos humanos informaron de dos asesinatos, doce desapariciones forzadas y una serie de amenazas y ataques a activistas de derechos humanos por parte del ejército en Meta, entre julio y septiembre de 1992, la Procuraduría abrió el Caso No. 022-134.872. Finalmente, después de un periodo de casi un año, el Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas inició una investigación. Sin embargo, sus investigadores hicieron muy pocos esfuerzos por encontrar a las víctimas o a los testigos presenciales, que con frecuencia vivían lejos de los centros urbanos o tenían demasiado miedo para hablar. Se notifica demasiado tarde a los testigos presenciales para que declarasen. Por su parte, el ejército desmintió inicialmente que se hubieran movilizado tropas en esa periodo y se negó a dar información sobre sus actividades. Finalmente, casi dos años después de los incidentes, un oficial confirmó que se había llevado a cabo una operación militar y permitió que el investigador de la Procuraduría tomara notas tan sólo de páginas seleccionadas de la orden escrita. Posteriormente, se cerró el caso.(209)
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos tiene un mejor historial. En 1995, el Procurador Delegado, Hernando Valencia Villa, culminó con éxito una investigación del General Álvaro Hernán Velandia Hurtado y emitió una decisión solicitando su suspensión. Valencia concluyó que, en 1987, Velandia conocía y aprobó los planes de sus subordinados de hacer desparecer y asesinar a la guerrillera capturada Nydia Erika Bautista, un crimen que Velandia tampoco investigó. Otras investigaciones gubernamentales han relacionado a Velandia con la estructura paramilitar del Magdalena Medio. Sin embargo, Velandia fue ascendido normalmente y , en 1995, era el comandante de la Tercera Brigada de Cali.(210)
La administración del Presidente Samper hizo muy poco por apoyar las conclusiones de Valencia, un jurista respetado que hizo su trabajo con integridad y valor. Un mes después de que la Procuraduría solicitara su suspensión, Velandia, que seguía en servicio activo, recibió una medalla militar por servicios distinguidos. Finalmente, el 9 de septiembre, el Presidente Samper separó del servicio a Velandia. Sin embargo, ocho días antes, el investigador Valencia había tenido que salir del país temiendo por su vida. El 30 de octubre, el Comandante del Ejército, el General Bedoya, invitó a Velandia a participar en la ceremonia de bienvenida de sus sucesor en la Tercera Brigada, lo que fue ampliamente interpretado como un acto de desafío por parte de su institución. Hasta la fecha, Velandia es el oficial de mayor graduación suspendido por un crimen en materia de derechos humanos.(211)
Las cortes de orden público colombianas también han procesado con éxito a algunos paramilitares. Desde 1989, Human Rights Watch ha informado sobre el desarrollo y actuación de las cortes civiles especiales creadas para encargarse de los casos de narcotráfico y terrorismo, lo que incluiría jurisdicción sobre los paramilitares. Al utilizar jueces anónimos, testigos secretos, y restricciones graves al derecho a un abogado, estas cortes violan el derecho a un juicio justo y al debido proceso.(212) Sin embargo, también está claro que en lugar de encargarse principalmente de los presuntamente peligrosos capos de la droga, líderes guerrilleros, y paramilitares; las cortes de orden público han dedicado la mayoría de su tiempo a casos de narcotraficantes y guerrilleros de poca monta, de campesinos capturados en áreas de conflicto, e incluso de activistas pacíficos. Como ha destacado la Comisión de Juristas, "La identidad del juez, secreta o no, en ningún momento es obstáculo para el ataque en su contra decidido por organizaciones de verdad terroristas, que superan fácilmente estas artificiales barreras."(213)
A pesar de negar su complicidad en las violaciones de los derechos humanos, cuando se presentan denuncias, las fuerzas armadas casi siempre interponen una colisión de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura.(214) El Consejo decide entonces quién tiene la responsabilidad sobre el caso, una corte civil o un tribunal militar. Entre los miembros del sistema judicial, los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y los grupos de derechos humanos entrevistados por Human Rights Watch, hay un amplio consenso en que el Consejo favorece a los militares en dichas disputas y decide partiendo de una interpretación demasiado amplia de lo que según la definición constitucional sería un "acto de servicio."(215)
Actualmente, las decisiones del Consejo demuestran que prácticamente cualquier infracción cometida por un oficial, incluso cuando tiene una naturaleza claramente criminal, es considerada un "acto de servicio." Este concepto incluye el apoy abierto a los grupos paramilitares. Por ejemplo, en una decisión de 1996, el Consejo decidió que los tribunales militares debían procesar a los oficiales militares que armaron y uniformaron a los paramilitares que colaboraron en la masacre de diecisiete personas cerca de Los Uvos, en el departamento del Cauca, ya que los oficiales suministraron dicho equipo cumpliendo con sus déberes normales.(216)
Los militares también han alegado que sus tribunales son más duros y más eficaces que las cortes civiles. Para apoyar esta opinión, el General Bedoya entregó a Human Rights Watch un recuento de las apelaciones recibidas por el Tribunal Superior Militar entre enero de 1993 y agosto de 1995. De un total de 9.232 casos, el 52 por ciento acabaron en condenas mientras que el 39 por ciento acabaron en absoluciones o fueron archivados. Sin embargo, este recuento no distingue entre los juicios por infracciones militares -- como la insubordinación -- y por violaciones de los derechos humanos, como el asesinato. De hecho, según la Procuraduría, los tribunales militares son minuciosos y severos cuando se trata de infracciones de la disciplina militar, mientras que la mayoría de sus absoluciones corresponden a violaciones de los derechos humanos.(217) Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Colombia no han suministrado a Human Rights Watch ningún informe que demuestre que los oficiales investigados y procesados por tribunales militares por violaciones de los derechos humanos son condenados y castigados.
El General Bedoya también ha criticado a las cortes civiles por poner en libertad a civiles capturados por el ejército como supuestos guerrilleros. Sin embargo, en un enfrentamiento que llegó a la prensa colombiana, el Ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra admitió que muchas de esas puestas en libertad se debían a la falta de pruebas, y no a procedimientos judiciales poco estrictos.(218)
Una vez que un caso llega a un tribunal militar, el resultado suele ser la impunidad, incluso con los crímenes cometidos en colaboración con grupos paramilitares. Desde que entró en vigor en 1989 el decreto que ilegalizaba los contactos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, Human Rights Watch sólo conoce un puñado de casos en los que se destituyó a un oficial por estar involucrado con paramilitares. Con frecuencia, ni siquiera se suspende del servicio activo a los oficiales implicados, especialmente si son de alto rango. Aunque los militares alegan que sus tribunales son "más duros" que las cortes civiles, se demuestra claramente lo contrario en los casos de abusos a los derechos humanos.(219)
Partiendo de la base de que en los tribunales hay oficiales competentes que investigan los casos que se les presentan, su tradición de conceder impunidad a los patrocinadores de la asociación militar-paramilitares parece ser el resultado consciente y deliberado de una estrategia de mantener vigente esta asociación y de proteger el recurso del ejército a los métodos fuera de la legalidad.
Una vez que las fuerzas armadas consiguen la jurisdicción, se corre un velo de confidencialidad sobre la investigación, el juicio, y con frecuencia sobre la decisión final del tribunal. En el pasado, los militares ha alegado que la confidencialidad es esencial para proteger a la institución. Sin embargo, está claro que la confidencialidad no ha servido para proteger a las fuerzas armadas, sino para encubrir abusos, como la asociación militar-paramilitares.
Basándonos en la información a la que tuvo acceso Human Rights Watch, queda claro que los tribunales militares ni son imparciales ni están especialmente interesados en los detalles de los hechos cuando se trata de acusar a oficiales de estar implicados en abusos. Muchas acusaciones se desestiman a primera vista, con muy poca o ninguna investigación. Por ejemplo, en el caso antes mencionado de Los Uvos, la Procuraduría terminó presentando cargos formales contra tres oficiales, incluido un general retirado, que investigó la masacre para el Tribunal Militar No. 19. Según la investigación, los oficiales sencillamente habían acusado a la guerrilla, en lugar de iniciar una investigación seria.(220)
Con frecuencia, los oficiales desaparecen o se escapan misteriosamente de instalaciones de máxima seguridad. Los pocos oficiales que realmente llegan a juicio son investigados por sus propios superiores, que puede que sean los que les ordenaron que cometieran crímenes. En general, los oficiales llevados a juicio son absueltos o reincorporados al servicio activo con poco más que una regañada. En un caso del que se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo oficial que ordenó el asesinato de Irma Vera Peña en 1987, una joven embarazada de diecisiete años del departamento del Norte de Santander, fue el juez instructor del caso, y se absolvió a sí mismo y a sus hombres.(221)
Una manera de medir la impunidad en los tribunales militares es comparar las absoluciones o sanciones leves en casos claves con los resultados de las demandas civiles presentadas por los familiares, con las mismas pruebas. Por ejemplo, a pesar de que testigos presenciales vincularon al General de Brigada Luis Bernardo Urbina Sánchez, que entonces era jefe de la unidad de inteligencia de la Quinta Brigada, con el asesinato del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra, en 1987, Urbina nunca fue investigado. Por otra parte, un tribunal militar absolvió al Mayor Oscar de Jesús Echandía; un fundador de MAS, que ayudó a planear el asesinato, llevó a uno de los sicarios heridos al hospital, y pagó para su tratamiento con fondos del batallón.(222)
Sin embargo, la familia de Garcés ganó posteriormente una demanda civil contra el Ministerio de Defensa, que tuvo que pagar por los daños.(223) Según el gobierno, durante 1995 las cortes civiles colombianas condenaron al Ministerio de Defensa a pagar más de seis millones de dólares por daños a las víctimas y familiares de víctimas de los abusos a los derechos humanos.(224)
Se han adoptado pocas de las cientos de recomendaciones para acabar con la impunidad presentadas al gobierno de Colombia por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por los Relatores Temáticos y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas.(225) Entre las pocas iniciativas tomadas para enfrentar la impunidad, está la convocatoria por parte del Presidente Samper de un comisión para la recomendación de reformas al código penal militar. La comisión, que incluye a funcionarios civiles y oficiales en activo, pudo llegar a un acuerdo en algunos temas; como la importancia de permitir que los abogados de las víctimas participen en los juicios militares, de dejar de utilizar a los comandantes de campo para juzgar a sus propios hombres, y de incluir en el código los crímenes que corresponden a violaciones del derecho humanitario internacional. También acordaron modificar el Artículo 91 de la Constitución, que permite a los oficiales alegar "obediencia debida," eludiendo la responsabilidad por los crímenes, al argumentar que sólo estaban cumpliendo órdenes. Sin embargo, la comisión no pudo ponerse de acuerdo en relación a otros temas fundamentales, sobre todo en el tema de la interpretación amplia que los militares hacen del concepto de "actos de servicio."(226)
Sin embargo, en el momento de escribir este informe, la Administración Samper no había enviado ningún proyecto de reforma al Congreso. No queda clara la posición que tomará el gobierno en temas que siguen siendo muy controvertidos, como la interpretación de los actos de servicio. Por su parte, la Corte Constitucional decidió en marzo de 1995 que la ley del código penal militar, que permite a los oficiales en servicio activo actuar en los tribunales militares, era inconstitucional.(227) Esa decisión fue neutralizada posteriormente con la aprobación en el Congreso de un proyecto que reformaba el Artículo 221 de la constitución añadiendo la frase "[los tribunales militares] estarán integrados por miembros de las fuerzas militares en servicio activo o retiro".(228)
La creación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía fue otra iniciativa gubernamental importante. La unidad, compuesta por veinticinco fiscales y diez agentes del CTI, se encarga actualmente de un centenar de casos, entre ellos algunos de los casos relacionados con los derechos humanos y el derecho humanitario internacional más importantes de Colombia. Inicialmente, la unidad fue criticada duramente por Bedoya, que la acusó de estar "infiltrada por la guerrilla," una opinión de la que se hicieron eco muchos de los oficiales militares entrevistados por Human Rights Watch. En un caso especialmente delicado relacionado con la región del Chucurí, los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos no han podido visitar el área para interrogar a los testigos, debido a las amenazas contra sus vidas y la negación del ejército a garantizar su seguridad.(229) Aunque los resultados concretos, como condenas, han sido pocos hasta ahora, la Unidad de Derechos Humanos ha llevado a cabo verdaderas investigaciones, varias de las cuales se exponen en las próximas páginas.
Sin embargo, los progresos de la Administración Samper en algunas áreas se contrapusieron con la falta de acción o desafío abierto en otras. Por ejemplo, en mayo y de nuevo en septiembre, cuarenta senadores partidarios de los militares presentaron ante el Congreso seis proyectos de reforma a la Constitución que aumentaban sustancialmente el poder de las fuerzas armadas; entre éstos uno que concedería a las fuerzas armadas la jurisdicción exclusiva sobre las investigaciones y sanciones disciplinarias por abusos a los derechos humanos, y acabaría con la función de la Procuraduría; y otro prohibiría al Fiscal de la Nación investigar a oficiales militares implicados en crímenes de derechos humanos.(230) Sus defensores, incluidos oficiales de alto rango, describieron dicho proyecto como un antídoto contra el "síndrome de la Procuraduría."(231)
Un examen cuidadoso de los siguientes casos, episodios nefastos del desarrollo de la asociación militar-paramilitares, demuestra cómo la impunidad funciona de manera a mantener el sistema en funcionamiento. Nuestro resumen de estos casos también incluye las pruebas que obtuvimos, que demuestran que los militares siguen manteniendo su asociación con los paramilitares.
La impunidad en casos con acciones militares-paramilitares
Segovia: El 11 de noviembre de 1988, una docena de hombres llegaron en vehículos todo terreno a Segovia, en el departamento de Antioquia, y fueron casa por casa buscando a personas por sus nombres. Los sicarios ejecutaron a los que capturaron, atacaron un autobús público, y asesinaron a diecisiete personas. En una hora había cuarenta y tres muertos y cincuenta y seis heridos. El ataque había sido precedido por una serie de amenazas y bombas contra miembros de la UP y residentes locales. Posteriormente, Muerte a Revolucionarios del Noroeste antioqueño (MRN) reivindicó los asesinatos. A pesar de que los atacantes fuertemente armados pasaron dos veces por el Batallón Bomboná, a su llegada y salida de Segovia, no fueron detenidos.(232)
Las investigaciones simultáneas de la Procuraduría y de las cortes civiles implicaron a tres oficiales del ejército, dos oficiales de policía, y a cuatro civiles considerados miembros de los grupos paramilitares. Según el gobierno, el 29 de diciembre de 1994, una corte regional de Bogotá presentó cargos formales contra el Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo, el Teniente Edgardo Hernández Navarro, el Mayor Marco Báez Garzón y otras siete personas por conspiración para cometer actos terroristas, asesinato, y asalto.(233)
Sin embargo, en el momento de escribir este informe, Human Rights Watch había recibido informaciones contradictorias sobre la situación penal de los oficiales del ejército. Mientras que el gobierno dice que están en una prisión militar, otros desmienten esta afirmación. Las repetidas solicitudes al Ministerio de Defensa, de información que aclare la situación de los oficiales, no han recibido respuesta.(234)
La violencia sigue siendo una plaga en Segovia. El 3 de marzo de 1995, después de que el ELN lograra robar un cargamento de dinamita de la vecina mina de oro de Frontino, soldados del Batallón Bomboná simularon aparentemente un ataque de la guerrilla ese mismo día, para encubrir la negligencia de haber dejado escapar a los guerrilleros. Según el CINEP, los soldados capturaron y asesinaron a un guerrillero que se había quedado rezagado después del robo. Los testigos dijeron al CINEP que los soldados también habían asesinado a un civil con una granada, habían herido a cuatro niños con fuego a discreción, y habían disparado sobre la escuela cuando los niños estaban dentro.(235) Después de ganar una colisión de competencia, un tribunal militar afirmó que el ataque de la guerrilla había sido real, contradiciendo el testimonio de testigos presenciales, y que "la tropa se vio en un verdadero estado de necesidad."(236)
Según se informó, el 17 de abril, miembros de la policía y del Batallón Bomboná volvieron a simular un ataque guerrillero disparando al aire y desplegando a unidades por la ciudad, forzando a los residentes a refugiarse en sus casas. Una vez desiertas las calles e impuesto el control militar, pegaron carteles en casas y tiendas de Segovia, en los que amenazaban de muerte a los habitantes, propietarios de tiendas, y trabajadores del transporte si participaban en una huelga que los guerrilleros habían convocado para el día siguiente. Los carteles estaban firmados por Dignidad por Colombia.(237) Cinco días después, un grupo de hombres fuertemente armados ejecutó a catorce personas, entre ellas dos niños, e hirió a quince. Los asesinos salieron de la ciudad sin problemas después de pasar por la Base Militar de Segovia, la Base Militar La Trampa en el sector de Cambambolo, y el puesto de la Estación de Policía de Remedios.(238)
Una investigación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía condujo al arresto del Capitán Rodrigo Cañas, el comandante de una unidad del Batallón Bomboná conocida como "Plan Especial No. 7." Según los testimonios de los testigos presenciales, el Capitán Cañas se encontró en un aeropuerto cercano con seis sicarios venidos de Medellín, y los escoltó hasta la base militar. Posteriormente, se informó de que los seis hombres fueron conducidos al cuartel general del Batallón Bomboná en Segovia, desde donde salieron para llevar a cabo la masacre.(239) El Capitán Cañas ha negado tener responsabilidad, y acusa de guerrilleros a los grupos de derechos humanos locales que entregaron información a los investigadores. Una vez emitida la orden de arresto, el ejército presentó una colisión de competencia.(240)
Una vez emitida la orden de arresto, el ejército presentó una petición de colisión de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, debido al parecer en parte a la presión de los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, en agosto de 1996, el Consejo decidió que el caso debía procesarse en una corte civil; una iniciativa positiva.(241)
A pesar de las pruebas que implicaban directamente al ejército en repetidos ataques y asesinatos en Segovia, en mayo, el Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, declaró "zonas especiales de orden público" a los municipios colindantes de Segovia y Remedios, cediendo el control de la zona a la Décimocuarta Brigada y al Batallón Bomboná, hasta finales de octubre.(242) Se impuso el toque de queda, que sólo permitía desplazarse durante la noche a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en la noche del 15 de julio, los residentes se despertaron con pintadas en los muros de las calles principales con consignas firmadas por Muerte a Comunistas y Guerrilleros (MACOGUE).(243)
La Honduras/La Negra: En la medianoche del 4 de marzo de 1988, un grupo de unos quince hombres armados entraron en la finca La Honduras en la región del Urabá, departamento de Antioquia, buscaron a diecisiete trabajadores, y los asesinaron. Posteriormente, asesinaron a tres trabajadores más en la finca vecina La Negra. Todos ellos eran miembros del sindicato local de los trabajadores del banano, SINTRAGO, al que el ejército y los terratenientes locales acusaron de estar aliado con el EPL.(244)
Una investigación de tres meses dirigida por un juez de orden público reveló que la masacre se había llevado a cabo de manera altamente coordinada y con la connivencia de los ganaderos del Magdalena Medio, miembros de la ACDEGAM; la Décima Brigada del Ejército, incluida su unidad de inteligencia al mando del Mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez; las Brigadas del Ejército Quinta, Decimoprimera, y Decimocuarta; y el Teniente Pedro Vicente Bermúdez Lozano, del Batallón Voltígeros. El Mayor Becerra había llegado a pagar con su tarjeta de crédito Diner's Club la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los asesinos, que fueron trasladados desde Puerto Boyacá. Un testigo presencial identificó al Capitán de la Décima Brigada, Gustavo Parada Parra, como uno de los que participaron en la masacre, y como el primer oficial que llegó a La Honduras después de que se informó sobre la masacre.
En septiembre de 1988, la jueza de orden público Martha Lucia González ordenó los arrestos del Mayor Becerra, el Teniente Bermúdez, el líder paramilitar Fidel Castaño, y de otros. Sus solicitudes de tomar declaración a personal militar clave fueron frustadas reiteradamente, y sólo pudo acceder a oficiales de rango menor. Una semana después de emitir la orden de arresto, la Jueza González recibió amenazas de muerte y escapó del país. En mayo de 1989, su padre fue asesinado en Bogotá, al parecer en venganza por su investigación. Dos meses después, el sustituto de González fue asesinado junto a sus dos guardaespaldas.(245)
Nunca, ninguno de los acusados principales en el caso, incluido Becerra, fue castigado por su participación. En 1989, cuando un funcionario del gobierno intentó notificar a Becerra la decisión judicial, le dijeron que el oficial no estaba disponible, ya que estaba en Estados Unidos asistiendo a un curso necesario para su ascenso a teniente coronel.(246) Posteriormente, Becerra fue enviado a la Escuela Especial de Guerra en Bogotá, y fue nombrado secretario de prensa del ejército. Aunque había muchas pruebas que implicaban a Becerra, la Procuraduría cerró finalmente el caso contra él. Hasta el final de su carrera militar, Becerra pasó por los ascensos normales, a pesar de la orden de arresto pendiente contra él.(247) Por su parte, Bermúdez fue ascendido a capitán y más tarde recibió una medalla al "servicio distinguido" en 1991.(248)
En 1991, a los pocos meses de que la Procuraduría cerrara su investigación, Becerra participó en otra masacre llevada a cabo por un combinado militar-paramilitar (ver Riofrío). En un mes, el ejecutivo emitió el decreto que lo retiraba del servicio.(249)
Nunca, ninguno de los comandantes de división o brigada fue investigado por su complicidad con el planeamiento y dirección de las masacres; entre ellos el General Raúl Rojas Cubillos, que entonces era comandante de la Decimocuarta Brigada y que fue graduado por la Escuela de Mando y Oficiales de Fort Leavenworth (1980-1981). Actualmente, es el Inspector General del Ejército, responsable de investigar las denuncias de abusos.(250)
El 19 de junio de 1991, uno de los civiles implicados, Fidel Castaño, fue sentenciado in absentia a veinte años de cárcel.(251) Desde que ocurrió la masacre de La Honduras/La Negra, Castaño ha sido relacionado con al menos otras cuatro masacres: Mejor Esquina (veintiocho personas asesinadas el 4 de marzo de 1988), Puerto Bello (cuarenta y dos personas asesinadas en 1988), El Tomate (quince personas asesinadas el 30 de agosto de 1988), y Puerto Bello (cuarenta y tres personas asesinadas el 13 de enero de 1990). En 1990, una incursión de tropas mixtas ejército y policía en dos ranchos de Castaño resultó en la exhumación de al menos veinticuatro cadáveres, algunos de los cuales correspondían a campesinos que habían sido secuestrados unas semanas antes en Pueblo Bello.(252) Castaño, que al aparecer había sido avisado de la redada, escapó a la captura.(253)
En 1994, la Corte Suprema ratificó la sentencia a Castaño por su participación en el planeamiento de las masacres de La Honduras/La Negra y Puerto Coquitos. Al año siguiente, el Fiscal de la Nación emitió una orden de arresto contra él por el secuestro y asesinato del líder conservador Alfonso Ospina Ospina, en 1988.(254) El propio Castaño admitió haber participado en el planeamiento del asesinato del candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, en 1990. Al parecer, planeó el asesinato junto a su compañero del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha ("El Mexicano"), y sus aliados en MAS.(255)
Sin embargo, sigue en libertad. En lugar de arrestarle, el gobierno contó con su ayuda para negociar una amnistía con el EPL, en 1990. La Familia Castaño entregó tierras a los guerrilleros desmovilizados del EPL, y como directores de su propia fundación, donaron fondos a ex guerrilleros para que iniciaran negocios.(256) En 1994, Castaño ofreció, en una carta al Ministro del Interior Serpa, negociar su rendición a cambio de recibir el estatuto político, con lo que intentaba que no se le tratara como a un criminal sino igual que a un miembro de un grupo guerrillero que actua por razones políticas. Castaño, que calificó a sus hombres de "autodefensas", se refirió al papel que el ejército había tenido para que fueran "reclutados y capacitados" y afirmó que "nunca utilizaremos métodos para presionar al estado legítimo porque estamos con él."(257)
Mientras tanto, su grupo --que, al mando de su hermano Carlos, tiene una presencia pública cada vez mayor como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urubá (ACCU) -- sigue llevando a cabo masacres, asesinatos, y amenazas de muerte en el norte de Colombia.(258)
Trujillo: Los asesinatos de 107 personas en el interior y las cercanías de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, en diferentes ataques por parte de escuadrones de la muerte combinados por militares y paramilitares, entre 1989 y 1991, se han convertido en uno de los casos más conocidos en Colombia.(259) Testigos presenciales relacionaron los asesinatos con un escuadrón de la muerte paramilitar coordinado con el Batallón de Artillería No. 3 Palacé del ejército, al mando del Mayor Alirio Antonio Urueña Jaramillo. Entre los hombres que participaron en los asesinatos estaba Henry Loaiza, conocido como El Alacrán, un miembro del cartel de la droga de Cali. Durante las largas investigaciones y procedimientos judiciales, un testigo presencial clave fue desparecido a la fuerza y otros fueron amenazados hasta que se retiraron del caso. En 1994, cuando se entregó el caso a una comisión mixta ONG-gobierno convocada bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un juez de orden público había absuelto a cinco de los acusados de los crímenes (dos paramilitares, dos terratenientes locales y el Mayor Urueña), una decisión que fue confirmada en la apelación. El ejército, que llevó a cabo su propia investigación de Urueña, también lo absolvió.(260) La comisión mixta fue convocada para intentar negociar un acuerdo satisfactorio entre las familias de las víctimas y el gobierno antes de que el caso llegara a la Corte Interamericana.
La comisión, que se concentró en el periodo entre el 29 de marzo y el 23 de abril de 1990, concluyó que al menos sesenta y tres personas habían sido asesinadas por la acción conjunta de los paramilitares y el ejército, y que tanto los procedimientos en las cortes civiles como en los tribunales militares tenían errores significativos. En su informe al Presidente Samper, la comisión concluyó que el gobierno, a través de las actos del Mayor Urueña y sus hombres, había participado en los asesinatos.(261)
El Presidente Samper aceptó las conclusiones de la comisión, prometió una actuación inmediata, y ordenó la suspensión de Urueña, que había sido ascendido a coronel; una decisión que provocó un desacuerdo público entre el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.(262) Sin embargo, hasta donde sabemos, Urueña no ha recibido ningún castigo por sus actos, más allá de la suspensión.
En 1995, la Fiscalía arrestó a dieciocho hombres acusados de pertenecer a un grupo paramilitar, que todavía está activo en el área de Trujillo.(263) En 1996, en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Padre Javier Giraldo, que ha representado a las víctimas de Trujillo en las negociaciones con el gobierno, informó que ningún funcionario del estado, incluidos los oficiales policiales y militares, ha sido sentenciado todavía por su participación. También se han cerrado las investigaciones de los funcionarios judiciales que no habían procesado judicialmente a los acusados de participar en la masacre. Otras instituciones, como la Procuraduría, no han investigado con decisión el caso hasta el momento, lo que pone en entredicho la promesa del Presidente Samper de "tomar todas las acciones necesarias para que se honren las recomendaciones contenidas en el informe Trujillo." Por el contrario, como señala el Padre Giraldo, "la impunidad parece consolidarse más y más con el paso de los meses."
El caso se devolvió a la Comisión en octubre de 1996, después de que fracasara el intento de negociar un acuerdo.(264) Una investigación en proceso de Justicia y Paz sugiere que, entre 1986 y 1993, más de doscientas personas han podido ser asesinadas en el interior y cercanías de Trujillo, como resultado de la asociación militar-paramilitares.(265)
Riofrío: En diciembre de 1993, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos acusó al General de Brigada Rafael Hernández López de ayudar a encubrir los actos de los oficiales que habían asesinado a trece personas, el 5 de octubre de 1993, en Riofrío, departamento del Valle. Como comandante de la Tercera Brigada, Hernández no sólo tuvo bajo su mando al Batallón Palacé sino que fue originalmente el juez instructor del caso y, según los investigadores gubernamentales, intentó impedir cualquier investigación.(266)
Entre los oficiales implicados estaba el Coronel Luis Becerra Bohórquez, comandante del Batallón Palacé. Un mes después de la masacre, Becerra fue retirado del servicio por decreto ejecutivo, como se señaló anteriormente. En 1994, un tribunal militar emitió una orden de arresto contra él; sin embargo, no tenemos conocimiento de que se produjera ningún arresto.(267) En 1994, la Fiscalía emitió cuatro órdenes de arresto contra otros cuatro soldados implicados en la masacre, entre ellos el Mayor Eduardo Carrillo Delgado y el Teniente Alfonso Vega Garzón.(268)
Hernández es actualmente el comandante de la Segunda División.
Meta: Desde 1992, cuando realizamos la primera de nuestras múltiples visitas al área, Human Rights Watch ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en el departamento de Meta.(269) La presencia militar le ha venido como anillo al dedo a la creciente actividad paramilitar, especialmente en el área a pie de monte entre la capital, Villavicencio, y la Cordillera de la Macarena. Las autoridades gubernamentales, los líderes municipales y los grupos de derechos humanos identifican a Victor Carranza como un cacique paramilitar, con inmensas fincas en el área, así como con una reputación de dominar los mercados de esmeraldas y de la droga. Sin embargo, se ha informado que Carranza y su ejército privado, apodado "Los Carranceros," operan en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad y, prácticamente, disfrutan de impunidad por sus actos.
Aunque el gobierno creó una "Comisión Diagnóstico" en 1995 para evaluar los progresos en más de un centenar de casos de asesinato, desaparición forzada, y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad que actúan en colaboración con los paramilitares en Meta, han habido muy pocos progresos. Tampoco tenemos conocimiento de que se hayan producido arrestos con relación al asesinato de la ex alcaldesa de El Castillo, María Mercedes Méndez, y otras tres personas, a manos de supuestos paramilitares a las órdenes del actual alcalde, William Ocampo.(270) Sin embargo, la misma funcionaria local, que había colaborado en la investigación del caso y había sustituido a un funcionario asesinado por supuestos paramilitares, fue asesinada el 6 de noviembre de 1995.(271)
Para muchos, dar información sobre la identidad de los asesinos conlleva un alto riesgo. Una de las mujeres con las que habló Human Rights Watch tuvo que salir de su ciudad en Meta y convertirse en refugiada interna, después de denunciar ante las autoridades que un paramilitar contratado por el ejército había asesinado a tiros a su esposo, un miembro de la UP. Según ella, desde que se trasladó a la capital, la han seguido hombres no identificados que cree que trabajan para las fuerzas de seguridad. "Es peor denunciar que quedarse callado. Eso es lo que te fastidia al final," nos dijo.(272)
La asociación militar-paramilitares ha tenido un impacto especialmente duro en los observadores de derechos humanos. Evaristo Amaya Morales, el trabajador municipal de Uribe que ya estaba recibiendo amenazas cuando habló con Human Rights Watch para el informe de 1993 sobre las Brigadas Móviles del Ejército, "Estado de guerra," fue asesinado el 24 de febrero de 1994, presuntamente por "Los Carranceros." Amaya, un miembro de la UP, estaba entre los que, según se supo, tenían sus nombres en una lista negra que circulaba por el área.(273) Desde que se fundó en 1989, cinco miembros del Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta, en el que están representados treinta y dos grupos locales cívicos, religiosos, y sindicales, han sido asesinados y tres han sido desaparecidos. Veinticinco miembros tuvieron que huir de la zona por motivos de seguridad.(274)
Entre los desparecidos estaba Delio Vargas, un empleado del gobierno y miembro fundador del Comité Cívico. El 19 de abril, Vargas fue atrapado en las calle por hombres fuertemente armados.(275) La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, que se encarga de los casos especialmente delicados, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los investigadores que dependen de la Fiscalía, determinaron, en una investigación inusualmente rápida y decidida, que el sargento retirado del ejército y agente de inteligencia Hernando Moreno había conducido a los secuestradores en un vehículo. Desde 1987, Moreno tenía la reputación de ser un elemento fundamental del grupo paramilitar de Carranza. Sin embargo, Moreno fue la única persona condenada por su participación en la desaparición de Vargas.(276) En 1995, el Comité Cívico cerró su oficina de Villavicencio después de que el resto de sus miembros recibieran amenazas de muerte por teléfono y por escrito.(277)
Cuando Human Rights Watch le preguntó al Mayor General Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Cuarta División, sobre Carranza y sus paramilitares, contestó, "Dicen que es el cabecilla de los paramilitares, pero no hay una orden de arresto contra él. Así que si le veo, no puedo tocarle."(278)
En 1995, las autoridades capturaron a Arnulfo Castillo Agudelo, conocido como "Rasguño" y presunto líder de los paramilitares de Carranza y de un grupo que se denomina a sí mismo Serpiente Negra. Según un documento de las autoridades colombianas, Rasguño y otros nueve paramilitares recibían órdenes de Carranza y actuaban en Villavicencio, Puerto López, Granada, San Martín, y Puerto Llera, así como en el vecino departamento de Guaviare. Basándose en el testimonio de uno de los paramilitares, los agentes exhumaron cinco cadáveres en el Rancho La Sesenta de Carranza y los identificaron como las personas que habían desaparecido en 1988. El informante también enumeró ante las autoridades seis propiedades en las que presuntamente Carranza almacenaba armas y municiones.(279) Las numerosas entrevistas de Human Rights Watch en Meta sirvieron para confirmar la opinión de que los paramilitares patrullan abiertamente en esa zona, portando armas restringidas para el uso militar.(280)
Sin embargo, actualmente no hay ninguna orden de arresto pendiente contra Carranza. Como señalamos en la sección "Desmentidos poco convincentes," una investigación de la policía de 1994 concluyó que Carranza controla a un grupo de justicia privada que porta armas autorizadas por el Ministerio de Defensa, por ser necesarias para su protección personal y la de su propiedad.(281) Sin embargo, en mayo de 1996, Carranza apareció en un acto público en Bogotá junto a miembros del gabinete del Presidente Samper.(282)
El Carmen y San Vicente de Chucurí: En noviembre de 1992, el Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas presentó cargos formales contra el General Carlos Gil Colorado, el Capitán Gilberto Ibarra Mendoza, el Capitán Germán Pataquiva, el Capitán Orlando Pulido, el Teniente Francisco Javier Corrales, el Teniente Alberto Luis Mancilla, y el Teniente Evert Aranda Contreras por su participación en la organización de paramilitares en la región del Chucurí, en el departamento de Santander.(283) Desde 1989, siendo comandante de las Brigadas Décimocuarta y Quinta, Gil fue implicado reiteradamente en actividades paramilitares. Cuando se anunciaron los cargos contra él, Gil dirigía la inteligencia del ejército.(284) A pesar de las acusaciones, Gil fue ascendido normalmente y alcanzó el rango de Mayor General y el puesto de comandante de la Cuarta División, que tiene su sede en Villavicencio y es un centro de operaciones paramilitares. El 19 de julio de 1994, las FARC asesinaron a Gil en una emboscada.(285)
El 29 de marzo de 1992, un equipo de fiscales y jueces, junto a agentes de la policía y el DAS, viajó a El Carmen de Chucurí para arrestar a veintinueve civiles acusados de organizar grupos paramilitares. Sin embargo, cuando el comandante militar local se dio cuenta de la intención del equipo, ordenó a sus hombres que impidieran el arresto de los residentes locales.(286) Posteriormente, los fiscales volvieron, y arrestaron a cuatro personas.(287) Sin embargo, los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía no han podido ejecutar las órdenes de arresto restantes, ya que el ejército no les garantiza su seguridad.(288)
El Capitán Ibarra ha sido ascendido a mayor y ahora está al mando de la base en Yarima, cerca de San Vicente de Chucurí, donde sigue relacionado con la actividad paramilitar.(289) El capitán Pataquiva, ahora mayor, trabaja en la oficina central de derechos humanos del ejército.(290)
201. Posteriormente, Vásquez fue retirado del puesto y arrestado acusado de haber recibido dinero de narcotraficantes para una campaña al Congreso. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 11 de julio de 1996.
202. Aunque la policía también ha estado implicada en violaciones de los derechos humanos, han habido más predisposición a investigar y suspender a los oficiales que cometen abusos. Entrevista de Human Rights Watch con la Procuraduría, Santafé de Bogotá, 11 de julio de 1996.
203. Entrevistas de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 10 de julio de 1996.
204. Los tres asesinados fueron Ernesto Fernández Fester, un miembro del sindicato departamental de profesores, asesinado por dos sicarios no identificados en Pailitas, departamento del Cesar; Oscar García Solis, un miembro de la UP asesinado por un sicario en Envigado, departamento de Antioquia; y Javier Alberto Barriga Vergel, un abogado de derechos humanos asesinado por dos sicarios en Cúcuta, departamento del Norte de Santander. CCJ, Colombia: derechos humanos y derecho humanitario: 1995, pág. 11.
205. En 1995, fue también asesinado el activista de derechos humanos Sylvio Salazar. El 11 de enero, Salazar, que trabajaba para frenar la violencia entre bandas, policía, y las milicias apoyadas por la guerrilla en la ciudad de Medellín, fue asesinado por sicarios cuando salía de su oficina. Acción Urgente de Amnistía Internacional 295/94, Información adicional, 28 de junio de 1996; y Justicia y Paz, Boletín, enero-marzo de 1996, pág. 9.
206. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 13 de octubre de 1996.
207. En 1987, dentro de un intento de fortalecer la jurisdicción civil con respecto a la militar, el Presidente Braco nombró a un civil Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas, la primera vez que el puesto no había sido asignado a un oficial militar en activo. Desde entonces, tan sólo civiles han ocupado este puesto. Leal Buitrago, El oficio de la guerra , pág. 120.
208. Human Rights Watch/Americas, Estado de Guerra: Violencia política y contrainsurgencia en Colombia (New York: Human Rights Watch, 1993), págs. 109-112.
209. Carta de Ignacio Perdomo Gómez, Justicia y Paz, al Ministro del Interior Horacio Serpa y otros, 13 de marzo de 1996.
210. CCJ, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995, págs. 87-89.
212. Para más información sobre nuestras preocupaciones con relación a las cortes de orden público ver, Human Rights Watch/Americas, Estado de guerra, págs. 35-39.
213. CCJ, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995, pág. 37.
214. Antes de la reforma constitucional de 1991, las disputas jurisdiccionales se decidían en la Corte Suprema y en el Tribunal Disciplinario. Este último casi siempre decidía a favor de los militares. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el caso de La Honduras/La Negra. El Consejo Superior de la Judicatura esta dividido en dos secciones: la administrativa y la disciplinaria. La sección disciplinaria, que decide en las disputas jurisdiccionales, está compuesta por siete miembros que actualmente han sido elegidos por el Presidente Cesar Gaviria y que ejercen durante un periodo de ocho años. Cuando finalice este periodo, serán reemplazados por una terna de candidatos elegida por el ejecutivo y presentada ante el Congreso para el voto definitivo. El Consejo está compuesto por representantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
215. El Artículo 221 declara que los "delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares." Entrevistas de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 7 a 15 de noviembre de 1995.
216. "Armas sin uso privativo," El Espectador, 8 de octubre de 1996.
217. Declaración de Hernando Valencia Villa, Procurador Delegado para los Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana, San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 1994.
218. "Colombia: Defense Minister Says Mistakes by Military Found", FBIS, El Tiempo, 10 de junio de 1996.
219. Entrevista de Human Rights Watch con el General Ramón Niebles Uscátegui, Santafé de Bogotá, 7 de noviembre de 1995.
220. "Cargos a general (r) Arévalo Pinilla," El Tiempo, 2 de junio de 1994.
221. Después de protestas internacionales, el Tribunal Superior Militar revocó la decisión y reabrió el caso, que al parecer todavía está en proceso. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre derechos humanos en Colombia (Washington, D.C.: Organización de Estados Americanos, 1994), págs. 81-93.
222. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs. 38-39, 110-112.
223. Amnistía Internacional, Colombia: Political Violence, Myth, and Reality (London: Amnistía Internacional, 1994), pág. 95.
224. República de Colombia, Comisión para el análisis y asesoramiento en la aplicación de las recomendaciones formuladas por los órganos internacionales de derechos humanos, Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los relatores temáticos y grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, 22 de febrero de 1996, pág. 19.
225. Los grupos o individuos del ámbito de Naciones Unidas que han visitado Colombia y hecho recomendaciones son: el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (1988), el Relator Temático sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias (1989, 1994), el Representante para el Desplazamiento Forzado del Secretario General (1994), y el Relator Temático sobre Tortura (1994). Comisión para el análisis, Informe, págs. 1-2.
226. Entrevista de Human Rights Watch con el General Ramón Niebles Uscátegui, Santafé de Bogotá, 7 de noviembre de 1995.
227. Decisión de la Corte Constitucional C-141/95.
228. CCJ, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1995, pág. 102.
229. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 9 de julio de 1996.
230. El proyecto proponía la reforma del Artículo 220 de la Constitución de Colombia. Televisión Cadena 1, 17 de mayo de 1996.
231. "Proposal Seeks Revision of Article, Security". FBIS, Semana, 30 de abril de 1996.
232. Este es un resumen de la descripción del caso que aparece en, Americas Watch, The Killings in Colombia, págs. 61-62.
233. Carta del Dr. Jorge Iván Cuervo Restrepo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 23 de noviembre de 1995.
234. Se solicitó información adicional por carta el 7 de mayo y el 26 de julio, y en persona el 24 de junio de 1996.
235. "Relación del caso ocurrido en el municipio de Segovia, nordeste antioqueño, el 3 de marzo de 1995," una investigación del CINEP, 12 y 13 de marzo de 1995.
236. Carta del Dr. Jorge Iván Cuervo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 23 de noviembre de 1995.
237. El nombre Dignidad para Colombia apareció por primera vez en 1995, y fue utilizado para reivindicar el ataque al abogado del Presidente Samper y el asesinato en noviembre del líder conservador Álvaro Gómez. Tras el asesinato de Gómez, el Presidente Samper decretó el estado de conmoción interna.
238. Acción Urgente de Amnistía Internacional 241/95, 19 de octubre de 1995, puesta al día el 24 y 26 de abril, y el 20 de mayo de 1996.
239. Acción Urgente de Amnistía Internacional, Información adicional al 241/95, publicada el 17 de junio de 1996.
240. Entrevista de Human Rights Watch con el Capitán Rodrigo Cañas, Medellín, 5 de julio de 1996.
241. Entrevista de Human Rights Watch con Fernando Valencia, Corporación Jurídica Libertad, 30 de octubre de 1996.
242. "Colombia: Mining Region Declared Special Public Order Zone", FBIS, El Tiempo, 16 de mayo de 1996.
243. Acción Urgente de Amnistía Internacional 241/95, Información adicional, 19 de julio de 1996.
244. Para una descripción completa de este caso, basada casi en su totalidad en la investigación oficial, ver, El camino de la niebla, Vol. III, págs. 155-246.
245. CAJ-SC, Justice for Justice: Violence against judges and lawyers in Colombia, 1979-1991 (Santafé de Bogotá: Comisión Internacional de Juristas-CAJ-SC, julio de 1992), págs. 25 y 31.
246. "Lost Illusions? Human Rights and Humanitarian Law in Colombia in 1992", CAJ-SC, Santafé de Bogotá, enero de 1993.
247. Carta de Padre Javier Giraldo a Human Rights Watch, 14 de mayo de 1996.
248. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs. 56-57, 64-65.
249. Decreto No. 2353, 10 de noviembre de 1993. Carta de Jorge Iván Cuervo Restrepo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 23 de noviembre de 1995.
250. El Espectador, 11 de julio de 1995.
251. Carta de Jorge Iván Cuervo Restrepo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 23 de noviembre de 1995.
252. "Identificados sólo siete cadáveres en Córdoba," La Prensa, 19 de abril de 1990.
253. Mauricio Romero, "Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba, 1953-1991," Controversias, No. 167, octubre-noviembre de 1995, págs. 94-121.
254. "Medidas de aseguramiento contra Fidel Castaño Gil," El Tiempo, 28 de julio de 1995.
255. "Yo fui creador de los Pepes," Semana, 31 de mayo de 1994, págs. 38-46.
256. La Familia Castaño creó la Fundación por la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR). Entrevista de Human Rights Watch con Rafael Kergelen, ex comandante del EPL, Montería, Córdoba, 17 de octubre de 1992.
257. "Revelan carta de 'Rambo' a Serpa," El Tiempo, 20 de septiembre de 1994.
258. Según Carlos Castaño, Fidel despareció en un viaje por tierra a Panamá a mediados de 1994. Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Castaño, 9 de julio de 1996.
259. Para un resumen más completo de este caso ver, Americas Watch, Political Murder and Reform in Colombia, págs. 34-35.
260. Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, Informe Final, Santafé de Bogotá, enero de 1995.
262. "Botero's meeting with Officers called 'Tense'", FBIS, El Tiempo, 15 de febrero de 1995.
263. Comisión para el análisis y asesoramiento, Informe sobre el cumplimiento, pág. 40.
264. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Padre Giraldo, Justicia y Paz, 9 de octubre de 1996.
265. Carta del Padre Javier Giraldo, Justicia y Paz, a Jorge Taiana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4 de julio de 1996.
266. "Ejército retiró a juez del proceso por masacre de Riofrío," Nuevo Siglo, 15 de febrero de 1994.
267. "Detención contra oficial del Ejército por masacre en el Valle," El Espectador, 1 de septiembre de 1994.
268. "Juicio por masacre de Riofrío," El Espectador, 6 de diciembre de 1994.
269. Para una descripción más amplia ver, Human Rights Watch, Estado de guerra, págs. 84-106.
270. En 1995, el caso fue asignado a la recién creada Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Para más información sobre este caso ver, Human Rights Watch/Americas, Estado de guerra, pág. 103. Entrevista de Human Rights Watch con el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo," Santafé de Bogotá, 1 de marzo de 1993; y carta de Hernando Valencia Villa, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 11 de noviembre de 1993.
271. Justicia y Paz, Boletín, octubre-diciembre 1995, pág. 55.
272. Entrevista de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá, 12 de octubre de 1992.
273. Justicia y Paz, Boletín, enero-marzo de 1994, pág. 57.
274. Diego Pérez, "Evaluación de los derechos humanos en el primer año de Samper," CINEP, 31 de octubre de 1995.
275. Denuncia No. 12 del Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta, 20 de abril de 1993.
276. Carta de Mariana Escobar, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, 2 de junio de 1993.
277. Diego Pérez, "Evaluación de los derechos humanos en el primer año de Samper," CINEP, 31 de octubre de 1995.
278. Entrevista de Human Rights Watch en Villavicencio, 10 de octubre de 1995.
279. Investigación de las autoridades colombianas, 5 de mayo de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente nos impide dar más datos.
280. Entrevistas de Human Rights Watch en Santafé de Bogotá y Villavicencio, 12 de octubre de 1992.
281. Respuesta oficial No. 2970, reservada, 24 de noviembre de 1994, Sección de Inteligencia de la DIJIN, Villavicencio, Meta.
282. Entrevista de Human Rights Watch con el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo," Santafé de Bogotá, 10 de julio de 1996.
283. "Pliego de cargos a siete militares," El Tiempo, 18 de noviembre de 1992.
284. "Acusan a siete militares de promover a paramilitares," Reuters, 18 de noviembre de 1992.
285. Justicia y Paz, Boletín, julio-septiembre de 1994, pág. 48.
286. Entrevista de Human Rights Watch con "Enrique", un miembro del equipo, Santafé de Bogotá, 13 de junio de 1992.
287. Comisión para el análisis y el asesoramiento, Informe sobre el cumplimiento, pág. 40.
288. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 11 de julio de 1996.
289. Carta del Padre Javier Giraldo, Justicia y Paz, a Human Rights Watch, 14 de mayo de 1996.
290. Entrevista de Human Rights Watch con el Ministerio de Defensa, Santafé de Bogotá, 24 de junio de 1996.
EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS
Con el objetivo declarado de luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos ha armado, entrenado, y asesorado a las fuerzas armadas colombianas, a pesar de su desastroso historial en materia de derechos humanos. Fortalecidos por los años de apoyo estadounidense, las fuerzas armadas colombianas y sus socios paramilitares han librado, en cambio, una guerra contra la guerrilla y los sospechosos de apoyarla dentro de la sociedad civil; como miembros de partidos políticos legales, sindicalistas, activistas comunitarios, y observadores de derechos humanos. En lugar de dedicarse a enfrentar el creciente costo humano de esta guerra, Estados Unidos aparentemente ha hecho oídos sordos ante los abusos y se está dedicando a aumentar las entregas de ayuda militar, como armamento, a Colombia.
Cuando el apoyo militar estadounidense a El Salvador decayó a finales de los ochenta y principios de los noventa, Colombia se convirtió en el primer receptor del hemisferio de ayuda militar estadounidense. Desde 1989, Estados Unidos ha entregado a Colombia 322 millones de dólares en ayuda militar, casi toda a fondo perdido.(291)
Estados Unidos no sólo tuvo un papel inquietante al apoyar la reorganización de la inteligencia militar, que desembocó en graves violaciones de los derechos humanos; sino que la ayuda, armas, equipo, y formación de Estados Unidos, concebidas para la lucha antidroga, han sido destinados en cambio a unidades implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, un hecho que Estados Unidos conoce pero que no ha denunciado. Además, oficiales colombianos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos han recibido formación de EE.UU., como entrenamiento patrocinado por la CIA en Panamá y en la Escuela de la Américas, y han sido instructores en la Escuela de las Américas y en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C.
Las ventas de armas de Estados Unidos a Colombia no solamente continúan sin cortapisas, sino van a alcanzar un récord histórico. La ayuda militar estadounidense a Colombia ha sido utilizada para compras de armas a los Estados Unidos, que totalizaron 73 millones de dólares en el año fiscal 1992, 45 millones en el año fiscal 1993, 88 millones en el año fiscal 1994, y 31 millones en el año fiscal 1995. El Pentágono estima que en el año fiscal 1996 habrá ventas por valor de 84 millones de dólares, y en el año fiscal 1997 de 123 millones -- la cifra más alta hasta ahora.(292)
Mientras que la retórica de la campaña presidencial estadounidense se enfocaba en las drogas, la Administración Clinton informó al Congreso de su intención de vender doce helicópteros Black Hawk, veinticuatro ametralladoras M-60, 920.000 balas de 7,62 mm. (M80), y otros materiales al Ejército de Colombia, por un valor total de 169 millones de dólares.(293) En la sesión sobre la propuesta de venta, funcionarios de la administración admitieron que el ejército colombiano no tenía ninguna obligación de utilizar la ayuda exclusivamente para fines antidroga. Cuando el Congresista Lee Hamilton (demócrata por Indiana) preguntó si los helicópteros podrían ser utilizados "100 por cien para contra insurgencia" si así lo decidía el ejército colombiano, el Asistente del Secretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, Robert Gelbard, le respondió: "En teoría, podrían."(294) Aunque algunos congresistas expresaron sus reservas, el Congreso no bloqueó la venta.
Posteriormente, la Administración Clinton anunció que enviaría al ejército Colombiano gratuitamente, sirviéndose del poder especial presidencial para decretar entregas de excedentes, nueve lanchas de patrullaje fluvial, materiales de comunicación, equipo de campo, y vehículos para entrenamiento y servicio, por un valor de 40 millones de dólares, y ostensiblemente para operaciones antidroga.(295)
Es más, se prevé que a estas entregas a fondo perdido y ventas de armas de gobierno a gobierno se sumen suministros significativos procedentes de los canales privados comerciales de armamento (directamente de las compañías privadas estadounidenses a Colombia). Habitualmente, durante la década pasada, los suministros comerciales de armas a Colombia sólo han llegado a uno o dos millones de dólares por año, sin embargo se han estimado oficialmente para el año fiscal 1996 en 35 millones, y en 21 millones para el año fiscal 1997.(296)
De hecho, funcionarios de la administración alegan ahora que la lucha antidroga y la contra insurgencia forman parte de la misma estrategia. En una entrevista con Human Rights Watch en 1995, el General Barry McCaffrey, entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos, sugirió que ya que tanto el ELN como las FARC participan en el tráfico de drogas, las operaciones de contrainsurgencia y antidroga son "dos caras de la misma moneda" y ambas merecen el apoyo de Estados Unidos.(297)
Una carta del Departamento de Defensa de EE.UU. al Senador Sam Nunn (demócrata por Georgia) explica:
En ciertas regiones de Colombia, guerrilleros y narcotraficantes suelen estar localizados en la misma área y tienen una relación cada vez más simbiótica. Los traficantes utilizan a la guerrilla para protección, y a cambio, los guerrilleros reciben financiación de los traficantes. En algunas áreas, la guerrilla también está realmente involucrada en los cultivos ilícitos (tanto de amapola de opio como de coca), en el procesamiento de la droga, y en el transporte tanto de drogas como de precursores y esenciales químicos. Tanto las unidades policiales como las militares que participan en misiones antidroga se han encontrado con la guerrilla cuando estaban cumpliendo con su deber.(298)
Human Rights Watch no discute que algunos guerrilleros puedan estar participando en el tráfico de drogas. Sin embargo, no se puede utilizar esta actividad para ignorar -- o apoyar encubiertamente -- la campaña de las fuerzas armadas colombianas contra la disidencia política.
De hecho, los funcionarios estadounidenses saben perfectamente que existen abusos a los derechos humanos en Colombia y el riesgo que supone enviar armamento a las fuerzas armadas colombianas. En 1994, Amnistía Internacional publicó un informe en el que solicitaba a Estados Unidos que suspendiera la ayuda militar a Colombia hasta que pudiera garantizar al Congreso de EE.UU. que no estaba llegando ninguna ayuda a las unidades implicadas en abusos a los derechos humanos. Aunque el Gobierno de Estados Unidos desmintió que la ayuda llegara a dichas unidades, se inició una investigación partiendo de una lista de unidades suministrada por Amnistía.(299)
Tres semanas después de que Amnistía solicitara la suspensión de la ayuda, el Juez Militar de Instrucción, Coronel Warren D. Hall III, envió un memorándum a sus superiores en el que evaluaba esta información. El memorándum es importante porque demuestra que los funcionarios estadounidenses no sólo son sensibles al peligro que supone armar y entrenar a unidades militares que violan los derechos humanos, sino que también son conscientes de las relaciones militar-paramilitares. El memorándum alerta de que la ayuda y capacitación estadounidenses pueden ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos, con posibles consecuencias "legales y políticas:
a. Las tácticas de infantería ligera que enseñan las tropas especiales de EE.UU. durante las misiones de entrenamiento antidroga pueden también ser utilizadas por las Fuerzas Armadas de Colombia dentro de sus esfuerzos contrainsurgentes. Si se despliega a las fuerzas del país anfitrión, entrenadas por USSOUTHCOM para conducir misiones antidroga, en misiones contrainsurgentes durante las cuales se cometan violaciones de los derechos humanos, existe la posibilidad de que Estados Unidos sea objeto de criticas.
b. Se produce un problema similar con relación al equipo suministrado para mejorar las capacidades antidroga del país anfitrión. Puede ser utilizado en operaciones contrainsurgentes durante las que pueden producirse violaciones de los derechos humanos. Existen varias limitaciones con relación al destino final de los equipos que se suministran a los países anfitriones. Sin embargo, el conflicto en Colombia involucra a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Colombia en el combate contra guerrilleros y narcotraficantes, con la participación de grupos paramilitares que apoyan a las diferentes partes en conflicto.(300)
Hall señala que bajo estas circunstancias no es "realista esperar que el ejército se limite a utilizar el equipo para operaciones contra narcotraficantes."(301)
De hecho, según nuestra información, ninguna unidad de las fuerzas armadas colombianas se dedica exclusivamente a combatir narcotráfico. Hasta ahora, unidades que participan casi exclusivamente en operaciones contra insurgentes han recibido ayuda militar de EE.UU. concebida para la lucha antidroga. Según una investigación complementaria, iniciada al parecer por el Embajador Myles Frechette, la Misión Militar de Estados Unidos informó de que la Primera, Tercera, Quinta, Decimotercera, y Decimocuarta Brigadas; las Brigadas Móviles No. 1 y 2; y los Batallones Tarqui, José Hilario López, Numancia, Luciano D'Elhuyar, Ricuarte, Palacé, y La Popa -- todos ellos implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones asociadas con paramilitares, algunas de ellas descritas en este informe -- han recibido ayuda militar; incluidos vehículos militares, ametralladoras M-60 y M-60E3, pistolas, lanzagranadas, munición del calibre 7,62 mm. y 9 mm., y minas Claymore.(302)
Por poner un ejemplo, tan sólo el Batallón Palacé llevó a cabo las masacres de Trujillo y Riofrío, descritas en la sección sobre la impunidad. Las dos masacres, en las que fueron asesinadas al menos 120 personas, siguen claramente sin castigo.
Desde 1990, el año en que la comisión de asesores estadounidenses presentó recomendaciones para la reorganización de la inteligencia militar colombiana, el armamento estadounidense que llegó a manos del Ejército y Armada de Colombia incluyó: 2.020 pistolas M-9, 426 rifles M-16A2, 945 ametralladoras M-60E3, y 255 escopetas, así como varios vehículos militares y equipo de comunicaciones.(303)Entre 1990 y 1994, la Embajada de Estados Unidos informó de que el programa de asistencia de seguridad para el ejército colombiano había tenido un valor total aproximado de 66 millones de dólares.(304)
El año 1991, cuando se puso en vigor el plan de reorganización de la inteligencia militar colombiana, fue excepcional para las entregas de armas estadounidenses a la Armada e Infantería de Colombia: 10.000 rifles M-14, 700 rifles M-16, 623 lanzagranadas M-79, 325 ametralladoras M-60, 26.000 granadas de 60 mm., 20.000 granadas de 40 mm., 37.000 granadas de mano, 3.000 minas Claymore, y unas quince millones de balas para rifle.(305)
Según la Misión Militar de Estados Unidos, las unidades móviles reciben aún más entrenamiento y equipo de EE.UU., como la Brigada Móvil No. 1 y la Cuarta División de Meta; la Tercera Brigada de Cali; la Cuarta Brigada de Medellín; la Sexta Brigada de Ibague; la Octava Brigada de Armenia, Valle; la Novena Brigada de Neiva; la Décimo Primera de Antioquia; la Décimo Sexta Brigada de Yopal, Arauca; y las tres unidades de las Fuerzas Especiales.(306) Todas estas unidades se dedican principalmente a labores de contrainsurgencia, y no a la lucha antidroga, y la mayoría han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos.
En total, por lo menos veinticuatro unidades del Ejército de Colombia, con un número significativo de tropas y dedicadas principalmente a las labores de contra insurgencia, recibieron armamento de Estados Unidos.
El abuso potencial por parte de las unidades de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos de la ayuda militar y el armamento estadounidenses ha sido una antigua preocupación de Human Rights Watch y de otros grupos nacionales e internacionales. En 1990, escribimos: "El comportamiento [de las fuerzas de seguridad colombianas] en las operaciones de contra insurgencia y seguridad interna hace que no sean merecedoras de ayuda, sea cual sea su comportamiento en operaciones antidroga."(307)
En respuesta a dicha crítica, el Congreso de EE.UU. intentó limitar la ayuda militar a las unidades que participan "principalmente" en operaciones antidroga, y no contra insurgentes, partiendo de la creencia de que las unidades anti narcóticos no hacen abusos a los derechos humanos. Con esta disposición, los legisladores esperaban poder poner una barrera entre las unidades antidroga y las unidades contra insurgentes. En 1994 y cada año desde entonces, el Congreso de EE.UU. ha exigido por ley, que para que Colombia reciba ayuda militar el Secretario de Estado debe certificar que los fondos se utilizaran "principalmente en actividades antidroga."(308)
Sin embargo, el Informe de 1994 del Ejército de Estados Unidos de Control del Uso Final (U.S. Military End-Use Monitoring Report) -- publicados después de las investigaciones que reconocían que unidades implicadas en violaciones de los derechos humanos habían recibido ayuda de Estados Unidos -- certificó que Colombia estaba cumpliendo con las leyes estadounidenses que limitan las ventas de armas y que "la asistencia de Estados Unidos se está utilizando efectivamente en actividades antidroga."(309)
Queda claro que dichas inspecciones no garantizan que la ayuda no está siendo utilizada para cometer violaciones de los derechos humanos o por las unidades que las cometen. Tampoco demuestran claramente que el ejército colombiano no transfiere armamento proveniente de Estados Unidos a fuerzas paramilitares.(310)
Los equipos estadounidenses que conducen dichas inspecciones tampoco han hecho ningún esfuerzo concreto por investigar (o comentar en sus informes) casos en curso de derechos humanos cuando visitaron las bases sospechosas de albergar actividad paramilitar.(311)
En septiembre de 1996, con la intención de reforzar la protección a los derechos humanos, el Senador Leahy añadió texto adicional a las leyes que rigen la asignación del Departamento de Estado de los programas de control internacional de narcóticos. La llamada "Ley Leahy," puesta en vigor el 30 de septiembre de 1996, estipula que la financiación de unidades concretas antidroga "debe ser suspendida si el Secretario de Estado tienen pruebas creíbles que demuestran que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, a no ser que el Secretario determine e informe al Comité de Asignaciones (Appropiations Committee) que el gobierno de dicho país está emprendiendo iniciativas para llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones."(312)
Aunque recibimos con agrado la iniciativa del Senador Leahy, creemos que las leyes actuales estadounidenses sobre la asistencia militar, incluida la asistencia antidroga, siguen sin cumplir con los estándares mínimos necesarios para la protección de los derechos humanos. Los legisladores estadounidenses ya no pueden alegar que limitar la ayuda y el entrenamiento militar a las unidades de las fuerzas de seguridad que participan "principalmente" en actividades antidroga ayuda a la disminución del apoyo a las fuerzas abusivas; tampoco pueden argumentar que la simple "toma de iniciativas" para lleva a los oficiales denunciados ante la justicia supone una detención eficaz de los abusos. Aunque está claro que dichas iniciativas son necesarias, consideramos que Estados Unidos debe poner el listón más alto. Lo primero y más importante es que Estados Unidos reclame un cese de los abusos a los derechos humanos por parte de las fuezas armadas colombianas y sus socios paramilitares, antes de reiniciar la ayuda. Si la Administración Clinton se toma en serio la defensa y promoción de los derechos humanos, debe emprender inmediatamente iniciativas para garantizar que no se destina ninguna ayuda adicional a las fuerzas involucradas en una práctica sistemática de abusos.
Algunas unidades militares colombianas portan otras armas estadounidenses, como los rifles semiautomáticos AR-15. El Gobierno de Colombia los compra directamente a firmas de EE.UU., que tienen licencia del Departamento de Estado para vender armas. Por ejemplo, de 1989 a 1993, el Departamento de Estado emitió treinta y nueve licencias de exportación de armas ligeras a Colombia a firmas estadounidenses, por un valor total de 643.785 dólares.(313) El Departamento de Estado, basándose en la propiedad de la información, ha clasificado los detalles sobre estas ventas, a pesar de la preocupación porque estas armas lleguen a manos de grupos conocidos por sus abusos a los derechos humanos. No obstante, se sabe que las cifras anteriores incluyen la venta de rifles AR-15 producidos por Colt Manufacturing Company en West Hartford, Connecticut, que tiene permanentemente en Colombia a un representante de ventas.(314) Las fuerzas paramilitares colombianas utilizan habitualmente los rifles AR-15, a pesar de que están prohibidos para el uso civil.(315)
Human Rights Watch también ha obtenido el calendario de delegaciones de la Misión Militar de EE.UU. para el año fiscal 1996, incluido en el Apéndice 3. Éste demuestra que el personal militar estadounidense sigue asesorando y capacitando a las fuerzas armadas colombianas, incluida la Armada, y que trabaja en áreas donde los militares se asocian con paramilitares. Estados Unidos desplazó a Colombia a dos equipos compuestos por cincuenta y dos miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. para trabajar en dos misiones que empezaban a partir de enero y abril. La misión consistía en capacitar a los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia en capacidades de "mando subalterno" en combate. De las cuarenta misiones programadas para 1996, en las que participan 231 asesores militares y de inteligencia del Ejército de EE.UU., cuarenta y dos de ellas, en las que participan noventa y siete asesores, son de apoyo a la Armada. Estas misiones incluyen el destacamento de una oficina de la Inteligencia de la Armada de EE.UU. dentro de la Armada de Colombia, con sede en Santafé de Bogotá.(316)
La Dirección de Operaciones de la CIA (CIA Directorate of Operations) también ha patrocinado entrenamiento, en Panamá, por parte de los Boinas Verdes de EE.UU. a unidades de las Fuerzas Especiales del ejército colombiano, ostensiblemente para la lucha antidroga.(317)
En Colombia, los asesores militares estadounidenses también han impartido clases en la base del Ejército Colombiana en Cimitarra, Santander, a pesar de que los documentos de las autoridades de la ley colombianas citados en este informe han identificado claramente esta ciudad como centro de concentración de la asociación militar-paramilitares, con centros de entrenamiento cerca de bases militares. En 1995, funcionarios estadounidenses, entre ellos el Embajador Myles Frechette y el oficial de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos, volaron a Cimitarra para observar los entrenamientos.(318)
Aunque en los últimos años, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha instruido a su propio personal para que informen de cualquier posible abuso a los derechos humanos que puedan observar, hasta la fecha, esta política ha tenido aparentemente muy pocos resultados. El año pasado, el Comando Sur de Estados Unidos, al mando del General McCaffrey, publicó nuevas directivas para el escenario de operaciones. Uno de los objetivos es:
garantizar que todo el personal militar estadounidense asignado a USSOUTHCOM o desplegado en el área de responsabilidad entiende su responsabilidad de objetar a cualquier posible abuso a los derechos humanos e informar de éste, sin importar la identidad de la víctima o el perpetrador.(319)
El General McCaffrey también entregó a cada oficial y soldado bajo sus órdenes una tarjeta de tamaño carné titulada "Southcom Reporting Procedures: The Five Rs of Human Rights" (Procedimientos para los informes de Southcom: Las cinco erres de derechos humanos). Estas son: Recognize, Refrain, React, Record y Report (reconocer, abstenerse, reaccionar, registrar e informar). De manera similar, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, encabezada por el Embajador Myles Frechette, ha establecido un comité de coordinación en materia de derechos humanos que se reúne todas las semanas para discutir temas relacionados con los derechos humanos.(320)
Además, Human Rights Watch tiene informaciones fidedignas que demuestran que los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptan y graban regularmente las conversaciones por radio y teléfono celular de conocidos paramilitares, que también son narcotraficantes; en las que puede que hablen sobre asesinatos en el pasado, coordinaciones con los militares, y planes futuros. Aunque en el pasado, Estados Unidos compartió información con la Fiscalía de Colombia para procesar judicialmente a narcotraficantes; hasta donde sabemos, la información similar sobre paramilitares y sus capos militares nunca se ha entregado a las autoridades colombianas.(321)
En una entrevista con Human Rights Watch, el Coronel Thomas R. Carstens, Comandante de la Misión Asesora Militar de Estados Unidos, comentó: "Nunca he hablado de paramilitares con [los colombianos]."(322)
Aunque, durante esta investigación, algunos funcionarios estadounidenses hablaron con Human Rights Watch sobre posibles abusos, nos dijeron que sus carreras podrían resentirse si informaban de ellos a sus superiores, como les habían instruido. "Dicen que están preocupados por los derechos humanos, pero no es cierto," dijo uno de ellos. "Te dicen que informes [sobre los abusos], pero realmente no quieren saber nada sobre eso," dijo otro.(323)
Dentro de este modelo de comentarios, el Embajador de Estados Unidos Frechette afirmó a Human Rights Watch: "Ocasionalmente, comandantes locales u oficiales deciden colaborar con grupos paramilitares. [Pero] no tengo ninguna información de que sea algo institucional."(324)
La Escuela de las Américas
Muchos de los mismos oficiales colombianos sospechosos de haber organizado y trabajado con los paramilitares, cuyos nombres se mencionan en este informe, estudiaron en la Escuela de las Américas, que operó en Panamá hasta que en 1984 se trasladó a Fort Benning, Georgia. Según documentos que recientemente han sido publicados por el Pentágono, en aquel tiempo, varios de ellos siguieron un plan de estudios que incluía manuales de entrenamiento que recomendaban a los soldados utilizar el soborno, y la tortura con los insurgentes. Aunque el Pentágono alega que ha destruido todos los materiales que contienen dichas recomendaciones, no está claro cuántos de ellos están todavía en manos del ejército colombiano.(325)
Entre los graduados de la Escuela de las Américas están:
- el General Harold Bedoya Pizarro, Comandante de las Fuerzas Armadas, estudió inteligencia militar en 1965 y fue profesor invitado en 1979.(326) Bedoya también recibió capacitación en inteligencia militar en Fort Chaffee, Arizona.(327) Bedoya sigue defendiendo públicamente a los paramilitares de la región del Chucurí;
- el General Manuel José Bonett Locarno, Comandante del Ejército, asistió a las clases en 1981.(328) Reiteradamente, Bonett no ha investigado las denuncias de la relación de sus tropas con los paramilitares o permitido a los investigadores civiles que lo hagan, ni siquiera entre 1989 y 1990 cuando era el comandante de la Tercera Brigada, responsable del área de Trujillo, departamento del Valle, cuando estaban teniendo lugar los asesinatos de Trujillo;(329)
- el General Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Cuarta División en 1995, recibió un curso de inteligencia militar en 1973 y fue profesor invitado en 1985. El puesto de Gutiérrez al mando de la Cuarta División coincidió con la aparición de 'Serpiente Negra," un grupo paramilitar que, según se ha informado, dirige Victor Carranza;
- el General (ret.) Luis Eduardo Roca Maichel asistió a las clases en 1987. Cuando era Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Roca firmó la Orden 200-05/91;
- el General (ret.) Álvaro Hernán Velandia Hurtado asistió a las clases en 1980. En 1995, Velandia fue suspendido por la desaparición, en 1987, de Nydia Erika Bautista y ha sido relacionado con la actividad paramilitar en el Magdalena Medio;
- el General (ret.) Farouk Yanine Díaz asistió a las clases en 1969. En 1984, cuando era comandante de la Decimocuarta Brigada, Yanine fue relacionado con MAS, pero nunca fue investigado oficialmente. Se hicieron acusaciones similares contra él en 1988, cuando estaba al mando de la Segunda División. Sin embargo, Yanine nunca fue investigado oficialmente.(330) En 1996, Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "Vladimiro," un líder paramilitar sentenciado a treinta años de cárcel por su participación en el asesinato de doce funcionarios judiciales en las cercanías de La Rochela, departamento de Santander, ofreció a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía suficiente información como para emitir una orden de arresto contra el General Yanine por su participación en los asesinatos por parte de paramilitares de diecinueve agentes de ventas en el Magdalena Medio, en 1987.(331) Después de su retiro, el General Yanine dio clases en el Colegio Interamericano de Defensa hasta que regresó a Colombia en octubre de 1996, donde se entregó a las autoridades civiles para que lo interrogaran.
- el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez recibió cursos de inteligencia militar en 1968. Posteriormente participó en las masacres de La Honduras/La Negra y Riofrío.
El Mayor Martel del Ejército de Estados Unidos, uno de los voceros de la Escuela de las Américas, dijo a Human Rights Watch que "ya no se ofrecen cursos de contrainsurgencia." Sin embargo, la mayoría de los graduados colombianos asistieron a otros cursos, como inteligencia militar. Martel dijo que, actualmente "hay sobre todo colombianos asistiendo a los cursos antidroga."(332) Todos los oficiales nombrados anteriormente, a excepción de Becerra, también fueron agregados militares de la Embajada de Colombia en Washington, D.C..(333)
Human Rights Watch no está sugiriendo que toda la asistencia de Estados Unidos a Colombia ha contribuido a las violaciones de los derechos humanos. Una de sus influencias positivas ha sido el veto por parte de un equipo de la Embajada de Estados Unidos a oficiales colombianos que quieren asistir a cursos de capacitación en EE.UU.. En coordinación con el Ministerio de Defensa de Colombia, el equipo elimina de la lista de candidatos a los oficiales militares que han sido acusados por los investigadores del Gobierno de Colombia de cometer algún crimen. Ya que la capacitación en Estados Unidos se valora altamente y es esencial para ascender en la carrera militar, los oficiales del ejército colombiano se toman en serio dicho veto.(334) El proceso de veto puede ayudar también a entender porqué algunos oficiales militares están escribiendo cartas defendiendo sus acciones, cuando aparecen pruebas que sugieren que unidades bajo su mando podrían haber cometido abusos.(335)
Sin embargo, también consideramos que Estados Unidos debe aumentar la presión sobre las fuerzas armadas colombianas, suspendiendo también los visados a oficiales con antecedentes de abusos a los derechos humanos. Incluso ahora, los oficiales implicados en crímenes graves viajan libremente a Estados Unidos. Además, Estados Unidos debe seleccionar no sólo a los individuos, sino también a las unidades involucradas en una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos, como el Batallón Luciano D'Elhuyar.(336) Dichas unidades no deben recibir capacitación ni equipos hasta que el Gobierno de Colombia pueda aportar pruebas convincentes de que no sólo se han investigado completamente sus abusos en el pasado y se ha castigado a los responsables, sino también de que hay una supervisión eficaz para evitar que cometan abusos similares.
291. Se incluye la ayuda del año fiscal 1989 al año fiscal 1995. La ayuda ha sido entregada a fondo perdido, a excepción de un préstamo de 20 millones en el año fiscal 1991. La ayuda se entrega a través de la Financiación a Ejércitos Extranjeros (Foreign Military Financing), la fusión MAP, y los programas IMET, así como a través de la autoridad presidencial para hacer entregas de emergencia contemplada en la Sección 506 del Decreto de Asistencia al Extranjero (Foreign Assistance Act) de 1961. Agencia de Asistencia a la Seguridad (Security Assistance Agency) del Departamento de Defensa de EE.UU., Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance Facts, As of September 30, 1995 (Ventas a ejércitos extranjeros, ventas para la construcción de ejército extranjeros y datos sobre la asistencia militar, a 30 de septiembre de 1995) (1996).
292. Debido sobre todo a la preocupación del Congreso por el historial en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia, la ayuda militar disminuyó en los últimos años, de 56 millones en el año fiscal 1992, a 30 millones en el año fiscal 1993, a 8 millones en el año fiscal 1994, y a 10 millones en el año fiscal 1995. La falta percibida de cooperación a las iniciativas antinarcóticos condujo a la limitación de la ayuda militar para los años fiscales 1996 y 1997 a 900.000 dólares entregados a través del Programa Internacional de Educación y Capacitación Militar (International Military Education and Training Program). Ver presupuesto de la Administración de Defensa para Asistencia a la Seguridad (Defense Security Assistance Administration, DSAA) para los años fiscales 92-95. Las estimaciones para los años fiscales 96 y 97 son del Departamento de Estado de EE.UU., Congressional Presentation for Foreign Operations, Fiscal Year 1997 (Presentación ante el Congreso sobre las operaciones internacionales, año fiscal 1997), pág. 455.
293. Transmisión No. 96-71, "Notice of Proposed Issuance of Letter of Offer Pursuant to Section 36 (b) (1) of the Arms Export Control Act" (Comunicado sobre la propuesta de emitir una carta de oferta de acuerdo a la Sección 36 (b) (1) del Decreto sobre Control de la Exportación de Armas), entregada al Congreso de Estados Unidos el 12 de septiembre de 1996.
294. Transcripción de la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso (House International Relations Committee), Federal News Service, 11 de septiembre de 1996. (Traducción de HRW).
295. La Sección 506 (a) del Decreto de Ayuda al Extranjero (Foreign Assistance Act) otorga al Presidente la autoridad de dedicar hasta 75 millones de dólares por año fiscal en artículos, servicios, y capacitación para asistencia al control internacional de narcóticos. La Casa Blanca, "Fact Sheet: Defense Drawdowns to Aid Foreign Anti-Drug Programs" (Datos sobre las entregas en materia de defensa para ayudar a los programas extranjeros antidroga), 24 de septiembre de 1996.
297. Entrevista de Human Rights Watch, Quarry Heights, Panamá, 30 de marzo de 1995. McCaffrey, conocido ahora como el zar de la droga (drug czar), se retiró posteriormente del ejército y dirige la consejería presidencial especial para antinarcóticos, un puesto que todavía ocupaba al cierre de este informe.
298. Carta del Departamento de Defensa de EE.UU. al Senador Nunn, 26 de agosto de 1994.
299. Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional EE.UU., 29 de octubre de 1996.
300. Departamento de Defensa, Comando Sur de Estados Unidos, Memorándum para el Comandante en Jefe, 8 de abril de 1994.
302. "Equipment acquired through U.S. grants" (Equipo adquirido con financiación estadounidense), informe de la Misión Militar de Estados Unidos, 1994.
303. 1994 EUM Phase II Report for Colombia (Fase II del Informe sobre el Uso Final para Colombia).
304. 1994 End-Use Report, 1995.
305. End Use Monitoring (EUM) Report on Weapons and Munitions [for 1991] (Informe del Uso Final de Armas y Municiones [para 1991]).
306. 1994 End-Use Report, 1995.
307. Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, págs. 129-136, 133.
308. Ley Pública 103-306, 23 de agosto de 1994, 108 STAT. 1621.
309. 1994 End-Use Repot, 1995.
310. Tanto el Departamento de Estado como él de Defensa, de manera a cumplir con la exigencia de la utilización sea principalmente para fines antidroga, conducen inspecciones periódicas y redactan informes anuales sobre la comprobación del destino final. La Misión Militar de Estados Unidos ha elaborado informes sobre el destino final (aunque todavía no nos lo ha entregado todos) cada año, desde 1990. Según los informes que Human Rights Watch pudo revisar, toda la asistencia del Departamento de Defensa se ha contabilizado sobre el papel. Estas evaluaciones se basan en "inspecciones bimensuales sobre el terreno de las instalaciones colombianas" por parte de los oficiales de la Misión Militar, acompañados "habitualmente," por "observadores de la sección política de la embajada." Su finalidad es identificar "la localización del equipo suministrado por EE.UU. y distribuido a los destacamentos, como mínimo a nivel de las brigadas." Carta al Senador Nunn, 26 de agosto de 1994. (Traducción de HRW).
311. 1994 End-Use Report, 1995.
312. Ley Leahy, puesta en vigor el 30 de septiembre de 1996.
313. Cifras de la Agencia para el Control de Armas y el Desarme (Arms Control and Disarmament Agency), como se informa en "A Review of Arms Export Licensing" (Una revisión de las licencias a la exportación de armas), Comité de Asuntos Gubernamentales (Committee on Governmental Affairs), Senado de Estados Unidos, 15 de junio de 1994, pág. 37.
314. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Servicio de Atención al Cliente de Colt Manufacturing Company, West Hartford, Connecticut, 25 de marzo de 1996.
315. Entrevistas de Human Rights Watch con agentes de la ley colombianos, septiembre de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente nos impide revelar más datos.
316. Lista de misiones de la Misión Militar de Estados Unidos en Colombia (USMILGP COLOMBIA).
317. Entrevistas de Human Rights Watch con tres oficiales de la ley colombianos, septiembre de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente no nos permite dar más datos.
318. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Susan Abeyta, Embajada de Estados Unidos, 28 de septiembre de 1995.
319. Política en materia de Derechos Humanos de USSOUTHCOM, Memorándum Político No. 1-95, 16 de junio de 1995, Comandante en Jefe, General McCaffrey.
320. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.
321. El acuerdo de compartir información en los casos de narcotráfico está suspendido y siendo revisado actualmente. "Colombia: Prosecutor General Meets Visiting U.S. Official", FBIS, El Tiempo, 5 de junio de 1996.
322. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 24 de agosto de 1995.
323. Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios estadounidenses, Santafé de Bogotá y Quarry Heights, Panamá, 1995.
324. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.
325. Steven Lee Myers, "Old U.S. Army Manuals for Latin Officers Urged Rights Abuses", New York Times, 22 de septiembre de 1996.
326. Ejército Nacional, Hoja de Vida, Harold Bedoya Pizarro.
327. Entrevista de Human Rights Watch con el General Bedoya, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.
328. En los expedientes de la Washington Office on Latin America hay una lista de los oficiales colombianos que se graduaron en la Escuela de las Américas.
329. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs 71-72.
331. "¡ Acusado!" Semana, 3 a 10 de septiembre de 1996, págs. 24-28.
332. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 20 de febrero de 1996.
333. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs. 59, 72, 166, 278, 373.
334. Entrevista de Human Rights Watch con el Capitán Rodrigo Cañas, Medellín, 5 de julio de 1996.
335. Una de esas cartas, que se cita en la sección de este informe sobre la Red de la Inteligencia de la Armada de Barrancabermeja, fue escrita por el General Marino Gutiérrez después de que una unidad bajo su mando fuera acusada de la desaparición de cuatro miembros de los escuadrones de la muerte de la Armada, que habían sido capturados en un control de carreteras del ejército.
336. Memorándum del Comando del Grupo Militar de EE.UU. (COMUSMILGP) a través del Subdirector de la Misión (Deputy Chief-of-Mission, DCM) al Embajador [Myles] Frechette; "Subject: U.S. ARMY Training and Equipping of COLAR [Colombian Army] Units accused of Human Rights violations" (Motivo: entrenamiento y entrega de equipo por parte del Ejército de Estados Unidos a las Unidades del Ejército de Colombia acusadas de violaciones de los derechos humanos); 11 de agosto de 1994.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los funcionarios del gobierno colombiano han denunciado con consistencia que los paramilitares actúan fuera de la ley. En octubre, el Presidente Samper rechazó una resolución del Parlamento Europeo reclamando a su gobierno que mejorara el deficiente historial en materia de derechos humanos del país. "No es cierto que las fuerzas de seguridad colombianas hayan desarrollado una estrategia de emergencia, caracterizada por la ayuda a grupos paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones," dijo.(337)
Algunos comandantes militares afirman que los paramilitares no existen, y que los informes que indican lo contrario son desinformaciones divulgadas por los grupos de derechos humanos que trabajan en representación de la guerrilla. Cuando reconocen estas denuncias totalmente, los oficiales militares alegan que los paramilitares no son más que personas ejerciendo su derecho constitucional a defenderse a sí mismos. Por su parte, el personal militar estadounidense y de la Embajada en Colombia alega que existe muy poca información sobre los paramilitares y que no tienen conocimiento de dónde, cómo, cuándo, o con quién operan.
Como se demuestra en este informe, estos argumentos son falsos. Es hora de apartar la cortina de humo de desmentidos oficiales y de identificar esta asociación siniestra como lo que es: un mecanismo sofisticado sustentado en parte por los años de asesoramiento, entrenamiento, armamento, y silencio oficial de Estados Unidos que permite a las Fuerzas Armadas de Colombia combatir una guerra sucia y a la burocracia colombiana desmentirla. El precio: miles de colombianos muertos, desaparecidos, lisiados, y aterrorizados.
Hemos dividido nuestras recomendaciones en tres secciones; dirigidas al Gobierno de Colombia, y su ejército; a Estados Unidos, y su Congreso; y a la Unión Europea.
Al Gobierno de Colombia:
- Deben tomarse medidas inmediatas que demuestren la voluntad del gobierno colombiano de acabar con la asociación militar-paramilitares. Para empezar, el Presidente Samper debe ejercer su poder para suspender inmediatamente a los comandantes militares con un largo historial de apoyo y colaboración directa con los paramilitares; a la espera de una investigación completa, imparcial y pública por parte de un equipo especial dirigido por el Fiscal de la Nación. El Ministerio de Defensa debe cooperar totalmente con esta investigación facilitando el interrogatorio de estos oficiales. Si se demuestra que las acusaciones contra ellos son fundadas, estos oficiales deben ser enviados ante las cortes civiles para su procesamiento judicial.
- Se deben adoptar inmediatamente medidas para acabar con la asociación militar-paramilitares. Estas deben incluir: un recuento exhaustivo del armamento, equipo (como radios), y materiales de manera a certificar que no están siendo desviados a los paramilitares; directivas claras y públicas que prohíban el reclutamiento, apoyo, o colaboración con paramilitares; una prohibición de utilizar a paramilitares o a individuos con antecedentes de actividad paramilitar como agentes de inteligencia o informantes; y un castigo rápido, eficaz y público, cuando el personal militar viole estas normas.
- Instamos al presidente a que invite al Fiscal de la Nación a presidir una comisión mixta gubernamental-no gubernamental que investigue a unidades del ejército concretas implicadas en una práctica sistemática de asesinatos políticos, en asociación con paramilitares; como la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná, Bárbula, Rafael Reyes, Nariño, Voltígeros, Palacé, José Hilario López, Ricuarte, y Luciano D'Elhuyar, la Quinta, Séptima, Novena, Décima, Décimo primera, y Decimocuarta Brigadas, las Brigadas Móviles No. 1 y 2, y la Cuarta División. Un elemento fundamental de esta investigación debe ser indagar el recurso a tácticas fuera de la legalidad, y determinar si se siguen utilizando o no.
- Instamos al Presidente Samper a que presente ante el Congreso un proyecto de reforma del código penal militar que sirva para acabar con la práctica de considerar todos los actos criminales por parte de soldados "actos de servicio." También instamos al Presidente Samper a que redacte el proyecto con un lenguaje que acabe con la defensa de la "obediencia debida," que permite que los subordinados se defiendan alegando que estaban siguiendo órdenes. Consideramos ampliamente probado que el ejército es incapaz de corregirse a sí mismo y que los casos de derechos humanos con militares implicados deben ser procesados en las cortes civiles.
- Instamos al Presidente Samper a que presente ante el Congreso y apoye totalmente proyectos de ley que conviertan el acto de desaparición forzada, definido como un arresto por parte de las fuerzas de seguridad desconocido, en un crimen castigable por la ley.
- El ejecutivo debe resistirse clara y contundentemente a los intentos apoyados por las fuerzas armadas de reformar la Constitución en el Congreso de Colombia, de manera a acabar con la supervisión civil de las fuerzas armadas; en particular, al proyecto de ley que podría acabar con la labor de los Procuradores Delegados para las Fuerzas Armadas y para los Derechos Humanos, y bloquear las investigaciones dirigidas por el Fiscal de la Nación. Aunque en este informe criticamos el trabajo de la Procuraduría, consideramos que al menos ofrece una posibilidad para las investigaciones civiles de denuncias de violaciones de los derechos humanos, que debe ser defendida y fortalecida.
- Instamos al Presidente Samper a que convoque una comisión mixta gobierno-ONG que investigue a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas, que tiene un pésimo historial en la investigación de abusos a los derechos humanos por parte del ejército. Se debe nombrar a un profesional de independencia probada a la dirección de una procuraduría delegada reorganizada, totalmente independiente y con un apoyo decidido y público del ejecutivo.
- Consideramos que el gobierno puede proteger a los jueces y fortalecer las cortes sin tener que recurrir a las restricciones al proceso debido que forman parte del sistema de orden público. Se debe reformar el sistema de orden público para reforzar el poder de los jueces de perseguir con decisión a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, y oficiales militares que cometen crímenes en materia de derechos humanos, salvaguardando, al mismo tiempo, su derecho individual a un juicio justo.
- El gobierno debe aumentar el presupuesto del programa de protección de testigos de la Fiscalía, para permitir a los fiscales que protejan no sólo a los que declaran contra supuestos narcotraficantes y guerrilleros, sino también a los que declaran contra miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares acusados de violaciones de los derechos humanos.
- Apelamos al ejército y concretamente al General Bedoya para que deje de presentar demandas por calumnias contra los grupos de derechos humanos que publican información que relaciona a las fuerzas de seguridad con abusos a los derechos humanos y con una asociación con paramilitares. Las organizaciones de derechos humanos tienen la responsabilidad de informar sobre presuntas violaciones y de exigir investigaciones gubernamentales; pero no pueden suplantar a los fiscales del gobierno, cuya tarea es presentar pruebas suficientes para que haya una condena. Dentro del contexto colombiano, la estrategia de presentar demandas por calumnias parece diseñada para castigar a grupos por denunciar, y atemorizarlos con censurar o eliminar futuras publicaciones. Alimentando acusaciones infundadas contra observadores de derechos humanos, las fuerzas armadas sólo consiguen perder credibilidad.
- Instamos al Presidente Samper a que convoque una comisión especial dentro de su gabinete, que incluya al consejero presidencial para los derechos humanos y a un representante del Alto Comisionado para la Paz, que revise todos los manuales militares vigentes y que proponga cambios en la redacción que promuevan el respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil. También deben ser revisados estos manuales para garantizar que prohíben explícita y claramente las violaciones de los derechos humanos y la colaboración con paramilitares.
- Instamos al Presidente Samper a que financie y apoye totalmente la tarea de identificación y arresto de conocidos paramilitares para llevarlos ante la justicia, iniciada por el Ministerio de Interior. La captura de estos individuos debe considerarse fundamental para acabar con la violencia en Colombia.
Al Gobierno de Estados Unidos:
- Como lo hicimos en el pasado, instamos al Gobierno de Estados Unidos a que suspenda inmediatamente toda la ayuda militar, ventas de armas, entrenamiento, y entregas de armas a Colombia, porque esta asistencia se ha destinado a unidades implicadas en graves violaciones de los derechos humanos. Partiendo de las pruebas reunidas en este informe, así como en otros materiales en manos de las autoridades colombianas y estadounidenses, Estados Unidos tiene la obligación de suspender toda la financiación actual según las leyes de control de narcóticos que están en vigor hoy en día.
- En particular, Estados Unidos debe suspender la venta pendiente de hasta doce helicópteros BlackHawk y veintidós ametralladoras M-60, así como la entrega de armamento por valor de 40 millones de dólares al Ejército de Colombia, según la Sección 506 (a) del Decreto de Asistencia al Extranjero (Foreign Assistance Act).
- Instamos al Gobierno de Estados Unidos a que suspenda inmediatamente los visados de oficiales con un largo historial de asociación con paramilitares, a la espera de los resultados de una investigación imparcial y pública por parte de la Fiscalía.
- Estados Unidos debe emprender una investigación inmediata y exhaustiva sobre el destino final en Colombia de la ayuda militar estadounidense: a qué unidades se ha destinado, y con qué finalidad. La investigación debe ser independiente y los resultados deben hacerse públicos.
- No debe reiniciarse la ayuda hasta que las Fuerzas Armadas de Colombia y sus socios paramilitares no hayan cesado las prácticas constantes de graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos. Como mínimo, el reinicio de la ayuda debe condicionarse a los siguientes puntos:
a. El Gobierno de Colombia debe aplicar las medidas recomendadas anteriormente para eliminar y prevenir cualquier forma de apoyo, cooperación, o colaboración entre las fuerzas militares y paramilitares.
b. El Gobierno de Colombia debe demostrar la eficacia de sus mecanismos legales para investigar y disciplinar, también con sanciones penales, a los miembros de las fuerzas armadas responsables de abusos a los derechos humanos. Para lograrlo, el gobierno colombiano debe emprender investigaciones completas y públicas de casos clave, como la masacre de Trujillo, la red de inteligencia de la Armada en Barrancabermeja, las amenazas y los ataques a observadores de derechos humanos en Meta, las masacres de Puerto Patiño y Segovia, y la actividad militar- paramilitar en la región del Chucurí.
c. El Gobierno de Colombia también debe llevar a cabo una revisión pública del progreso de las fuerzas armadas en la detención de los abusos a los derechos humanos, y en especial en el castigo adecuado a los oficiales responsables de violaciones. Cualquier revisión debe concentrarse especialmente en las unidades mencionadas anteriormente en este informe, e implicadas en una grave práctica sistemática de abusos a los derechos humanos: la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná, Bárbula, Rafael Reyes, Nariño, Voltígeros, Palacé, José Hilario López, Ricuarte, y Luciano D'Elhuyar, la Quinta, Séptima, Novena, Décima, Decimoprimera, y Decimocuarta Brigadas, las Brigadas Móviles No. 1 y 2, y la Cuarta División.
d. El gobierno colombiano debe demostrar que 1) directivas reforzando la protección de los derechos humanos han sido distribuidas a las fuerzas armadas y son implementadas; 2) las hojas de vida de cada oficial muestran que han recibido entrenamiento en los derechos humanos y que observan las reglas de el derecho internacional humanitario; y 3) los mecanismos internos para investigar y disciplinar a los miembros de las fuerzas armadas y la policía responsables de abusos a los derechos humanos deben ser claras y transparentes para que su eficacia pueda ser materia de conocimiento público.
e. Estados Unidos debe adoptar salvaguardias que garanticen que cualquier ayuda en el futuro, para cualquier finalidad declarada, no se canaliza hacia fuerzas responsables de prácticas sistemáticas de graves abusos de los derechos humanos o, dicho de otro modo, no contribuye a la violación de los derechos humanos.
f. Dichas salvaguardias deben incluir procedimientos de control y observación eficaces para garantizar que la asistencia estadounidense, incluyendo entrenamiento y armas, sólo se destina a las fuerzas que tienen un historial limpio de violaciones de los derechos humanos y que pueden demostrar que observan las reglas que determinan que dichas violaciones son sujeto a investigación y sanción por la jurisdicción ordinaria. El control del uso final de los suministros debe incluir el seguimiento del historial en materia de derechos humanos de las unidades y personal de las fuerzas de seguridad que los reciben. Ayuda, armamento, y entrenamiento no deben destinarse a unidades u oficiales de las fuerzas de seguridad contra los que existen pruebas creíbles de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos; hasta que los presuntos abusos no se hayan investigado completamente y se haya castigado a los responsables.
g. Todo el personal estadounidense destacado en Colombia, incluido el personal del Ejército de Estados Unidos, de la DEA y de la CIA, debe recibir instrucciones para que informen a las autoridades colombianas o estadounidenses adecuadas de cualquier abuso a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, del cual tengan conocimiento, sin importar la identidad de la víctima o el perpetrador.
- Reconociendo que este informe plantea muchas interrogantes sobre el apoyo de la CIA y el Ejército de Estados Unidos a la reorganización de los servicios de inteligencia colombianos, y a la consiguiente asistencia a las fuerzas armadas colombianas, Human Rights Watch insta a Estados Unidos a que conduzca una investigación inmediata y exhaustiva de la asistencia en materia de seguridad a Colombia desde 1990. Esto incluiría una investigación de la asesoría del ejército estadounidense y la CIA a los servicios de inteligencia colombianos; de hasta dónde los oficiales de EE.UU. tenían conocimiento o no prosiguieron la información sobre posibles violaciones de los derechos humanos por parte del personal militar y de inteligencia colombiana y de sus socios paramilitares o fueron cómplices directos a acciones criminales cometidas durante el curso de sus misiones a Colombia; y de la posible complicidad de los oficiales estadounidenses en la obstrucción de la investigación pública de la asociación militar-paramilitares, reforzando así la impunidad que ha permitido que los abusos no hayan disminuido lo más mínimo. Esta investigación debe examinar el historial en materia de derechos humanos de las fuerzas uniformadas colombianas que han recibido asistencia de los EE.UU. y de las fuerzas paramilitares actuando bajo su autoridad o en asociación con las redes de inteligencia. Se debe hacer pública dicha investigación.
- Se debe entregar, a las autoridades públicas nacionales adecuadas, la información obtenida por Estados Unidos, durante la reunión de información de inteligencia antidroga u otras actividades, que indique la posibilidad de abusos a los derechos humanos. Instamos decididamente que, cuando los fiscales generales de Estados Unidos y Colombia vuelvan a negociar su acuerdo de compartir información sobre presuntos narcotraficantes, estas instituciones discutan también la posibilidad de compartir información reunida por Estados Unidos durante sus operaciones antidroga, aunque relacionada con violaciones de los derechos humanos y la asociación militar-paramilitares.
- La Administración Clinton debe redactar leyes que autoricen la incorporación a su informe anual ante el Congreso sobre la "certificación" de narcotráfico de una evaluación en materia de derechos humanos. Esta evaluación sería una revisión de las consecuencias en materia de derechos humanos de los programas y leyes antidroga de cada país.
- Human Rights Watch no se opone a una ayuda no militar a Colombia, e insta al Gobierno de Estados Unidos a que incluya en su programa de la Administración de Justicia fondos que permitan a la Fiscalía fortalecer su Unidad de Derechos Humanos y ampliar su programa de protección de testigos, para que incluya a testigos que declaren contra miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares acusados de violaciones de los derechos humanos.
A la Unión Europea:
- Finalmente, también instamos al estado miembro de la Unión Europea a que suspenda inmediatamente cualquier ayuda militar a Colombia, incluidos entrenamiento, servicios, y entregas de armas, a la espera de los resultados de las medidas e investigaciones que se detallan en nuestras recomendaciones al Gobierno de Colombia, como la suspensión de los oficiales militares implicados en delitos, la adopción de medidas para acabar con la asociación militar-paramilitares, y las investigaciones de unidades concretas implicadas en crímenes.
A la Organización de las Naciones Unidas:
Human Rights Watch apoya decididamente el plan de Naciones Unidas de instalar una oficina permanente en Colombia auspiciada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la O.N.U., e insta a esta oficina a que elabore informes completos y públicos sobre la situación en materia de derechos humanos en Colombia.
337. Karl Penhaul, "Colombia Stokes Oil Giant's Rights Abuse Dispute", Reuter, 31 de octubre de 1996.
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5 comentarios:
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